Empiezo este artículo sobre el anunciado indulto de los presos condenados por su intervención en la proclamación secesionista catalana de 2017, reconociendo que siempre pensé que este momento habría de llegar más pronto que tarde. Mientras otros se preocupaban por la gravedad de las penas a imponer, dando por descontado su íntegro cumplimiento, siempre “supe” que serían indultados. La razón es que lo sucedido en 2017 fue un alzamiento institucional -poco importa ahora si en rebelión o en sedición- llevado a cabo por el Gobierno y la mayoría del Parlamento de Cataluña tras un largo y público proceso (el “procés”) de preparación legislativa y de movilización social. Ese proceso no fue abortado de raíz debido a la cobardía de un Gobierno central del PP con mayoría absoluta en ambas Cámaras desde 2011 hasta finales de 2015.
La reacción estatal posterior mediante el recurso al mecanismo del famoso artículo 155 de la Constitución fue igualmente timorata, en lo cual también tuvo responsabilidad el PSOE, que impidió la vital toma de control de la radiotelevisión autonómica, instrumento propagandístico fundamental al servicio de los independentistas. Como consecuencia del apocamiento del Gobierno y del Senado, las elecciones catalanas del 21 de diciembre del propio 2017, celebradas bajo un sistema de asignación de escaños que privilegia a la Cataluña más esencialista, condujeron a la investidura del jabalí Quim Torra, marioneta del huido Puigdemont, como Presidente de la Generalidad. ¡Estupenda manera de concluir la acción del Estado para restablecer el orden constitucional!
Los acontecimientos subsiguientes de mayor relieve han sido éstos: la condena penal de los sediciosos detenidos, la moción de censura triunfante que aupó al Gobierno a Pedro Sánchez con el apoyo de los partidos separatistas y, en fin, su investidura de 2020 gracias a la decisiva abstención de ERC y EH Bildu, tras la promesa de Sánchez de crear una mesa de negociación bilateral con la Generalidad catalana.
Tal es el marco circunstancial en el que ha de analizarse la muy debatida cuestión del indulto, que estos días ocupa a todos los medios de comunicación. Huyamos, por de pronto, de cualquier posición talibanesca: las derechas (PP, Cs y Vox) están realizando una sobreactuación que, dirigida a desgastar al Gobierno, sólo puede favorecer las posiciones extremistas de uno y otro signo y convertir Cataluña en tierra quemada. Jugar al cortoplacismo en política no conduce a resolver las dificultades de la ciudadanía: en Cataluña hay un serio problema de convivencia que afecta transversalmente a toda la sociedad. El indulto puede coadyuvar a rebajar esa toxicidad social, y por tanto debe ser considerado positivamente. Atrincherarse en la madrileña plaza de Colón incapacita para gobernar España desde la moderación y el equilibrio.
Es muy cierto que al indulto se opone el informe de la Sala sentenciadora del Tribunal Supremo, fundamentalmente sustentado en la falta de arrepentimiento de los condenados. Bien, ése es el papel constitucional de los jueces y tribunales: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero el Gobierno tiene otro no menos importante, según la misma Constitución: el de dirigir la política interior y exterior y la defensa del Estado, en el que se incardina el otorgamiento de indultos como expresión de la política criminal. La venerable Ley del Indulto (de 1870) sólo permite conceder la gracia total “en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador”. En consecuencia, los presos del “procés” únicamente pueden recibir un indulto parcial por razones de utilidad pública. Ahora bien, ¿existen tales razones? Yo creo que sí y que el impulso gubernamental a convivir civilizadamente en el seno de una sociedad plural es una acción noble y necesaria. Se trata, en suma, de hacer política a través de un indulto prospectivo, que apueste por el futuro.
Los partidos de Fort Colón sostienen que, con el indulto, Pedro Sánchez únicamente pretende asegurar la supervivencia de su Gobierno mediante la continuidad del apoyo en las Cortes de separatistas y nacionalistas de diverso pelaje. Los más metafísicos de Colón Square hablan por ello de “traición a España”. Hombre, nadie en su sano juicio va a poner la mano en el fuego por la doncellez política de Sánchez (ni de ningún otro profesional del poder, por cierto), de manera que la motivación aludida tiene mucho peso en la decisión del Presidente. Pero no todo el peso. Además, Sánchez corre un riesgo al apostar por el indulto: la inutilidad del mismo para suavizar las tensiones en la fragmentada sociedad catalana. Hay, en efecto, a la vista tres posibles escenarios: 1) el fracaso rotundo de la proyectada negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalidad; 2) el desdén por el indulto de quienes, sin base constitucional, reclaman una amnistía para que vuelvan los “exiliados” (léase Puigdemont, sobre todo); y 3) la reactivación del “procés” al compás de la próxima movilización escocesa.
Pero gobernar también es arriesgarse. Y esta medida de apaciguamento resulta necesaria y vale la pena adoptarla.
