La vacuna contra el covid es como la piedra filosofal. Te abre nuevos mundos de seguridad y puertas al exterior en forma de vacaciones con las que llevas soñando desde hace meses. La tentación es grande y uno quiere estar vacunado cuanto antes. Por ello comprendo, que no acepto, la debilidad de quienes se vacunaron cuando no les correspondía, traicionando su compromiso de servicio público y valiéndose de su cargo para beneficiarse a sí mismos, que no a la comunidad. La Fiscalía considera que tres alcaldes deben explicar ante un juez lo que es injustificable: Bernabé Cano (La Nucía, PP), Carolina Vives (Els Poblets, PSOE) y Ximo Coll (El Verger, PSOE). En mi opinión, la Fiscalía se ha quedado corta. Hubo muchos más que se aprovecharon del momento y blindaron su salud mientras en los hospitales se abrían lucernarios y capillas para instalar camas y la provincia de Alicante era la que peor tercera ola de coronavirus soportaba en España, con el mayor número de muertos. ¿Prevaricaron? No dictaron una resolución injusta, pero se beneficiaron de forma injusta a conciencia y a sabiendas. ¿Cometieron cohecho? Aceptaron algo que no les correspondía, pero ¿la vacuna era un soborno?, ¿hubo un quid pro quo? Pusieron en peligro a quienes hurtaron las dosis, que en aquel momento eran mayores residentes en geriátricos y personas con más de 80 años fuera de residencias. Se burlaron de la sociedad como si fueran impunes al subir a sus redes la imagen con la prueba de su fechoría, vanagloriándose de estar a salvo. Ignoro si esto acabará judicialmente en algo, pero no albergo duda alguna de que los tres, entre otros muchos, como personas, se han retratado: son cargos públicos y antepusieron su propio beneficio al general. Con eso está todo dicho.
