Es positivo que los gobiernos central y catalán se ubiquen en eso que se ha venido en denominar “agenda para el reencuentro”, dentro de la mesa de negociación. El diálogo entre distintos es la esencia del sistema político -democrático, y seria deseable que, en las grandes cuestiones, las dos principales formaciones políticas – sobre las que se estructura el esqueleto partidario- se miraran a la cara. Digo bien, y que no vieran sólo “tendido electoral”, dándose la espalda. Pero está visto que es pedir demasiado, por mucho que insista la ciudadania. Luego no entenderán el desafecto y el desaliento reinante.
Desde un principio, el Presidente de Gobierno debe dejar claro que se hallan fuera de la agenda tanto la a) autodeterminación, como la b) amnistía (del griego amnesia: olvido). Ya no aparece como instrumento de extinción de la responsabilidad penal en el Código penal de 1995, cosa que si ocurría en el CP de 1973. Ese mensaje no se ha voceado con claridad. La reforma constitucional (art. 168 CE) es el único camino posible – dixit Constitución de 1978-, por tanto, el camino unilateral está cegado. ¿Para qué insistir engañando a la ciudadania - haciendo prédica frustrante - desde la óptica independentista?
La amnistía tampoco es posible. Los hechos delictivos han existido y no se pueden borrar o hacer desaparecer. Tan sólo recordar la Ley de Amnistia de octubre de 1977, que formaba parte de la “reforma política” llevada a efecto por Adolfo Suárez, con el objetivo de buscar la reconciliación de españoles para encauzar la transición al sistema democrático. Es evidente que tiene sentido cuando se produce un cambio de régimen. Dentro ya del régimen democrático ya no se contempla. Es, por tanto, el Estado de derecho, señores, que abrazamos la mayoría de españoles. Es la boca de la ley. Es la norma suprema la que debe resplandecer.
Es evidente que el instrumento de gracia que se pueda utilizar generará un gran barullo político y supondrá un gran coste político para los partidos en el Gobierno. Y seguro que en el trasfondo se halla la buena intención – nadie lo ha intentado hasta ahora-, pero también, no seamos ingenuos, la aritmética parlamentaria.
El partido conservador, tras su espectacular victoria en Madrid, está exultante y pretende alargar sus efluvios (plaza de Colón incluida, mociones municipales, iniciativas parlamentarias, ya le da igual que le vean cercanos a Vox, etcétera) hasta donde pueda, y máxime si se van cometiendo concatenados errores en materia sanitaria. El enredo está servido. La confrontación le da rédito. El Gobierno de España necesita un / una gran comunicador/a, porque sus mensajes se hallan difuminados, no se perciben nítidos y claros, entendibles. Debe haber un impulso nuevo, y con mejores protagonistas. ¿Dónde está el ministro de Universidades y mejor catedrático?, por ejemplo. No es el único, oiga.
¿Qué observo? Que algunas comunidades autónomas se le suben a la “chepa” de una forma inmisericorde. Un Gobierno debe hacerse respetar, que le tomen en serio. Esta situación es anormal. Las reglas deben ser cumplidas –aparte de ser claras- por los ciudadanos, pero también por los poderes públicos (art. 9.1 CE) Y lo que no podemos es judicializar permanentemente la vida política trasladando a los órganos jurisdiccionales la resolución de los temas que deben de permanecer en ese ámbito. Es necesario un cambio de rumbo urgente.
