Se conoce como test del pato a una suerte de razonamiento inductivo del que la expresión más popular dice que si se parece a un pato, nada como un pato y granza como un pato, entonces probablemente sea un pato. El test encuentra su sentido en la posibilidad de identificar algo o a alguien si se repara con atención en sus características. Y sirve para rebatir al mismo tiempo eso de que algo o alguien no es lo que parece.

Traslademos esta prueba al Palacio de Justicia de Orihuela donde ayer comparecía el alcalde de la ciudad, el popular Emilio Bascuñana, para declarar por un presunto delito de malversación. La Conselleria de Sanidad y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que cobró durante años un sueldo público sin que se haya podido probar que realmente trabajara. Él lo niega.

Pese a que el asunto nada tiene que ver con su actividad política, sino con los años previos a su llegada al Consistorio, el investigado (esa es la condición en que fue citado y la única que ayer tenía en ese momento y en ese lugar) apareció en los juzgados arropado por el portavoz del grupo municipal del PP y concejal de Hacienda en el Ayuntamiento oriolano, por la edil de Contratación y por un asesor de la Alcaldía.

Pero la cosa fue más allá al demostrar que no tiene problema alguno en utilizar medios públicos en su interés particular. Fue lo que hizo con la oficina municipal de Prensa, cuyas dos empleadas trabajaron ayer en exclusiva para organizar la comparecencia ante los medios tras su declaración judicial en vez de ocuparse de los temas del Ayuntamiento, que es por lo que cobran.

Pese a esta puesta en escena, el político del PP tuvo aún el descaro de reclamar a la Fiscalía que separara la investigación judicial de su función de alcalde (unión que el Ministerio Público no ha hecho) y hasta denunció intereses mezquinos en mezclarlo todo para causar daño al Ayuntamiento. No sé ustedes, pero yo no paro de escuchar graznidos.