La Comisión Europea ha considerado oportuno leerle la cartilla al país de su presidenta, Ursula von der Leyen, por el intento del Tribunal Constitucional de Karlsruhe de poner en tela de juicio la primacía del derecho comunitario sobre los de los Estados nacionales.
Bruselas inició un procedimiento de infracción por una sentencia que dictó el año pasado ese tribunal germano que cuestionaba la política de compra de deuda del Banco Central Europeo e iba en contra de otra anterior del Tribunal de Justicia de la UE, aprobatoria de esa práctica.
Bruselas considera que Alemania “violó los principios fundamentales del derecho de la UE, en concreto los principios de autonomía, primacía, eficacia y aplicación del Derecho de la Unión, así como el respeto de las competencias del Tribunal de Justicia”.
La Comisión, que ha dado un plazo de dos meses a Berlín para que responda, considera que la sentencia de Karlsruhe “es un precedente grave tanto para la práctica futura del propio tribunal como para los tribunales supremos y constitucionales de otros estados miembros”.
Con su reprimenda a Berlín, la Comisión Europea trata de enviar al mismo tiempo una señal a los países díscolos como Hungría o Polonia, cuyo gobierno controla el poder judicial, porque teme que la decisión de los jueces alemanes sienta un precedente y no puede aplicar distintas varas de medir por muy diferentes que sean esos otros casos.
Resulta muy significativo que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, expresase hace un año, en declaraciones al Frankfurter Allgemeine Zeitung, su satisfacción por el intento del Tribunal de Karlsruhe de recordarle al de Justicia de la UE que no debía extralimitarse en sus competencias.
Hace tres semanas, el mismo Morawiecki desestimó una sentencia del tribunal europeo que ordenaba a Polonia suspender la actividad en sus minas de carbón a cielo abierto en la zona fronteriza con Alemania y la República Checa por su impacto negativo en el medio ambiente.
El político polaco dijo que su Gobierno no obedecería esa sentencia porque, de hacerlo, pondría en peligro tanto la seguridad energética del país como numerosos puestos de trabajo en la industria.
La Comisión Europea trata por todos los medios de evitar una “Europa a la carta”, es decir en la que cada país miembro tome únicamente cuanto le conviene y rechace el resto.
Frente a esa visión está la de los ultranacionalistas que presentaron en su día la demanda ante el Tribunal Constitucional alemán contra el programa de compra de deuda del BCE, entre ellos el economista Bernd Lucke, uno de los fundadores de la xenófoba Alternativa para Alemania.
Según Lucke, con el procedimiento de infracción presentado contra Berlín, la Comisión Europea trata de imponer la primacía del derecho comunitario sobre el “núcleo identitario” que representa la Constitución de un país.
Otro de los demandantes ante el tribunal de Karlsruhe, el ex político cristianosocial bávaro Peter Gauweiler insiste en que Alemania debe defender su derecho de intervención para casos extremos en los que se considere que el Tribunal de Estrasburgo pudiera haberse extralimitado.
Según Gauweiler, a ninguno de los estados de la Unión se le escapa que Alemania jamás habría firmado el tratado de Lisboa de saber que no se respetaría un principio básico como es el de que cada uno de los órganos de la UE debe actuar sólo en el marco de sus competencias.
Para ese político conservador, la Comisión sólo se perjudica a sí misma y daña a la democracia al abrir ese procedimiento contra Alemania pues muestra “un absoluto desprecio al poder soberano de sus estados miembros”.
Para la Comisión Europea, por el contrario, el recurso por los jueces de Karlsruhe al principio jurídico conocido como “ultra vires”, que considera nulos los actos de las entidades públicas que rebasan las competencias que tienen encomendadas, supone ante todo una violación del derecho comunitario.
La cuestión que se planten algunos comentaristas en la prensa conservadora alemana es la de si la Comisión trata de sacarse de pronto la chistera un Estado federal europeo, posibilidad que los nacionalistas rechazan lógicamente de plano.
El tribunal de Karlsruhe ha calificado a la UE de “Staatenverbund”, es decir una asociación de Estados que colaboran estrechamente a distintos niveles aunque sin renunciar en ningún momento a su soberanía.
Y esto último es lo que lo que los ultranacionalistas consideran que está siendo atacado por la Comisión al sostener ésta la absoluta primacía del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y actuar contra Alemania por haber puesto en cuestión los jueces de Karlsruhe una sentencia de sus colegas europeos.
Como señala la especialista en derecho europeo Araceli Mangas, el Tribunal de Karlsruhe se extralimita al creerse con derecho a “dirimir si las instituciones de la UE hacen un buen ejercicio de las competencias de sus estados miembros”, todo ello con el pretexto de “amparar a los ciudadanos alemanes contra actuaciones supuestamente contrarias a los principios democráticos y las obligaciones de los poderes públicos” del país.
Al intentar erigirse en juez supremo de la integración de la Unión Europea, explica esa catedrática en un análisis publicado por el Real Instituto Elcano, el tribunal alemán “quiebra la primacía y unidad misma del orden jurídico común, la exigencia fundamental de la seguridad jurídica y el principio de igualdad de los Estados miembros”. Contra eso es contra lo que se dirige la medida que acaba de adoptar la Comisión contra Berlín.
