Andan estos días en el PP soliviantados contra el anuncio de indultos a los presos del “procés” avanzado por el Gobierno central, tratando de caldear el ambiente de la mano de todas las fuerzas ultramontanas, con manifestación en la plaza de Colón incluida, lugar que ha sustituido a la plaza de Oriente en las reivindicaciones más patrias. Nuevamente se han desempolvado los insultos gruesos contra el presidente, Pedro Sánchez, pronunciados al unísono por ese magma nacionalcatólico, con amenazas sobre las graves catástrofes que se precipitarán sobre todos nosotros de consumarse lo que para Vox, el PP y Cs es “una gigantesca traición a la patria cometida por el mayor felón que ha presidido un gobierno en España”. Y se quedan tan panchos.
Son tantas las ocasiones en las que esta derecha asilvestrada ha pronosticado gigantescas hecatombes si se adoptaban decisiones políticas que rechazaban de manera colérica, como cuando se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el divorcio, educación para la ciudadanía, el matrimonio homosexual y hasta la subida del salario mínimo, que ya solo nos produce hilaridad tanto catastrofismo, viendo después cómo muchos de ellos usan de manera compulsiva esos mismos derechos reconocidos por leyes a las que de manera tan furibunda se oponían.
Y en esta ocasión, como ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular, ha vuelto a plantear otra nueva y asombrosa recogida de firmas, lanzando a sus líderes provinciales y regionales a plantar mesas en calles y plazas para caldear así más el ambiente. Al igual que si se tratara de trofeos de caza, responsables y cargos públicos populares se fotografían ufanos ante las mesas de firma, como si con ello ya hubieran solucionado el desafío independentista catalán, cuyas llamas contribuyeron a alimentar también con otra irresponsable recogida de firmas que iba acompañada de un disparatado boicot al consumo de productos procedentes de esta comunidad.
Sin embargo, son muchas las dudas y los interrogantes que surgen cada vez que los populares se lanzan a captar rúbricas y datos personales por las calles, como viene haciendo de manera compulsiva desde hace años. Porque pareciera que la incapacidad del PP por construir alternativas políticas sobre algunos de los problemas que van surgiendo es sustituida a base de acumular firmas y firmas, al igual que los castores acumulan palos y troncos para evitar que el agua circule por los ríos. De esta forma, los populares han acumulado firmas y más firmas en diferentes campañas, sin que se sepa nada de su destino final, su utilidad, el empleo que se ha hecho de ellas o la custodia sobre datos personales tan valiosos.
Además de contra los indultos a los presos independentistas catalanes, el PP ha recogido firmas para un plan antiokupación desde la plataforma Change.org, contra la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (también llamada Ley Celaá), en defensa del trasvase Tajo-Segura, contra el Estatuto de Cataluña, contra la subida del IVA, en apoyo de las fuerzas de seguridad pidiendo su equiparación salarial con las policías autonómicas, incluso desde el PP se llegó a impulsar una campaña de obtención de firmas “contra un gobierno que no condena el terrorismo callejero organizado”, ahí es nada. Todas estas campañas tienen un denominador en común: son en contra de algo, como si firmar en un listado permitiera, en un régimen parlamentario, la eliminación de aquellas leyes aprobadas democráticamente que no gustaran a la oposición.
Para empezar, sorprende que un partido político que ha tenido importantes responsabilidades en el Gobierno del Estado y cuenta con una apreciable presencia en el Parlamento, utilice la recogida de firmas, cuando precisamente tienen en su mano la capacidad de presentar diferentes iniciativas políticas y legislativas para impulsar, modificar o anular disposiciones legales. Esa capacidad singular deriva del apoyo que los electores han dado a las distintas fuerzas que concurren en las elecciones, cristalizando en su mayor o menor representación parlamentaria. Parece como si el PP quisiera, con sus campañas de recogidas de firmas, cuestionar un sistema democrático del que forma parte y la propia actuación de las Cortes en las que intervienen.
Pero, además, surgen otros muchos interrogantes, en la medida en que la Agencia de Protección de Datos regula, de manera muy estricta, la obtención de datos personales, su tratamiento y utilización, abriendo investigaciones e incoando expedientes sancionadores de manera continuada por actuaciones inadecuadas en este campo. Y aquí es cuando tenemos que preguntarnos, ¿qué hace el PP con las firmas que ha venido recogiendo desde hace años? ¿En qué sótano, contenedor o volquete (un recipiente utilizado también por algunos de sus dirigentes para el almacenaje) se guardan? Y lo más llamativo, ¿cómo se puede entender que los populares organicen una recogida de firmas contra una decisión que afecta de manera determinante a Cataluña, pero no se atrevan a recoger firmas en esta comunidad?
Parece que lo único que sigue preocupando al PP es poder utilizar electoralmente el problema catalán sin aportar solución política alguna, tratando de rentabilizarlo entre el electorado más rancio.
Lo más llamativo es que, a pesar de la irresponsabilidad que viene demostrando, una vez más, la derecha, el rechazo al independentismo tanto en Cataluña como en el País Vasco ha alcanzado sus máximos históricos. No parece que se deba a las firmas, desde luego.
