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Juan R. Gil

ANÁLISIS

Juan R. Gil

La foto de los nadie

La foto de los nadie

La foto de los nadie

Dirigentes políticos de todos los partidos, representantes empresariales y líderes sindicales se fotografiaron el pasado martes a las puertas del Congreso de los Diputados para protestar por enésima vez contra la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, que recibe del Estado entre un 10 y un 29% menos de fondos que el resto de autonomías. Fue tan pintoresco como inútil. La imagen viva de la impotencia. O, por mejor decir, de la inanidad.

El método comparativo, tan querido por la ciencia, resulta aquí imprescindible para comprender dónde estamos. Del suceso de este martes en Madrid a las puertas del Congreso han tenido cumplida cuenta los lectores de este periódico y de los del resto de la Comunitat Valenciana. No lo busquen en ningún otro medio de los mal llamados nacionales, porque no lo encontrarán. Y aquí es donde entra el análisis comparativo. ¿Si representantes del partido que gobierna, del que aspira a gobernar, del que firmó los acuerdos de investidura que permitieron a Pedro Sánchez alcanzar la presidencia, de la patronal, de los sindicatos mayoritarios, etcétera, pero no de la Comunitat Valenciana, sino de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía... hubieran protestado a la sombra de los leones que custodian la entrada al Parlamento nacional, qué habría pasado? Que todos los informativos de televisión habrían abierto con ello, que los tertulianos de las radios habrían tenido tema con el que pontificar durante varios días, que los periódicos cercanos a la derecha habrían advertido en sus portadas del definitivo rompimiento de España y los cercanos a la izquierda habrían editorializado sobre la necesidad de encontrar vías de convivencia en la España plural, que el tema hubiera sido objeto, como mínimo, de pregunta en la próxima sesión de control al Ejecutivo en las Cortes generales y que hasta Arrimadas hubiera pronunciado un esclarecedor «sí, pero no». Pero no son esas comunidades (Cataluña, el País Vasco, Andalucía... súmenle Galicia y, si me apuran, hasta Castilla-La Mancha) las que se manifestaron el martes, sino la valenciana. Así que nuestros próceres salieron de casa, volvieron a casa y todo quedó en casa. No somos nadie.

Comprendo que el nuevo líder regional del PP, Carlos Mazón (que fue hábil al sumarse a la foto, al contrario de lo que hacía Bonig, aunque su presencia en ella sólo sirviera para poner más de relieve la puerilidad de la acción), cargara toda la responsabilidad de la situación de discriminación presupuestaria que vivimos sobre la espalda de Ximo Puig. Está en la primera página del manual del aspirante: el que gobierna siempre es culpable, lo mismo si sale nublado como si hace sol. Y en este caso concreto, además, puesto que la marca Puig en estos momentos cotiza más que la marca PSOE, resulta también lógico que, como se está viendo en las entrevistas que todos los domingos gotea Mazón de medio en medio, el todavía presidente de la Diputación Provincial de Alicante no tenga otro remedio que desgastar la figura de su rival, presentándolo como una marioneta al servicio de Madrid o, lo que es peor, del pérfido y taimado Pedro Sánchez.

Era esperable, digo. Pero tiene el problema de ser una estrategia vieja, en tiempos de innovación acelerada. La utilizó Zaplana contra Joan Lerma. Con éxito. Pero entonces se daban dos circunstancias claves que ahora no ocurren. Primero, que había una sensación generalizada en 1995 de que Lerma no había sido jamás reivindicativo ante Madrid, percepción que hasta él mismo terminó por interiorizar: en 1993, después de unas elecciones generales en las que Felipe González logró mantener el Gobierno pero por primera vez el PP superó al PSOE en la Comunitat Valenciana, Lerma pronunció un discurso en el aula de Cultura de la extinta CAM en el que pronunció la frase «Se acabaron los tiempos en los que Madrid mandaba y aquí se obedecía». Quiso que sonara como un puñetazo en la mesa, pero sólo sirvió para darle la razón a los que sostenían que durante años aquí se acataron sin rechistar las instrucciones que emanaban de la capital del Reino. Así que fue un golpe con el que Lerma sólo consiguió autolesionarse. Y, segundo, que a mediados de los años noventa el PP no había gobernado jamás ni en Madrid ni en València. Lo cual que a Zaplana le resultaba gratis reprochar a Lerma su falta de peso en la política nacional, porque no había elementos para contrastar qué ocurriría si el que gobernaba, en un sitio, el otro, o los dos, era el PP. Ahora ya hemos pasado suficientes gobiernos del PP y del PSOE como para saber que, ni con unos ni con otros, la Comunitat Valenciana ha sido capaz de lograr el reconocimiento político al que le harían merecedor su PIB y su población. Ni en la financiación, ni en nada. Con Zaplana se llegó a hablar de «el milagro valenciano», pero aquello no fue más que un espejismo bien regado con fondos públicos estratégicamente repartidos entre los medios de Madrid. Zaplana acabó ministro, pero la Comunitat Valenciana, incluso con la reforma de la financiación que llevó su nombre, siguió estando a la cola en la atención del Estado.

Con esa mochila a cuestas, no va a ser fácil que Mazón consiga ahora colar que Puig es un títere y que con él aquí y Casado en Madrid las cosas serían distintas. De momento, Puig juega con la ventaja de que es él el que se reúne en actos públicos para hablar de la España periférica con barones del PP como el andaluz Moreno Bonilla o el gallego Feijóo, mientras Mazón quizá debiera empezar a limitar las fotos con Teodoro García Egea, por muy secretario general de su partido que sea, y con Fernando López Miras, el presidente murciano. No tanto porque no sean dirigentes de peso, sino porque de tanto repetir la imagen al final va a parecer más una quedada de amiguetes que una estrategia política dirigida a algo concreto. No puedes acusar a Puig de ser manejado por Madrid si todo tu recorrido hasta ahora ha sido patrocinado por Madrid, ni puedes conquistar València a base de abrazos con Murcia.

Pero decía que no somos nadie ni nada. Lo hemos visto dos veces, dos, esta semana. Con la protesta sin eco en Madrid contra la infrafinanciación. Y con los diputados socialistas votando en contra de una resolución que , en definitiva, no pedía más que también la Comunidad Valenciana tuviera voz en el futuro del trasvase Tajo-Segura. Dos acciones, dos bofetones: la reunión de la plataforma profinanciación con la ministra Montero sólo consiguió que ésta se descarara y cerrara la puerta a una reforma del sistema. Menos mal que luego se vio con ella el presidente andaluz y la ministra entreabrió la puerta de nuevo. Y el segundo tortazo fue el comprobar que los diputados socialistas, cuyo escaño le deben a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y que, en teoría, deberían seguir la línea política que marcara el president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, tampoco van a votar nada que moleste a la vicepresidenta Teresa Ribera, empeñada en cerrar el trasvase. Ni Puig se atreve a ordenar una revuelta que, probablemente, no sería secundada por sus propios parlamentarios, ni Mazón ha conseguido a día de hoy que Casado diga en el Congreso de los Diputados que está en contra del recorte del trasvase. Así no vamos.

Como recordaba aquí mi compañera Beatriz Rico, un ciudadano de la Comunidad Valenciana recibe del Estado 237 euros menos que la media de los españoles, 830 euros menos que la comunidad mejor financiada. Corregir eso, en lugar de obsesionarse con que hasta los certificados de vacunación se escriban sólo en valenciano, debería ser la principal razón de existencia de un partido como Compromís. Debería ser una cuestión de Estado, fuera de los códigos de enfrentamiento partidista, para el PSPV y el PPCV. Debería ser el primer objeto de movilización de un lobby como AVE, por encima incluso del Corredor Mediterráneo, si me permiten el sacrilegio, o de una patronal como CEV, porque repercute directamente en la menor competitividad y la mayor precariedad de las empresas de esta Comunidad. Debería ser la primera reivindicación de los sindicatos, porque sus afiliados son injustamente más pobres.

El desafío es formidable. Porque la financiación de las comunidades en España es un engendro de muy difícil reversión: sometido de un lado al desequilibrio que introduce el cupo (no el concierto, el cupo) vasco, cuyo cálculo es el secreto mejor guardado del Estado; de otro, a la presión por obtener más recursos de Cataluña, que siempre será insaciable y que siempre negociará en condiciones de preeminencia; también de la tensión entre la España vaciada y la periférica y del neonacionalismo (o la pillería) fiscal de Madrid; y por último condicionado por la incapacidad de cualquier presidente autonómico de sentarse a una mesa dispuesto a perder algo en sus posiciones en aras a un sistema más justo para todos: los presidentes quieren volver a casa diciendo que han logrado mejorar sus condiciones. Variar eso para que la Comunitat Valeniana reciba por fin la financiación que merece sólo se conseguirá presionando de forma sistemática y permanente en todos los frentes; convirtiendo, como dirían los viejos revolucionarios, cada despacho de Madrid, de la Moncloa, de Génova, del Congreso, de la CEOE... en un Vietnam, por supuesto metafórico. Como no se va a lograr es haciéndose selfies en Madrid.

Discriminación cultural

Hablando de discriminación, Carlos Mazón acaba de darse cuenta de que la inversión por habitante de la Generalitat Valenciana en Cultura es de 15 euros en Valencia, y de 0,33 céntimos en Alicante. Bienvenida sea la Diputación a la queja, informe en mano, de una situación vergonzosa que algunos venimos denunciando décadas. Nos hubiera venido bien que Mazón hubiera reparado en el hecho de que Alicante no tenía ni una sola institución cultural financiada por la Generalitat cuando él se estrenaba en política en el Cap i Casal, porque seguramente esos años que habríamos ganado, pero bien está que ahora lo ponga en valor. Porque, ya lo he dicho, es una vergüenza. En la red de Teatros de la Generalitat están el Principal de Castellón y el de València, pero no el de Alicante. Los museos aquí los pagan la Diputación, los ayuntamientos y hasta el Obispado, pero no el Consell. Tuvimos, tarde, el Arniches, con una programación renqueante, y más tarde también, hace nada, convirtieron, tras el desahucio de la CAM, el CADA de Alcoy en sucursal del IVAM. Sucursal en el más peyorativo sentido del término. Nada más. Cómo será la cosa, que cuando lel Consell quiso confiscar los presupuestos de la Diputación mediante aquellos decretos por áreas que tan mal le salieron, Marzà no se atrevió a meterse en el charco porque vio que lo que le iban a poner desde aquí encima de la mesa le iba a dejar, como conseller, en ridículo: Marq, Mubag, ADDA... Y eso sólo la Diputación. Si entramos en los ayuntamientos pasamos al territorio del puro escándalo. Aún me parece poco que cada valenciano se lleve 15 euros del presupuesto para Cultura frente a los 33 céntimos de cada alicantino. El absoluto desprecio con que desde la fundación de la autonomía se ha tratado a Alicante en este terreno es inconcebible. Por suerte, Mazón se ha dado cuenta. Bien. Nunca es tarde.

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