El recorte en 150 hectómetros cúbicos anuales del agua del Tajo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez viene a confirmar la ley empírica de que, ante cualquier asunto de importancia, la provincia de Alicante siempre acaba perdiendo. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, engañó a los regantes al hacerles creer que estaba dispuesta a que el caudal ecológico fuera menor del que consideraba en principio, cuando, en realidad, pretendía perjudicarles más de lo previsto. En la práctica, de los 350 hectómetros cúbicos anuales de agua que fluían, a base de talonario, para el regadío y el consumo humano en Alicante, Murcia y Almería solo llegarán 200 hectómetros cúbicos al año a partir de 2027. Dice el jefe del Consell, Ximo Puig, que debemos estar contentos. No acierto a entrever el porqué. ¿Contentos porque se nos condena a la irrelevancia económica? ¿Porque nos torturan de manera prolongada, confirmada y progresiva hasta 2027? Igual el jefe del Consell está contento con el papel que ha desempeñado en este asunto, aunque personalmente no veo méritos para hacerle sentir orgulloso. Solo le he escuchado palabras como «irrenunciable» y le he visto pocos hechos que han demostrado que quizá había renunciado antes de empezar. No he visto ninguna imagen de su reunión con la ministra Ribera, ni hemos tenido conocimiento de compromisos, negociaciones o propuestas. Tampoco tenemos constancia de que haya tenido conversaciones ni presenciales ni telemáticas con el presidente del Gobierno sobre tan vital asunto. Puig se ha equivocado. Los tribunales, como él muy bien sabe no pueden suplir la política. Lo que pase en la provincia de Alicante afectará a toda la Comunidad. Olvida usted que con el agua que aquí llega no solo se sirve al campo sino también al turismo. La beben ciudadanos de otras comunidades y visitantes de otros países. ¿Unirá a partir de ahora a la reivindicación de una justa financiación una compensación hídrica por la población flotante?
