El 12 de noviembre de 2020 escribía en esta columna sobre los ambiciosos objetivos que el Parlamento Europeo se había fijado para la negociación de la nueva Ley del Clima con el Consejo y la Comisión Europea. Tras arduas negociaciones, se llegó a un acuerdo con el Consejo y la Comisión el 21 de abril 2021, y el Parlamento Europeo adoptó formalmente la norma el 24 de junio.
La Ley Climática Europea plantea un nuevo modelo de producción y una nueva relación con el medio ambiente. Es éste un logro compartido entre la ponente del Parlamento Europeo, la socialista Jytte Guteland, el Vice-Presidente socialista Frans Timmermans, encargado del Pacto Verde Europeo por parte de la Comisión, y la Presidencia Portuguesa del Consejo, liderada por el también socialista António Costa. No es de extrañar que el acuerdo llegue de la mano de esta confluencia ideológica, pues liderar la lucha contra el cambio climático es uno de los objetivos prioritarios que se ha dado la familia socialista europea.
El texto formaliza el objetivo, jurídicamente vinculante, de que Europa se convierta en un continente climáticamente neutro para 2050, y va más allá, al establecer que a partir de ese año la UE deberá alcanzar un nivel negativo de emisiones, es decir, deberá absorber más gases de los que emite. Uno de los principales hitos de la Ley Climática Europea es la inclusión del objetivo vinculante de reducción de emisiones netas de, al menos, un 55 por ciento para 2030 respecto a los niveles de 1990. Si consideramos que desde 1990 a 2020, la reducción ha sido del 25 por ciento, queda clara la ambición, pero el objetivo constituye también un gran desafío. El Parlamento Europeo consiguió que los criterios para el cálculo de dicho objetivo, supusieran, de facto, casi un 57 por ciento de reducción neta, una tasa cercana al 60 por ciento que se había marcado la Eurocámara como objetivo durante las negociaciones y que fue imposible alcanzar dada la férrea oposición del Consejo. Se estipulan también objetivos intermedios para el 2040, además del 2030, que la Comisión deberá presentar tras la revisión del Acuerdo de París, en 2024, para asegurar que los países se mantienen en la tendencia adecuada a fin de conseguir los objetivos que nos hemos dado
La Unión Europea, además, marca la pauta mundial. El Presidente Biden anunció el 22 de abril de 2021, en la Cumbre de líderes sobre el clima, su compromiso de reducción de las emisiones de efecto invernadero entre un 50 por ciento y un 52 por ciento para 2030 en comparación con los niveles de 2005. Tras el acuerdo europeo y el anuncio estadounidense, Japón y Canadá anunciaron sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero del 26 al 46 por ciento para el 2030 el primero y del 40 al 45 por ciento el segundo. Brasil, suscribió por primera vez el objetivo de neutralidad climática para 2050 y se comprometió a eliminar la desforestación ilegal para 2030. Por otro lado, China seguirá incrementando su consumo de carbón, hasta 2030 para desacelerar las emisiones a partir de ese año.
España se sumó también a este renovado compromiso con el clima el 13 de mayo 2021, con la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La norma persigue conseguir la erradicación de los gases de efecto invernadero para 2050, cumpliendo con el Acuerdo de París, y estableciéndose como objetivo intermedio la reducción de las emisiones en un 23 por ciento para 2030 respecto 1990, objetivo cuya revisión al alza, se adelanta para 2023. Comparar este objetivo con el 55 por ciento fijado por la Unión para 2030 puede llevar a pensar que España titubea en su lucha contra el cambio climático. Nada más lejos de la realidad. Nuestro país, a diferencia de otros estados europeos, parte de una posición de salida más difícil. Mientras que, en 2018, las emisiones en la Unión Europea en su globalidad se redujeron en un 23% desde 1990, en España habían aumentado en un 16%. España alcanzó el máximo en su emisión de gases de efecto invernadero en 2007, mientras que Europa lo hizo en 1990. Ante este desfase, es importante establecer metas asumibles, que puedan ser revisadas con ambición a medida que se avance en su consecución. Además, la ONU pidió en la Cumbre de líderes reducir antes de 2030 un 45 % el nivel de emisiones respecto al 2010. La norma española se traduce en una reducción del 37,5% cuando se toma como referencia 2010, cercana al 45% que sugiere la ONU.
Frente la bancada conservadora que votó en contra (Vox) de la ley o se abstuvo (PP) bajo argumentos que atizan, una vez más, el fantasma del miedo, esta vez disfrazado de desindustrialización y pérdida de empleo, los grupos progresistas han apostado por un futuro que pasa por la reindustrialización verde. Es más, se estima que las propuestas derivadas de la ley aporten 250.000 y 350.000 nuevos empleos para 2030.
La Ley se apoya en la contribución del Plan de Recuperación Europeo, que aporta una parte sustancial de la inversión necesaria para hacer realidad la lucha contra el cambio climático. El 40 por ciento del Plan español se dedicará a la transición ecológica, lo que se traduce en 28.000 millones destinados al impulso de una economía verde. Así, contamos hoy con dos pilares fundamentales que se nutren y complementan, el marco normativo europeo y nacional y los fondos del Plan que lo apoyan financieramente. Esta combinación habrá de dar solución a dos aspectos claves para nuestro país, la recuperación tras la pandemia, siendo uno de los países más afectados, y la transición ecológica, siendo también uno de los ámbitos geográficos dónde el aumento de las temperaturas, en particular, y los efectos del cambio climático en general, se sienten con especial intensidad.
Ahora bien, la deuda europea que financia el Plan se prevé limitada en el tiempo y acotada a las necesidades de la recuperación, que, si bien incluyen la transición ecológica, es obvio que ésta va más allá de los esfuerzos de relance tras la epidemia del Covid19. El horizonte temporal de la transición verde se proyecta a medio y largo plazo. Por ello, es natural que los instrumentos de financiación también se ajusten, como mínimo, a los objetivos planteados para 2030, 2040 y 2050, y estableciendo el carácter permanente de la emisión de deuda por parte del Comisión para hacer frente a necesidades compartidas europeas.
Además, el Tribunal de Cuentas de la UE estima el coste anual de la transición en 1 billón de euros. Cabe recordar que la Ley Climática no es un presupuesto climático, aunque sus objetivos se apoyarán con la financiación del presupuesto financiero plurianual 2021-2027 y del Plan de Recuperación. Si bien la Comisión propone un Plan de Inversiones para el Pacto Verde Europeo a diez años que podría llegar a sumar esta cantidad, solamente cerca de 500 mil millones de euros provendrían del presupuesto europeo para el conjunto del período. El monto restante requiere de cofinanciación por parte de los Estados miembros y de instrumentos financieros que faciliten los préstamos públicos y privados destinados a inversiones verdes.
En todo caso, este endeudamiento público europeo habrá de amortizarse. Por ello, debemos aprobar nuevos impuestos pan-europeos que penalicen aquellos que más contaminan, como, por ejemplo, el propuesto impuesto al carbono en frontera, que se espera que genere, entre los 5 000 y 14 000 millones de euros anuales, y que penalizaría, entre otros, la importación de productos de países con criterios medioambientales más laxos, lo que redundaría a su vez, en el beneficio de la economía europea comprometida con la transición climática. También debemos inscribir el compromiso con la transición ecológica y la neutralidad climática en el propio Tratado de la Unión. Para ello, la Conferencia sobre el Futuro de Europa ofrece una oportunidad única para constitucionalizar nuevas políticas y competencias que nos permitan reforzar la lucha contra el cambio climático. Por último, debemos consolidar el liderazgo europeo a nivel internacional promoviendo un Pacto Verde Mundial, ya que Europa representa menos del 10% de las emisiones mundiales, y por tanto la acción europea no será suficiente para frenar el calentamiento global.