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Luis M. Alonso

Sol y sombra

Luis M. Alonso

Inaudito

Los presos del procés, tras salir en libertad indultados.

El agravio comparativo a los españoles por los delitos de los dirigentes del procés es una fuente inagotable de perplejidad. La soledad de las instituciones democráticas, como es el caso del Tribunal de Cuentas, que se encarga de la fiscalización de los fondos públicos, se agiganta por el abandono cuando no el acoso por parte del propio Gobierno. La Generalitat ha encontrado en los fondos públicos la fórmula con que avalar los 5,4 millones que el tribunal les reclama a los 34 ex altos cargos investigados del procés por el despilfarro en propaganda exterior. Es algo inaudito. Imagínense al erario respondiendo del delito económico de cada ciudadano de este país. Lógicamente, la institución encargada de fiscalizar el uso del dinero de todos ya se ha manifestado sobre esta estratagema insólita para pagar las multas y respaldar los bienes de los investigados por malversación. No lo ve viable, es natural. Tampoco existen precedentes que justifiquen esta extravagancia mediante un fondo complementario de riesgos de 10 millones con el fin de tapar los agujeros de unos particulares; estamos ante un más que presumible fraude de ley y nadie en la Moncloa parece dispuesto a decir nada para no contrariar a los socios de Sánchez. Si el aval lo presentase Aragonés poniendo en riesgo sus ahorros, la solidaridad con los investigados se entendería, pero son los fondos públicos los que se exponen de una manera inexplicable. La Generalitat, si sigue adelante con este aval para responder al Tribunal de Cuentas, podría incurrir ella misma en malversación. Estaría cometiendo un delito para tapar las consecuencias de otro.

En el fondo, público o no público, la patulea independentista no tiene medida, convencida de que nadie le pondrá freno y que los escollos institucionales se sortearán por la gracia de Sánchez. Mientras tanto, los dirigentes indultados han emprendido una nueva campaña europea para seguir desprestigiando al país cuyo Gobierno parece más decidido que nunca a ampararles en el supuesto nombre de la concordia nacional.

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