Ahora ya lo sabemos: hay jueces en Madrid que no tienen nada que objetar a los mensajes xenófobos, amén de falaces, siempre que se trate de propaganda política.
Porque xenofobia y falacia existían sin ningún género de dudas en el cartel que colocó el partido de extrema derecha Vox en una estación de cercanías de la capital con motivo de las últimas elecciones.
En el cartel aparecía el rostro de una pulcra anciana de pelo blanco junto a un joven encapuchado de torvo aspecto.
La leyenda acompañante comparaba los 426 euros al mes de pensión que cobraba supuestamente la anciana con los 4.700 euros de dinero público del menor no acompañado.
Olvidémonos por un momento de que el supuesto menor no era tal, sino que se trataba de una fotografía de alguien obtenida fuera de España, y de que los 4.700 euros no los perciben en ningún caso directamente los menores, sino las organizaciones que los acogen.
El cartel apelaba directamente a las emociones, como es habitual en la propaganda política de la ultraderecha, y buscaba provocar indignación por el supuesto trato de favor dado a la inmigración en detrimento del abandono de nuestros ancianos.
Si ese mensaje no es xenófobo, es decir si no incita al odio hacia gente de aspecto y con intenciones criminales que entra aquí irregularmente y viene a abusar del Estado de bienestar que pagamos todos, ¡que venga Dios y lo vea!
Pues bien, al menos tres jueces madrileños no lo han visto así, y consideran que el mensaje está en cualquier caso amparado por la libertad de expresión.
Libertad de expresión que, sin embargo, no ha servido en otros casos para librar de la cárcel a titiriteros, raperos o activistas antidesahucios. Y es que la justicia, más que ciega, parece muchas veces tuerta.
El veredicto de los tres jueces de Madrid, de cuyos nombres es mejor no acordarse, decía que, aunque en esos mensajes pueda haber “datos falsos, no son ideas a prohibir cuando existen otras tan criticables o más que éstas”.
La imagen del cartel y su mensaje representan, en opinión del trío, una “crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones en comparación con el sostenimiento de esos jóvenes”.
Y remataban así los jueces su faena, como dando razón indirectamente razón a Vox: “Los menores representan un evidente problema social y político”.
Frase que a uno se le ocurre que podría aplicarse con igual o mayor razón a los autores de semejante veredicto.
