Más de doce años de procedimiento; dos alcaldes de Alicante sentados en el banquillo; miles de horas de trabajo de funcionarios policiales, judiciales, de técnicos; una ingente cantidad de documentos; años de comunicaciones intervenidas; un gasto directo e indirecto millonario a cargo de la Administración; una alarma social sin precedentes derivada de un sinfín de filtraciones; la segunda ciudad de la Comunitat bloqueada en su desarrollo urbano desde hace más de una década; un clima político irrespirable; la crispación, en lo que no deja de ser una capital mediana y, por tanto, más sensible a los enfrentamientos, enseñoreándose día tras día de la gestión, haciéndola imposible ni para los que estaban ni para los que vinieron después; la reputación de la marca Alicante, un valor indispensable para competir en el mundo actual, destrozada; desestabilización: seis gobiernos (el de Castedo, hasta que renunció, el de Miguel Valor, el primero de Echávarri, el segundo de Echávarri, el primero de Barcala tras la moción de censura, el actual con el mismo alcalde) en siete años, el Ayuntamiento paralizado... Todo eso, y más, para que al cabo la sala tercera de la Audiencia Provincial haya acabado fallando que aquí no hubo nada. Nada es nada.
En la elaboración del nonato Plan General de Ordenación Urbana de Alicante no hubo amaños, ni tráfico de influencias, ni el empresario Enrique Ortiz obtuvo información confidencial ni trato de favor por parte del exalcalde Alperi ni de la exalcaldesa Castedo, que en 2011 logró el récord de concejales en la historia de Alicante (18 sobre 29) y tres años después tuvo que dimitir tras ser imputada por una batería de delitos para los que le pedían más de diez años de cárcel y que ahora el tribunal considera que no existían. Repito: nada de nada. No es que no haya pruebas, es que con las pruebas presentadas, todas las cuales estaban desde el principio de los tiempos sobre la mesa, no hay delito. Dos ridículas multas por cohechos impropios al constructor Enrique Ortiz, al que encima es posible que se la acaben anulando, y a Alperi, que parecen puestas más por el qué dirán que por otra cosa, y la consideración de que una chaqueta del promotor a Castedo fue un regalo «excesivo». Y punto.
El caso del PGOU iba de un supuesto asesinato en el que no había cadáver, tampoco dinero para pagar la ejecución y los cómplices necesarios para el crimen estaban exonerados
El del PGOU era, tal como lo planteaba la Fiscalía, un asesinato por encargo. Pero para empezar, no teníamos cadáver: el plan no había sido modificado en beneficio de Ortiz, por mucho que a este le hubiera gustado. Tampoco teníamos contraprestación: este era el único gran caso de supuesta corrupción investigado en el que no había movimiento de sumas relevantes de dinero entre los acusados, al contrario de lo ocurrido en todos los demás que hemos ido conociendo. ¿Cuánto cobraban Alperi y Castedo por hacer lo que Ortiz quería y beneficiarle con unas ganancias espurias de cientos de millones de euros? ¿Una chaqueta y unas vacaciones? ¿En serio? Tampoco estaban los cómplices necesarios, sin cuya participación el crimen era imposible. Me refiero a los técnicos, porque sólo con su concurso hubieran podido cometerse los delitos que se dirimían en la causa. Pero resulta que a lo largo de estos años el jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, José Luis Ortuño, fue exonerado. Y también lo fue Jesús Quesada, el encargado de elaborar el PGOU, imputado primero y desimputado después. Entonces, ¿cómo se ejecutaban los «apaños» en el Plan? ¿Cogía Castedo por las noches un rotulador y cambiaba los planos, sin que nadie se diera cuenta de la chapuza cada vez que estos se exponían?
Y aún así, el proceso se mantuvo abierto doce años. ¿Por qué? Por inercia, desde luego. Por corporativismo en otros casos, también: jueces y fiscales comparten edificio, desayunos y carencias. Por el sesgo de algunos jueces -no todos- y por la incapacidad de otros para resistirse a la presión, tanto ambiental como la que provenía de la propia Fiscalía. Paradigmático es en este punto lo sucedido con el juez Manrique Tejada, que en una noche modificó el auto que tenía preparado, en el que no se imputaba a Castedo, por otro en el que apreciaba en su conducta indicios criminales que horas antes defendía con vehemencia que no existían. Nunca hemos conocido qué pasó aquella noche del «cambiazo». Pero fue el momento en que el caso descarriló hasta llegar al accidente de este jueves.
Pero si también este dislate se ha prolongado es porque la Audiencia Provincial se puso una y otra vez de perfil. El llamado «caso Rabasa», por ejemplo, se archivó tres veces y por distintos jueces (el primero de ellos, Juan Carlos Cerón, precisamente el magistrado que hoy preside la Audiencia) por no encontrar delito alguno en lo denunciado. Y tres veces ordenó la Audiencia reabrirlo, para al final tener que aceptar que la decisión de los jueces de instrucción era correcta y que allí no había nada. Rabasa nace también del sumario de Brugal, el big bang con el que todo comenzó, pero por el asunto del que trataba estaba directamente conectado con el del PGOU. Y como en este ahora, la conclusión fue que no había nada en materia penal. Podríamos haber ahorrado años. Pero contra toda evidencia, la Justicia alicantina prefirió aplicar el sostenella, no enmendalla.
El caso del PGOU iba de un supuesto asesinato en el que no había cadáver, tampoco dinero para pagar la ejecución y los cómplices necesarios para el crimen estaban exonerados
No sólo las actuaciones sobre presuntas irregularidades en el Plan Rabasa se habían archivado hace años. Es que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, no ha conseguido saldar con éxito hasta el momento ni una sola de las acciones más relevantes que puso en marcha a partir de abrir en Orihuela la investigación de Brugal, a pesar de que esta se troceo en una veintena de piezas repartidas por juzgados de Orihuela, Elche y Alicante. Se archivó la supuesta financiación irregular del Hércules a través de su fundación, caso por el que tuvo que declarar en su día el hoy presidente de la Diputación y líder regional del PP, Carlos Mazón. Se archivó la causa en la que estaba acusado el que fuera conseller de Economía, Gerardo Camps. Se archivó la pieza sobre compras de partidos del Hércules. Y se ha dado carpetazo con absolución también a la primera de las piezas que ha llegado a la Audiencia ilicitana sobre irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela. Ninguno de estos archivos tuvo fuerza suficiente para encender las alarmas sobre la falta de consistencia jurídica de las acusaciones. El fiscal Felipe Briones ha batido un récord difícil de superar: más de una década de investigación, más de veinte piezas separadas, para no lograr no ya una condena, sino que al menos admitieran que estaba persiguiendo algún delito. Ni eso ha conseguido. Eso sí: por el camino se ha cobrado las carreras de cuatro alcaldes (Castedo y Alperi, en Alicante; Medina y Mónica Lorente en Orihuela) y un presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, el único aún pendiente de resolución. O sea, que judicialmente un fracaso aunque políticamente un éxito.
Cierto es que los imputados pusieron mucho de su parte para que las cosas hayan sido así, por su verborrea y su prepotencia, al menos en los primeros momentos. Su actitud, cuando ostentaban el poder, no era delito, pero sí resultaba completamente reprochable. Un alcalde de ningún modo puede compadrear con el primer promotor de su ciudad de la forma en que Alperi, primero, y luego Castedo lo hacían, incluso si ello no derivaba a posteriori en actuaciones que injustificadamente beneficiaran al promotor. Ya nos lo dejaron dicho los romanos: la mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino que también debe parecerlo. Y recibir regalos, celebrar fiestas, irse juntos de vacaciones no es precisamente trasladar una imagen apropiada, sino todo lo contrario. Castedo (porque ella era al final la diana) no cometió delitos según la sentencia, pero sí muchos errores que a la postre contribuyeron a su caída. Pero también hay que recordar la agobiante omnipresencia de Ortiz en aquella época: suyo era el suelo, suya era Rabasa, suyos eran los parking, suyas eran las casas nuevas y las sociales, suya era la limpieza de la ciudad, el yate más grande y el Hércules. Hasta el racó oficial de Hogueras era suyo. En ese paisaje desmedido y agobiante se gestó una investigación que no se supo llevar.
Tendremos que sacar muchas lecciones de lo ocurrido. También, en este caso, los partidos de izquierda, He oído en estos días al responsable de Esquerra Unida en Alicante, Manuel Copé, afirmar que la sentencia de la Audiencia Provincial consagra la impunidad para los corruptos. Un disparate más, que da idea de la indigencia intelectual en que se encuentra la otrora influyente coalición. Convendría que después de esto la izquierda comprendiera que las sanciones políticas se deben dirimir en el ámbito de la política, no del Derecho Penal. Se puede actuar mal políticamente, y sin embargo no infringir ninguna ley ni ser un corrupto. Y no ha habido impunidad ninguna para los acusados: justa o injustamente (cada cual tendrá su propia conclusión), los imputados perdieron su carrera, su consideración social, parte de su patrimonio (los abogados cobran) y su propia estima, y el partido en que militaban perdió el poder y sólo lo recuperó precisamente porque esa misma izquierda se demostró incapaz de mantenerlo. Así que, fantochadas, pocas.
La izquierda tiene que volver a hacer política y dejar de utilizar los juzgados (o, por mejor decir, la Fiscalía) como muleta. Y la derecha (a la que, por cierto, con esta sentencia le entregan un nuevo balón de oxígeno, al tiempo que un regalo envenenado: Barcala ya tiene quien le va a replicar todos los días porque Castedo, con manos libres, lo ha puesto en su punto de mira), igual. Si toda la estrategia del PP para desgastar a Puig pasa por denunciar a su hermano, pobre futuro le espera.
El sumario de Brugal, madre de todos los corderos, siempre fue un arma de destrucción masiva, pero al final lo que ha acabado destruyendo es la credibilidad de la Justicia
Cada uno de los afectados hará balance de lo perdido o ganado con esta historia. Pero por encima de ellos, y en términos del interés ciudadano, ha habido quien de momento lo ha perdido todo, y esa ha sido la Justicia. Cuando cayó en mis manos por primera vez el sumario del caso Brugal pensé que aquello era un arma de destrucción masiva: un batiburrillo en el que conversaciones escandalosas, pero que no parecían concretarse en nada, se mezclaban con otras que no tenían nada que ver con lo investigado pero en las que se violaban flagrantemente los derechos de relevantes personas de la sociedad alicantina a las que se privaba del secreto de sus comunicaciones sin ningún motivo (ni estaban investigadas, ni intervenidas), sometiéndolas con ello a un escarnio público del todo improcedente. La Justicia no quiso poner coto a todo eso, sino que lo permitió e incluso lo propició: los audios de esas conversaciones transcritas los liberó un juez «por error», alimentando con ello a la bestia de la telebasura, cuyas productoras se asentaron durante meses en Alicante a ver si, perdónenme la grosería, pillaban en un descuido a Castedo enseñando las bragas. Nadie paró esa locura. Todos, incluidos sus señorías, se refocilaron en ella. Y ahora ese arma de destrucción masiva lo que ha hecho, finalmente, es arrasar con la credibilidad misma de la Justicia en Alicante, que tardará tiempo en reponerse. Una Justicia que abrió la caja de Pandora de «el mayor escándalo de corrupción de la historia de Alicante» para acabar pariendo un ratón. Y que acumula en los últimos años sonoros fracasos fuera también del ámbito de la política, el último de los cuales fue la incapacidad de manejar, al menos con decoro, un asunto como el del asesinato de la matriarca del clan Sala. Dura lex, sed lex, era el aforismo que nos grababan a fuego en la Universidad. Pero nunca nos explicaron (y el fallo del Constitucional sobre el estado de alarma es otro ejemplo de ello) qué pasa cuando jueces y fiscales no saben vestir la toga.
