La existencia de fraude interno en las organizaciones, empresas y en la Administración Pública es uno de la razones y motivos en virtud de los cuales se nos muestra como una creciente necesidad la implantación de programas de cumplimiento normativo en el seno de las mismas, y que introduzcan la necesidad acuciante de evitar este tipo de situaciones. Como señala PWC no se puede barrer bajo el tapete y esconder todas las actuaciones que sean irregulares debajo de una alfombra, que es lo que se hace por el autor de la infracción interna para evitar el descubrimiento, aunque este sea sencillo de detectar en la mayoría de los casos, debido a que rastr9o que se deja es evidente, y con una esmerada investigación al final será detectado y su autor, o autores.
Por eso, una de las cuestiones más importantes que existe en el mundo de las organizaciones es el de que no solamente hay que evitar que desde dentro se cometan delitos hacia fuera para evitar la responsabilidad penal empresarial, sino, sobre todo, que se evite lo que es el fraude interno que está provocando un gran daño dentro de las organizaciones. Y ello, en virtud del principio de la confianza de los responsables en que sus integrantes no van a realizar ninguna actuación ilícita. Pero también en la facilidad que en muchas ocasiones se encuentran los infractores de poder llevar a cabo conductas ilegales dentro de su organización, confiando en que no se les va a detectar la misma. Ello conlleva la necesidad de llevar a cabo prácticas relevantes que están dentro de la cultura del cumplimiento normativo, y que parten, sobre todo. de la necesidad de efectuar una correcta evaluación del riesgo del fraude que existe desde el punto de vista interno en cada organización, no solamente de la empresa, y de la Administración Pública, precisamente para evitar la proliferación de actos que se están detectando en la actualidad.
Se habla, en consecuencia, de lo que es el riesgo conductual, que es una especie de riesgo escondido que está detrás de muchos fraudes internos, y que, precisamente, se basa en la no detección, o no valoración, del riesgo existente en el seno de la organización, que es lo que permite a los infractores llevar a cabo sus cabo sus conductas ilícitas.
Hay dos factores relevantes que son los que pueden propiciar que estas conductas se lleven a cabo, como son la confianza extrema y sin ningún control en las personas que trabajan dentro de la organización y la ausencia de un programa adecuado de cumplimiento normativo que puede permitir propiciar a corto, medio o largo plazo la existencia del denominado fraude interno.
Precisamente, el infractor se aprovecha de esa existencia del exceso de confianza y de la ausencia del cumplimiento normativo en la organización para llevar a cabo estas conductas ilícitas, con lo que es preciso realizar de forma frecuente periciales de auditoría que lleven a cabo, también, exámenes internos acerca de si se están llevando a cabo algún tipo de conducta ilícita.
Resulta curioso que en un informe de World Compliance se pone de manifiesto que las empresas que cuentan con un mayor programa de cumplimiento normativo implementado detectan un mayor número de fraude. Pero ello es, precisamente, porque lo han llevado a cabo por alguno de sus miembros, con lo cual si no hubieran realizado ese control previo interno el fraude hubiera ido creciendo, y de esta manera lo controlan, lo paran, lo detienen y evitan su progresividad en el fraude para el futuro.
En consecuencia, todo ello no quiere decir que si se ponen en marcha programas de cumplimiento normativo existirá más fraude, sino que habrá más fraude detectado, y se evitará que prolifere en el futuro. Recordemos que las cifras estadísticas demuestran que las empresas con este tipo de programas detectan un 112 % más de fraudes que los que no la tienen. Y su eficacia permite mitigar hasta el 80 % de los casos que se están produciendo, mandando un mensaje a los infractores de que no podrán realizar este tipo de conductas ilícitas ya en el futuro al existir ese control interno que lo va a evitar.
En la encuesta mundial sobre fraude delito económico 2018 elaborada por PWC se recoge que el 54 % de las empresas españolas aseguran haber sufrido algún tipo de fraude interno económico en los últimos dos años por encima de la media mundial y, entre otros, son casos de apropiación indebida, corrupción y el soborno, la manipulación contable y el ciberfraude, como los principales delitos que sufren nuestras compañías. Por todo ello, el autocontrol, las medidas de vigilancia interna, y el conocimiento de los que actúan de que el control existe serán medidas que pueden combatir eficazmente este fraude interno que reduzca al máximo el daño interno que todo ello hace en las organizaciones.
