La información sectaria es siempre interesada. Lo es por acción u omisión. Por algo merece ese calificativo. Tenemos, como ejemplo, la última advertencia de la UE sobre la politización de la justicia en España. Los heraldos de Moncloa transmiten del llamamiento la necesidad de desbloquear los nombramientos en el CGPJ para insistir una vez más en la negativa del Partido Popular a apoyarlos, mientras que los opositores recuerdan que lo que Europa reclama es un órgano elegido por los propios jueces con el fin de mantener una independencia homologable con la de las democracias avanzadas. Y destacan también la preocupación que existe por la sujeción de la Fiscalía al Gobierno.
Llegados al punto en que los intereses de cada cual animan a transmitir el mensaje según interesa, convendría decir que la Justicia tiene más posibilidades de mantener su autonomía eligiendo ella misma a los miembros de sus órganos superiores. Cuando son nombrados por quienes pretenden influir en sus pronunciamientos es mayor el riesgo de dañar el principio esencial que rige la separación de poderes. Resulta más evidente teniendo en cuenta la enrarecida atmósfera institucional que se respira con el acoso del Ejecutivo a los magistrados cada vez que emiten un fallo con el que no está de acuerdo. Del caso de la exministra Dolores Delgado, designada inmediatamente por Sánchez al frente de la Fiscalía y dependiendo del Gobierno, vale más no hablar por insólito.
El informe sobre el Estado de derecho de la UE que advierte de que el problema de la independencia judicial no solo es de Polonia o de Hungría, sino también de España, coincide con el enfrentamiento abierto entre el Gobierno y la judicatura. La fórmula más garantista de que los jueces elijan en sus órganos de poder a los propios magistrados no es universal, se dan excepciones, en otros lugares funciona de manera mixta o deciden los políticos, pero en ninguno, al margen Polonia y Hungría, que sepamos, se producen los choques que últimamente se ocasionan aquí.
