“Solo dos de cada diez jóvenes se pueden independizar. Los otros ocho siguen viviendo con sus padres por no poder acceder a una vivienda”
La radio no hace más que vomitar malas noticias en una preciosa mañana veraniega alicantina, de esas doradas y perfumadas de salitre. Conduzco por la zona norte, camino hacia el centro, y a mi alrededor se abren enormes extensiones de terreno, de color arenoso y aspecto desértico, casi ofensivo. Solo unas palmeras, huérfanas, se erigen como símbolo de este levantismo que a veces nos cuesta admitir.
En mi cerebro dan vueltas los números, que apenas pueden simbolizar los dramas de miles de jóvenes, frustrados en sus aspiraciones, condenados a una vida que no les corresponde, con sus aspiraciones amputadas por una barrera infranqueable: “No puedo pagarme un lugar donde vivir”.
¿No es este un problema lo suficientemente grave como para que nuestros insignes dirigentes se pongan a debatir su solución por delante de muchos otros intereses? ¿No sería exigible que, en estos asuntos, de interés nacional, -y estoy pensando en educación, estructura territorial y pocas cosas más- se llegara a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, y empujaran todos en la misma dirección?
Ya sé, ya sé… eso es ciencia ficción. Los políticos están en sus cosas, en su vida virtual, mientras los ciudadanos vivimos una vida real.
Pues aquí vamos a aportar una solución real a este problema de la vivienda. Y como cualquier solución ha de aportar una memoria económica con su coste para el erario público, vaya este por delante: Nada.
Veamos: El precio de la vivienda viene marcado fundamentalmente por tres grandes sumandos: La repercusión del suelo, el coste propio de la construcción y el beneficio del constructor.
Durante mucho tiempo, el primero y el tercero han crecido como la espuma y eso ha conseguido dos cosas: Que la vivienda se vuelva inasequible para grandes capas de la población y que se haya enriquecido mucha gente por el hecho de poseer un terrenito o por dedicarse a la tarea de construir viviendas. Seguro que les están viniendo a la cabeza muchos ejemplos…
Pues vamos a racionalizar esto.
Suelo: Su repercusión se ha subido a la parra, como hemos dicho. Pero en España hay mucho suelo público y mucho terreno rústico, a precios bajísimos. Utilicémoslo y reduzcamos casi a cero su contribución al precio de la vivienda.
Constructor: El Estado. Eso ya se hacía en España desde tiempo inmemorial: “la vivienda de protección oficial” Ahora serían las Comunidades Autónomas, y con su obsesión de llamar a las cosas por nombres exóticos, seguramente ellas edificarán “Soluciones habitacionales generosamente financiadas por nuestras amadas instituciones de autogobierno”, algo así como “SHGFNAIA”, en valenciano “SHGFNAIA”. Pero eso es irrelevante.
Precio: Al ser construidas por el Estado, sin ánimo de lucro y por tanto con beneficio cero, y al haber reducido drásticamente la repercusión del suelo en el coste de la vivienda, perdón, de la Solución Habitacional, el precio final será el de la construcción, sin añadidos. ¿Y a cuánto asciende esta fruslería?
Pues a precios de 2021, encontramos que una vivienda unifamiliar, que es más cara que edificar pisos, tiene un coste de edificación aproximado entre 750 y 900 €/m2 construido. Pongamos 800 euros por metro cuadrado.
Es decir, que una vivienda de 100 metros cuadrados, nueva, podría salir por unos 80.000 euros. Y si la hipoteca la concede un banco público, podría oscilar en torno a los 230 euros mensuales. ¿Y cómo es eso? Porque, revise usted más arriba, hemos eliminado el precio del suelo –es suelo público- y hemos sustituido al constructor por el Estado, que nada pretende ganar en este negocio. Y además, el coste para el Estado es cero, porque va a vender las viviendas a sus destinatarios al precio de coste, por lo que no va a ganar nada, pero tampoco perderá un céntimo.
Veamos: ¿Se imagina usted la zona norte de Alicante, esa que se ve desde la carretera de Valencia, debajo de las lomas de Juan XXIII, ocupada por urbanizaciones bien planificadas de viviendas asequibles? Allí se instalarían enseguida colegios y centros de salud, consultorios y comisaría, llegaría el transporte público y esos nuevos barrios serían, como todos, aquello que sus vecinos quisieran.
Y nuestra sociedad tendría un parque de viviendas dignas que ofrecer a sus miembros, singularmente a los más jóvenes, que hoy en día ven frustradas sus lógicas expectativas de independencia.
Denle una vuelta. Yo no le veo problemas, pero estoy dispuesto a percibirlo si alguien bienintencionado me lo señala. Claro que si las enmiendas vienen solo de ACS y Construcciones y Contratas…
