El Tribunal Constitucional dictaba la semana pasada una sentencia por la que declara la inconstitucionalidad de alguna de las medidas (libertad de circulación, residencia y reunión) previstas en el estado de alarma. Por tanto, y en contra de lo que algunos y algunas, de forma espuria, pretenden contaminar, el TC no cuestiona la necesidad de adoptar medidas excepcionales para hacer frente a la pandemia ocasionada por el Covid-19, que considera necesarias, idóneas y proporcionadas, sino el instrumento jurídico -el estado de alarma en vez del estado de excepción- utilizado por @sanchezcastejon. En consecuencia, ni el TC ha invalidado el estado de alarma legalmente previsto en nuestra Constitución, ni ha sido el llamado “bloque conservador” quien ha impuesto su criterio sobre el “sector progresista”, dado que ha sido el voto de una magistrada “progresista” propuesta por el Parlamento de Cataluña con el apoyo del PSC y CIU, la vicepresidenta del TC Encarnación Roca, quien ha inclinado la balanza. Encarna Roca fue la primera catedrática de Derecho Civil de España, hace 40 años, y ha sido la primera mujer magistrada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Una eminente jurista, una pionera, una luchadora -de las de verdad, no de las de “matria” o “nosotres”- infatigable por los derechos de las mujeres. Por cierto, algunas etiquetas y titulaciones de determinados colectivos elitistas se me antojan anacrónicas, porque ya me dirán ustedes dos a qué viene que en plena democracia sigan existiendo gremios autotitulados petulantemente “para la democracia”, como si ésta estuviera en peligro de desaparecer y ellos fueran sus audaces vigilantes. Insisto, el TC ha declarado inconstitucionales determinadas medidas limitativas de derechos fundamentales de las personas porque, bajo el paraguas del estado de alarma, no tenían encaje. Así lo han visto muchos juristas; por el contrario, otros han criticado duramente la sentencia, algo muy saludable en democracia.
Hasta aquí, lo normal en regímenes democráticos. Pero España es diferente y, para seguir siéndolo, los enemigos de la sentencia del TC no se han limitado a una crítica desde la discrepancia jurídica y doctrinal, sino que han aprovechado el revés de inconstitucionalidad para cargar duramente contra el tribunal, contra su prestigio y su legitimidad. Para mayor vergüenza, el primero en censurar la sentencia del TC ha sido el Gobierno, quien, por boca de su nueva ministra de Justicia, la socialista Pilar Llop -por cierto, jueza-, se permite amonestar ácidamente la resolución del TC. Esa no es la función de un gobierno democrático. Pero deben tener en cuenta, mes amis, que Pilar Llop no ha sido elegida ministra al azar. Desde 2015 ha sido diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE; senadora en las Cortes generales por el PSOE; delegada del Gobierno para la Violencia de Género del PSOE-Podemos; y presidenta del Senado elegida con los votos del PSOE, Podemos, PNV y el grupo Izquierda Confederal, formado por Compromís, Más Madrid y Geroa Bai. Un currículum impecable al servicio del PSOE. Las descalificaciones de Unidas-Podemos vomitadas por su portavoz Echenique contra el TC llamándolo “Tribunal Voxtitucional” (lo que demuestra la animadversión patológica que le tiene a la Justicia Echenique, condenado a pagar 11.040 euros por la contratación irregular de su asistente, más conocido por pagar “en negro”; y condenado -anuncia que recurrirá- a pagar 80.000 euros por llamar violador a la víctima de una candidata de Podemos, según recogía La Vanguardia), no pueden enmarcarse más que en la propia dinámica destructiva de ese partido de extrema izquierda.
De la ultraizquierda podemita es de esperar cualquier cosa dada su nula empatía con la democracia “burguesa” y su devoción por los regímenes de Venezuela y Cuba, donde los jueces dependen del único poder que emana del pueblo revolucionario: el del dictador (cuando me preguntan qué es una dictadura, y para no extenderme, contesto: “allí donde el juez es la policía”). Lo que cuesta aceptar, lo que repugna moral e intelectualmente, es que haya una descalificación sistemática no solo del Tribunal Constitucional, sino de la Justicia española, de sus jueces y tribunales -en especial del Tribunal Supremo- cuando, haciendo uso de su independencia, dictan resoluciones y éstas son contrarias a los intereses del Gobierno, o de Podemos, o de los separatistas, o de los herederos del terrorismo etarra. Entonces la justicia española es abrasada a descalificaciones y puesta en la picota revolucionaria con sus cabezas colgando.
¿Se alzaron las voces de la izquierda cuando el voto de calidad del presidente del Constitucional, García Pelayo, deshizo el empate y dio la razón al Gobierno de Felipe González en la oscura expropiación de Rumasa? “Tó pal pueblo”, gritó Alfonso Guerra. ¿Entonces el TC sí tenía legitimidad? En abril de 2018, y por otro tema llevado al Constitucional, la hoy ministra socialista Margarita Robles se congratulaba así de explícita: “Para el Gobierno de Rajoy es un correctivo que el TC le haya dicho que no tiene razón”. ¿No es el mismo TC de ahora; o ahora ya no es el mismo TC de antes? Y sin ir más lejos, les recuero (sobre todo a quienes flaquean voluntariamente de memoria) que en junio de 2017 el TC daba la razón al PSOE de Rubalcaba con la amnistía fiscal decretada por Montoro. En 2011, el Constitucional daba vía libre a Bildu para acudir a las elecciones revocando, por seis votos a cinco, la anulación decretada por el Supremo de las listas de Bildu. Para la furibunda extrema izquierda, para nuestra exquisita gauche divine, para quienes hoy niegan legitimidad al TC, entonces si la tenía. Una legitimidad a la carta. A más ver.
