No ha sido práctica habitual por mi parte dar réplica a artículos publicados en INFORMACIÓN. Primero, porque este es un periódico plural, en el que caben todas las opiniones, incluso (o sobre todo) las que difieren de las que publicamos quienes en él trabajamos, con el único límite de que no sean un mero exabrupto, sino que estén argumentadas. Es la línea que marcaron quienes fueron directores de este medio antes que yo, y la que han seguido quienes lo han dirigido después. Segundo, porque quien escribe desde una óptica crítica debe asumir que, a su vez, puede ser criticado, y que eso es sano.
Sin embargo, sí contestaré esta vez al artículo publicado ayer en estas páginas por el magistrado jubilado Luis Segovia, entrañable colaborador de esta casa desde hace muchos años, a propósito de la sentencia recientemente emitida por la sala tercera de la Audiencia Provincial de Alicante que absuelve, doce años después, a quienes fueron acusados de amañar el Plan General de Alicante en beneficio del promotor Enrique Ortiz. No voy a entrar en los argumentos sobre la propia sentencia que el magistrado Segovia expone. Como he repetido en infinidad de ocasiones (escribir de política hoy es, desgraciadamente, escribir de tribunales, y eso te obliga a tentarte la ropa siempre antes de hacerlo) soy lego, así que mis artículos no parten de un conocimiento exhaustivo del Derecho que no tengo, sino de la percepción, el sentido común y la obligación de preguntar por todo aquello que me resulta difícil de entender. Aunque es cierto, sin entrar como digo en esos argumentos, que me sorprende la caricatura que del fallo hace el juez Segovia para criticarlo.
Pero hay un punto que interesa sobremanera aclarar. Sostiene Segovia, y es en ese apartado en el que sin nombrarme me alude, que lo que se pretende con las opiniones que se han vertido sobre este caso es ni más ni menos que presionar a la Fiscalía Anticorrupción para que no haga su trabajo: por seguir el tono que Luis Segovia emplea en casi todo su artículo, para que no persiga a los malos. “Que se esté quieto y deje continuar la fiesta”, dice textualmente.
No. Por lo que a mí respecta, nada más lejos de la realidad. Uno recuerda cuando años atrás denunciaba, a pecho descubierto (esto es, sin grabaciones, ni sumarios tras los que parapetarse) posibles corrupciones y la Fiscalía respondía sistemáticamente que ella no actuaba “por recortes de Prensa”. Muchos de aquellos casos denunciados entonces están en el origen de los escándalos que luego vivimos, pero no se investigaron. Seguro que el magistrado Segovia recuerda aquellos tiempos (y aquella actitud), porque entonces él estaba en activo. Por eso, la creación de una Fiscalía Anticorrupción y el cambio de mentalidad en la forma de actuar de las autoridades judiciales que supuso resultó, más que un avance, una alegría.
Pero la Fiscalía habla en nombre de todos nosotros, los ciudadanos. Por eso se llama Ministerio Público. Y eso le impone un doble deber de diligencia. Porque cuando no hace bien su trabajo, nos expone a todos. Veinte piezas se han desgajado de la original que empezó a investigarse en Orihuela. Todas las importantes que ya han sido resueltas, han terminado en archivo o absolución. Sentencia tras sentencia, se ha repetido por parte de los tribunales que han visto los casos un mismo denominador común: las conversaciones grabadas que todos hemos conocido merced a filtraciones de los sumarios nunca investigadas son reprobables sin ningún paliativo. Pero como dijo uno de los jueces que intervino en el caso del Plan Rabasa, lo que se juzgan son hechos delictivos, no charlas escandalosas si el fiscal no logra probar que derivaran en delito. Como escribí hace unos días, esas conversaciones no quedaron impunes: por ellas dimitieron los políticos implicados y su partido perdió las elecciones, mientras que los empresarios fueron apartados de las contrataciones públicas. Pero eso se circunscribe al ámbito moral y político. En el penal, como el magistrado sabe mejor que yo, las reglas son otras.
Decía también en mi artículo que en un Estado de Derecho, la Justicia no es (o no es solo) el juicio. Es el proceso. Y el proceso, en este caso, aunque el señor Segovia no entre en él, ha sido lamentable. Y de ello es responsable el fiscal, pero no sólo. También algunos jueces de instrucción, que sencillamente dejaron esa instrucción en manos de la Policía, y la propia Audiencia Provincial, ese órgano que tan conocido es en Alicante por nadar y guardar la ropa. Eso es lo que debería importarnos: reflexionar sobre el caso no para dilucidar si los acusados, como titulaba el pasado domingo el profesor Alcaraz, han sido mártires, sino para tomar conciencia de los múltiples errores cometidos, con las consecuencias que para todos los ciudadanos han tenido, y no volver a repetirlos.
Lo que no le puedo consentir al magistrado Segovia, con todos mis respetos, es que me adjudique intenciones que no tengo. Yo, al contrario que él, estoy seguro de que cuando hace no muchos años defendió con vehemencia la inocencia de un acusado de graves delitos de corrupción practicados desde dentro mismo de la judicatura y criticó con extrema dureza la instrucción del caso y la labor en él de jueces, fiscales y policías, no lo hizo ni porque quisiera presionar al Ministerio Público para que dejara de investigar ni por los lazos de estrecha amistad familiar que le unían al imputado, a la sazón también magistrado. Estoy convencido de que todo lo que dijo lo dijo en defensa de una mejor Justicia, aunque para ello llegara a tildar de “acosador” al mismísimo Consejo del Poder Judicial. Por cierto, aquel a quien con tanto ardor defendió fue finalmente condenado. Convendría, pues, que ahora que llega el verano retome el juez Segovia viejas lecturas. Concretamente, aquella que habla de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.
