La gran noticia de agosto es Juan Carlos I, al que la Fiscalía ve difícil poder imputar después de bastante más de un año de enjuiciamiento público. No obstante, esa no es exactamente la noticia, y sí, en cambio, el hecho de que tenga ganas de regresar a España, con cuyas cuentas empezó ya hace tiempo a ponerse al día. Si lejos su vida produce este revuelo, no hace falta imaginarse lo que supondría una vuelta al ruedo ibérico. Lo que afecta al llamado rey emérito se ha convertido en materia incuestionable para cualquier inquisidor de tres al cuarto. No es del todo asombroso pero resulta algo reiterativo. En realidad, poco importa la vida de un anciano que decidió arrojar su prestigio institucional a un albañal. Lo que prevalece es el ataque sistemático a la Monarquía y al actual jefe del Estado, que no ha hecho otra cosa que ejercer con prudencia y una dignidad admirables, para los tiempos que corren, sus responsabilidades.
Felipe VI ha resuelto con éxito las complicaciones con las que se ha encontrado, que han sido muchas y variadas desde la sucesión; sin embargo, los enemigos más acérrimos tienen en el punto de mira a la familia real y, cuando no es el viejo elefante, surge otra pieza que se quieren cobrar. No se trata de una mayoría, ni siquiera de una minoría cualificada, pero forma parte del Gobierno, y este Gobierno, cautivo de la legislatura, prefiere no arriesgarse con sus socios cuando estos insisten en desprestigiar la institución. En Cataluña, muestran hacia ella un descortesía inadmisible; en Baleares, la quieren desalojar del palacio de Marivent para que la comunidad autónoma lo dedique a otros usos con la excusa de que el mantenimiento del edificio lo pagan los ciudadanos. Como si para el resto de los gastos públicos, justificables o superfluos, el dinero cayese del cielo. Si el hipotético restablecimiento de la república dependiese de una patulea como esta, convendría abdicar inmediatamente del republicanismo.
