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Fernando Ull

Con la Justicia hemos topado

Un hombre recibe una vacuna contra el covid.

En la lucha contra la pandemia por covid-19 el Gobierno central y las comunidades autónomas han tenido que enfrentarse a tres principales problemas. En primer lugar, al numeroso grupo de insolidarios egoístas que casi desde el principio, en marzo de 2020, se negaron a cumplir con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar la expansión de esta enfermedad que, de haber sido cumplidas por toda la sociedad de manera estricta, hubieran evitado miles de muertes. El último ejemplo de este primer apartado lo podemos observar en la celebración diaria, entre alcohol y sin mascarillas, que miles de jóvenes hacen todas las noches en ciudades de media España. Además, las autoridades sanitarias han tenido que lidiar con los negacionistas y los antivacunas, muy ruidosos y activos en las redes sociales, que han tratado por todos los medios de boicotear los esfuerzos de la medicina por superar la pandemia. De ambos grupos ya he tratado en estas mismas páginas. Pero existe un tercer problema que ha puesto en jaque a las administraciones y al personal sanitario de toda España. Me refiero a ciertas lamentables resoluciones judiciales que están complicando y mucho, la lucha contra el virus.

Varios Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) se han opuesto de manera sistemática a las restricciones por las que las CCAA ordenaban la implantación de toques de queda en determinadas ciudades o la obligatoriedad de presentar certificado de vacunación para poder acceder al interior de restaurantes y bares, medidas que, cuando han podido aplicarse, han supuesto la inmediata disminución del número de contagiados. No hace falta recordar que a menor número de contagiados menor número de ingresados en hospitales y, por tanto, menor posibilidad de aumento de la cifra de fallecidos.

Con el argumento de que tener que presentar el certificado de vacunación para poder entrar en un museo o para poder viajar a otro país es contrario al derecho a la propia intimidad o la igualdad, estos jueces han demostrado una escasa capacidad de adaptar el derecho a una situación de extrema gravedad y sobre todo una nula capacidad de empatía. Resulta lógico que a la hora de redactar la Constitución Española el legislador no incluyera una pandemia como la que estamos viviendo como causa de suspensión de cualquier clase de derecho. El antecedente más inmediato había sido la gripe de 1918 y por tanto no se podía pensar que algo así volvería a suceder. Por eso, que jueces y magistrados de España se nieguen a autorizar la obligatoriedad de presentar el llamado pasaporte Covid por una supuesta vulneración de derechos fundamentales demuestra de donde provienen los problemas de la Justicia en España. Vienen a decir estos jueces que puestas en una balanza la vida de las personas o la obligatoriedad de tener que acreditar que se está libre de covid-19 debe prevalecer un supuesto concepto de libertad, tan de moda de un tiempo a esta parte, lo que en realidad no es más que lavarse las manos ante el temor de ser objeto de ataques por parte de negacionistas y antivacunas. Aunque el problema seguramente radique en que buena parte de los más altos tribunales de España están plagados de personas que no han trabajado en otra cosa que ser juez. Brillantes opositores que apenas han pisado la calle, pasando del aula de la facultad de Derecho a la Escuela Judicial.

Los conspiranoicos españoles se han arremolinado alrededor del partido de ultraderecha VOX. Desde posiciones ultracatólicas y con hilarantes razonamientos que si no fuera por la gravedad de la situación provocarían la carcajada, como el de que la pandemia es un plan urdido por supuestos poderes ocultos para poder controlar a la ciudadanía, se han dedicado a presentar recursos contra las decisiones de las comunidades autónomas que pretendían contener la propagación del virus. Y contra la lógica y el sentido común los tribunales han fallado a favor de actitudes egoístas y lunáticas que solo buscan protagonismo. Dar veracidad jurídica a delirios de grandeza, al interés de querer sobresalir del común de los mortales a base de decir barbaridades que pueden ser fuente de enfermedades y muertes, resulta incompatible con los valores que debería tener cualquier juez o magistrado, es decir, la de que prevalezca el bien común por encima de individualidades.

La última sorpresa judicial ha ocurrido en la ciudad de Castellón. Una resolución judicial ha obligado a la dirección del Hospital de La Plana que permitan la entrada en la UCI de este centro a personas de una empresa privada para que practiquen una seudociencia llamada Ozonoterapia a un paciente ingresado por covid-19. Que un juez apruebe semejante barbaridad implica un absoluto desconocimiento de la más elemental medicina actual y un ataque a la profesionalidad del personal sanitario de este hospital. Se hace más evidente que nunca que para ser juez o magistrado debería ser imprescindible haber tenido de manera previa alguna clase de contacto con la sociedad a la que se va a a servir. No vendría mal a los miembros de los tribunales que han denegado los toques de queda pasar una semana en una UCI de cualquier hospital español.

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