“¿Hay aún alguien ahí?”, preguntaba el otro día un personaje de El Roto que avanzaba por un paisaje desértico en la primera viñeta del dibujante tras su regreso de vacaciones.
Por desgracia, habría que contestarle al enigmático personaje del dibujo, aquí siguen los mismos, con los tics de toda la vida, incapaces, como siempre, de entenderse.
Leo en efecto en el mismo periódico el siguiente titular “Máxima tensión por el bloqueo en la renovación del Poder Judicial”.
Son en efecto mil días de bloqueo por parte del Partido Popular de la renovación del órgano de los jueces que exige la Constitución, y el presidente de ese partido cita prepotente a Dante: “Abandonen toda esperanza”.
A decir verdad, nuestra derecha no hace otra cosa que lo que ha hecho siempre la derecha en todas partes: bloquear todo lo que puede porque es incapaz de admitir que estén otros en el poder.
No voy a entrar si es mejor o peor el sistema que propone el PP de que doce de los veinte vocales del Poder Judicial que proceden de la judicatura sean elegidos directamente por los jueces y no por el legislativo como sucede hoy.
Lo que está absolutamente claro por el empeño que populares, por un lado, y socialistas, por otro, ponen en defender sus respectivas posiciones es que el Poder Judicial está fuertemente politizado, y en la actualidad, claramente escorado a la derecha.
El PP ha puesto varias condiciones para llegar a un pacto con el PSOE, entre ellas la de que el partido minoritario de la coalición gobernante, Unidas Podemos, quede fuera del acuerdo.
Condición totalmente contraria a la Constitución porque ese partido, le guste o no, al PP, es tan democrático como el de Pablo Casado.
Ocurre que al PP parece interesarle que siga todo como está porque tiene todavía varios juicios por resolver – la mayoría por supuesta corrupción - y teme que los nuevos nombramientos puedan perjudicarle.
Aquí hay que darle la razón al portavoz de los liberales, Edmundo Bal, quien critica que, después de treinta años de usar la ley actual para “colocar a los suyos”, el PP reclame ahora por puro oportunismo que se cambie el sistema de elección del Consejo como hace tiempo viene reclamando Ciudadanos.
Decía la crónica del mismo periódico que los de Casado creen que “la renovación de las altas instituciones no es un tema que preocupe a los españoles”.
Poca fe parece pues tener ese partido en el sentido del derecho y la justicia de los millones de ciudadanos a los que espera volver un día a gobernar. Y de tener razón en esa apreciación, sería grave para la salud democrática de este país.
En lo que no se equivoca el PP es en la importancia que dan esos mismos ciudadanos a la subida tan intolerable como incomprensible del precio de la luz, que no tiene parangón en el resto de Europa.
La pasividad de la parte socialista del Gobierno y su insistencia en que no se puede hacer mucho más ya que ni Bruselas ni los inversores aceptarían que se interviniese en el mercado eléctrico son difíciles de entender.
Dice la ministra para la Transición Ecológica que el Gobierno ha querido ser “muy garantista de fondo y forma” porque sabe que las medidas “valientes” que propone Podemos “no gustan ni a las petroleras ni a las gasistas”.
La ministra debe de referirse a la Carta de la Energía y a la Ley para la Protección de Inversiones, que permite a las empresas reclamar ante tribunales especiales por decisiones que afectan a sus perspectivas de negocio y limita la capacidad de los gobiernos de legislar en beneficio de los ciudadanos.
Pero o encuentra el partido de Pedro Sánchez la forma de poner coto al actual oligopolio energético o uno se atreve a predecir que el líder socialista, tal y como busca insistentemente el PP, no renovará mandato. Y la culpa será sólo suya.
