El inicio del curso escolar lo ha marcado el quintacolumnismo de Barcala en la Educación Pública en Alicante consiguiendo los hitos de a) renunciar a medio millón para actividades extraescolares, b) tener a su cargo los únicos tres colegios de los ocho que no han erradicado el fibrocemento de la provincia este verano, c) pedir un informe (!) que paralizará de nuevo la construcción de centros educativos, y d) incumplir su palabra de conseguir una alternativa para que el alumnado del IES Virgen del Remedio pudiera empezar el curso: lo empezarán con al menos un mes de retraso en un restaurante.
Como toda madre y padre sabe, en septiembre se produce el primer descalabro económico de las familias. En este mes, se plantean las actividades para hijos e hijas. La cuesta de enero es en septiembre. No ya solo porque madres y padres deseen proveer de una digna formación a su progenie, sino porque no les queda más remedio que conciliar su jornada laboral con la de sus hijos. Las actividades son en muchas ocasiones la única manera de que los menores no se queden solos en casa, sobre todo para miles de familias que no se pueden permitir pagarlas.
La decisión del barcalallopismo es un torpedo a esa línea de flotación. Uno se pregunta por qué Llopis es titular de una concejalía que se denomina “Familia”. ¿Qué familia? Uno se pregunta cómo demonios la propia Llopis confiesa que las actividades diseñadas por ella misma no han tenido ningún interés, ya que la Conselleria solo las financia, no interviene en contenidos.
Como en este mismo diario C. Pascual contaba, todos sabemos que los consistorios se han devanado los sesos para diseñar actividades. Todos menos Barcala, cuyas actividades solo han tenido un interés de menos del uno por ciento. Así, Llopis recibe un muy deficiente, pero presume de ser la primera de la clase. La culpa la tiene el profesor por hacer exámenes sin avisar. Un buen estudiante no estudia el día antes.
Ítem más, dice Llopis que dedica 25.000 euros a “La matinera”, un servicio de conciliación familiar, cuando Sant Joan, con quince veces menos población, ya dedica más de 200.000 euros solo para contratar monitores para este servicio y completar horario en otros. Solo para refuerzo covid, ese Ayuntamiento ya se gasta esos 25.000 euros de Llopis.
Y uno se pregunta por qué se eligen representantes públicos para que finalmente decidan que la administración caiga en manos de entidades sectoriales, ya que Barcala decide consignar 125.000 euros del erario municipal gestionado por las AMPA. ¿Barcala pues debería dejar en manos de las AMPA la Concejalía de Educación? Además, esa es una cantidad que a) tendrá que habilitar restándola de otras partidas del presupuesto de Educación, ¿cuáles?; b) o tendrá que habilitar por medio de una modificación presupuestaria que no llegaría hasta como pronto noviembre, detrayéndola de partidas del presupuesto general, y con fechas posteriores a las de la Generalitat, ¿cuáles? y c) o incorporando esa cantidad a los presupuestos de 2022, lo que hará que no llegue hasta mayo, mucho después de las fechas de las que propone la Conselleria.
Barcala alega que la convocatoria llega tarde, pero no es así para el resto de municipios. ¿Por qué? Pues porque sabían que esa convocatoria había de llegar y prepararon sus presupuestos para acogerla en cuanto llegara y gestionar los contratos profesionales necesarios en enero, tanto Ayuntamientos rojos como azules, morados o naranja. Será que el de Alicante es un Ayuntamiento azul oscuro casi negro. Barcala no preparó nada a propósito. Y si no, que la señora Llopis aprenda a preparar bases consultando a sus compañeros de partido de otros municipios. Mientras tanto, que Barcala siga insistiendo en que 1 es más que 50, que bien resume el espíritu de su mandato.
Elche, recibió la misma cantidad de Alicante y la justificará al cien por cien. Repetirá este curso. Valencia, que ronda el millón de euros en ayudas, ha convocado a las áreas de Deportes y Cultura para ampliar los conceptos de las actividades para este curso. La cuestión es qué cantidad merece Alicante, la cuestión es que este alcalde debería estar reclamando 700.000 en lugar de renunciar a 500.000. Pero para Barcala las familias alicantinas solo merecen un bodrio.
Pero no solo las familias son las afectadas en esto, hay daños serios laterales: ¿cuántos monitores y monitoras se quedan sin trabajo por la decisión de este alcalde? ¿Cuántos servicios profesionales decaen con el medio millón renunciado? ¿Qué daño reciben estas empresas porque a Barcala no le apetece presentarse a una convocatoria de ayudas de fondos públicos con dinero de todos? ¿Llevarán a un ERE a sus empleados no ya por covid sino por la irresponsabilidad de su alcalde?
En conclusión, con Barcala los alicantinos pagamos impuestos para que terminen en cualquier municipio de la Comunitat menos en Alicante. Mazón defiende menos impuestos, pero la realidad es que los pagamos para que la derecha impida su retorno a Alicante en forma de servicios. Y otra conclusión: los alicantinos parece que pagamos doble porque la derecha solo gobierna para los que se pueden pagar actividades extraescolares a sus hijos de su bolsillo: a eso se le llama apartheid en mi pueblo.
Ayer leía de Elvira Lindo un artículo cuyo título cae de paticas sobre Barcala y Llopis “¿Para qué sirve tu ira?”. En él, viene a preguntarse “cuántas veces se recurre a la frase de ‘todo es política’ cuando lo que verdaderamente ocurre es que todo es politiqueo cutre que nos lleva a no conceder ni esta al adversario”. Hay que recordar a Barcala que el medio millón de euros al que renuncia no es dinero de Ximo Puig, ni los pocos que él dedica tampoco es dinero suyo. El dinero es de quien contribuye al erario, el dinero no es dinero ni rojo ni azul.
