La Carta de la Energía, un documento con casi treinta años de antigüedad, se ha convertido en una auténtica rémora para la transición energética, lo que hace aconsejable su reforma cuando no directamente su abolición.
Cada vez son más las empresas que recurren a ese tratado para torpedear decisiones estatales que perjudican o tratar de obtener una fuerte indemnización a costa del erario público.
Uno de los ejemplos más sonados es el de la compañía estatal sueca Vattenfall, que demandó a Alemania por su decisión de abandonar la energía nuclear y logró una indemnización de 1.400 millones de euros.
El problema es la ley para la protección de inversiones denunciadas ya en su día por quienes denunciaron en su día con éxito el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Esa ley permite a las empresas extranjeras reclamar daños y perjuicios ante tribunales especiales fuera de la jurisdicción del país afectado, lo que, según sus críticos y limita la capacidad de los gobiernos para legislar en beneficio de los ciudadanos.
Cuando se creó ese tratado, en 1994, se hizo sobre todo con la intención de proteger las inversiones en los países ex comunistas frente a eventuales intentos de confiscación o de decisiones arbitrarias por parte de sus Gobiernos.
Pero desde entonces, la Carta se ha convertido más bien en un problema tanto a ojos de la Comisión Europea como de muchos países de la propia UE.
Para Cornelia Maarfield, de la organización ecologista “Climate Action Network Europe”, la Carta de la Energía es como “una espada de Damocles que impide los esfuerzos de los países contra el cambio climático”.
La Unión Europea tiene la intención de reformar ese documento al menos en dos puntos: quiere primero proteger mejor a los Estados frente a las demandas presentadas ante esos tribunales especiales, reforzando la independencia de estos últimos órganos.
Al mismo tiempo se propone acabar gradualmente con la protección de que todavía gozan las energías fósiles, aunque en un primer momento se haga una excepción con las infraestructuras para el transporte de gas.
El problema es que la reforma de la Carta ha de obtener el apoyo de los 54 países signatarios, entre ellos algunos como Azerbaiyán y Kazajistán, fuertes exportadores de ese tipo de energías.
Debido a que apenas se avanza en la reforma que quiere la mayoría, hay quienes abogan por el total abandono de ese tratado como hizo ya Italia en 2016.
Según el diario alemán Frankfurter Allgemeine, también Francia, España y posiblemente Polonia están decididas a seguir los pasos de Italia, algo que cuenta con el apoyo de un grupo de 140 europarlamentarios, socialdemócratas, verdes y liberales, fundamentalmente.
“Cada día que pasa, es un día perdido para la transición energética”, se lamenta la eurodiputada de los Verdes Anna Cavazzini, citada por ese periódico.
El problema es que aun cuando denunciaran el tratado, sus ex signatarios no estarían totalmente a salvo de eventuales demandas empresariales hasta transcurridos veinte años.
De ahí que algunos propongan que los países que optasen por abandonarlo firmaran un acuerdo multilateral por el que renunciasen a eventuales demandas.
Pero no todos los países están de acuerdo, y así Luxemburgo, Suecia, Hungría y Malta se oponen mientras que Alemania confía en que sea todavía posible introducir algunas reformas en el documento.
Este último país ha sido hasta ahora objeto de tres demandas en el marco del acuerdo de protección de inversiones, pero las empresas alemanas han presentado a su vez demandas en veintinueve ocasiones, la mayoría de ellas, contra las energías renovables.
