La irresponsable actitud del Partido Popular en relación con la imprescindible renovación de los jueces que constituyen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) forma parte de la tradicional manera de hacer oposición de la derecha española. Cuando el PP está en el Gobierno exige al resto de partidos políticos cumplir a rajatabla los plazos de renovación de todos los cargos establecidos en la Constitución y leyes orgánicas, como el también pendiente defensor del pueblo, sin posibilidad alguna de que el PSOE establezca cualquier objeción. Casualmente (nótese la ironía) el PP siempre está dispuesto a renovar el máximo número de cargos y órganos judiciales o administrativos posibles cuando preside el Gobierno con holgada mayoría. Sin embargo, cuando está en la oposición, pone todas las trabas posibles para no acatar el mandato constitucional que exige a los partidos políticos renovar determinadas instituciones por consenso siguiendo con ello el espíritu de la Constitución. Esta manera de hacer política, en cualquier caso, no es nueva. Pablo Casado no ha inventado nada. José María Aznar la puso en marcha a principio de los años 90.
A todo ello hay que sumar la clamorosa falta de formación jurídica de Pablo Casado. Cuando se escuchan sus reflexiones jurídicas sorprende que no haya nadie en la sede de Génova que le pueda indicar de manera previa qué tiene que decir. Cuando expone sus argumentos motivando su traición a la Constitución Española y al consenso que la originó negándose a pactar la renovación de los cargos del CGPJ resulta difícil contener la risa. Los españoles debemos agradecer que Adolfo Suárez se hiciese cargo del centro derecha español en los años inmediatamente posteriores al franquismo. Si Casado hubiese sido entonces, acompañado por Teodoro García Egea y Cuca Gamarra, el líder de la derecha en España, la transición no hubiera sido posible.
La Constitución Española estableció un sistema de elección de los vocales del CGPJ acorde con el espíritu de concordia y la necesidad de buscar acuerdos que presidió su redacción. En 1985 el Congreso de los Diputados aprobó su concreción mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial estableciendo que de los veinte integrantes diez serían elegidos por el Senado y los otros diez por el Congreso de los Diputados. En ambos casos la elección se hace entre jueces y magistrados por un lado y por otro entre juristas de reconocido prestigio. Esta decisión fue más tarde avalada por el Tribunal Constitucional. Durante todos estos años el Partido Popular no ha esgrimido ningún impedimento a este sistema de elección. Más bien al contrario. Basta recordar el famoso mensaje de whatsapp de Ignacio Cosidó en 2018 a sus compañeros de partido en el que afirmó que, gracias al acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el CGPJ, el Partido Popular iba a poder controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es decir, la sala competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. Tras hacerse público este mensaje el acuerdo se desbarató.
La LOPJ de 1985 fue reformada mediante la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, en el sentido de que a partir de entonces las asociaciones de jueces pueden presentar en el momento de la renovación de los cargos una lista de 36 candidatos de los cuales el Congreso elegirá a seis y el Senado a otros seis del total de veinte de que consta el CGPJ, además del presidente. Por tanto, los jueces y magistrados tienen un importante papel en la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces por mucho que Pedro Casado crea que con su reivindicación de un CGPJ elegido únicamente por jueces va a suponer un cambio a mejor. En realidad, detrás de la intencionalidad de la derecha se esconde un doble deseo. Por un lado, sabe el PP que de las cuatro asociaciones de jueces que existen a día de hoy en España, tres son conservadoras y una progresista. Un CGPJ de mayoría conservadora sería muy útil al PP para implantar leyes de tinte conservador por cuanto el CGPJ tiene atribuidas funciones que van más allá de la simple organización administrativa. Además, el PP está interesado en esperar, para elegir o renovar cualquiera de los órganos pendientes de hacerlo, a que se celebren las próximas elecciones generales por cuanto las encuestas le otorgan una subida en intención de voto por el descalabro de Ciudadanos y el estancamiento de VOX.
Y, por otro lado, en España, el mundo de la justicia y del Derecho en general, con el paso de los años, se ha convertido en poco menos que un gremio a la usanza medieval donde los hijos e hijas heredan el oficio de los padres. Es muy común que de jueces, catedráticos y abogados salgan vástagos con la misma actividad profesional, algo que no debería sorprender en realidad. Si se tienen en cuenta los juegos de favores que existen en la elección de los vocales del CGPJ que no ocurrirá en escalones inferiores. El problema reside en que de jueces y catedráticos conservadores suelen salir hijos de ultra derecha. Se ha puesto de moda.
