La enésima astracanada protagonizada por la concejal de Acción Social y Familia, Educación y Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, la edil del PP Julia Llopis, ha sido dar fe pública de su incompetencia al anunciar por escrito que renunciaba a 500.000 euros de la Generalitat para la programación de actividades extraescolares. Hasta aquí, no se conocía otro caso de una Administración que rechazara de plano una transferencia de dinero de otra para sufragar servicios destinados a los ciudadanos, y lo pregonara a los cuatro vientos, alardeando de su ineptitud para gestionar. De hecho, críticas a las formas y los plazos de ese tipo de ayudas ha habido siempre, pero ninguna de las grandes poblaciones de la provincia, con independencia de qué partidos gobiernan en cada casa, las había rehusado, tal como publicó este periódico.
El alcalde Barcala, prisionero siempre de los guiones que otros le escriben, salió presto a respaldar el disparate. Pero era de tal calibre que no ha podido aguantar la presión más que unos cuantos días. Primero, anunció que para compensar los 500.000 euros de la Generalitat que su concejal había despreciado, el Ayuntamiento aportaría de sus propios fondos 125.000. O sea, el dislate pasaba a la categoría de sinsentido. Finalmente, en una entrevista concedida a Radio Alicante, Barcala acabó el viernes por rectificar en toda regla y anunciar que el Ayuntamiento sí tramitaría la llegada de ese dinero de la conselleria de Educación, desautorizándose a sí mismo y, sobre todo, a la edil que, sin embargo y sin que atisbemos la razón para ello, no ha sido cesada de sus cargos todavía. Con lo bien que luciría de tránsfuga en Vox. Y lo que ganaría la ciudad con su cese en unas competencias que tantas veces ha demostrado ser incapaz de ejercer.
Si los electores acaban comprobando que Barcala ha desperdiciado los cuatro años que le concedieron, ¿cree el PP que le van a renovar por otros cuatro más?
No se atreverá a tanto Barcala. Es un político demasiado timorato para ello, aconsejado por gente que no confía en él y que basa su supervivencia (la de ellos) en que el alcalde no ejerza como tal, sino que haga a lo sumo de youtuber y nos cuente, en edulcorados vídeos cuya presentación mejoraría cualquier crío recién destetado, no lo que quiere hacer con esta ciudad, sino lo feliz que era de pequeñito comiendo «coyotes» y bollitos con helado. Pero al menos se espera que la semana entrante corrija el otro grave atropello perpetrado en las últimas fechas por el gobierno que preside. Me refiero al protagonizado por el concejal de Ciudadanos José Luis Berenguer, que en plena crisis postpandémica ha anunciado que triplicará el precio que pagan los niños que usan las piscinas municipales, «porque el Ayuntamiento no debe competir con los clubes privados». Pocas veces se ve una declaración tan palmaria de estulticia.
Para ejemplificar la inutilidad de tratar de hacer asimilar lo obvio a quien no quiere comprenderlo, los matemáticos cuentan el viejo chascarrillo del tipo que al final de una absurda discusión dice aquello de «vale, dos y dos serán cuatro, pero tampoco lo magnifiquemos». Así que si el señor Berenguer no entiende una obviedad como que los ciudadanos lo pusieron en el cargo para defender los intereses generales, y que es al servicio de estos, y no de los negocios privados, a lo que debe estar un concejal, explicárselo resulta inútil. Lo que hay que hacer es pararlo. Porque a la chita callando Berenguer se está cargando una de las pocas cosas que, mal que bien, venían funcionando en Alicante desde hace décadas: las escuelas municipales deportivas. De hecho, a mediados de junio el concejal envió un mensaje a todos los padres con hijos apuntados en dichas escuelas en el que, textualmente, las daba por finiquitadas. El mensaje decía, en su parte resolutiva: «Es por ello que, dando por amortizados los objetivos que en su día se plantearon con la puesta en marcha de las escuelas deportivas municipales, no se procederá a la renovación de los inscritos la pasada temporada». ¿Va a permanecer Barcala impasible ante esta nueva cacicada o tomará, aunque sea tarde y forzado, cartas en el asunto como ya ha tenido que hacerlo repetidamente en el caso antes citado de la edil Llopis?¿Estamos por los niños o por los clubes, alcalde?
Alguien debería aclararle al edil que el asociacionismo deportivo que dice defender no se fomenta triplicando las tasas que pagan los vecinos ni cerrándoles directamente las puertas de las instalaciones municipales para que los padres tengan que buscarse la vida, sino en todo caso programando actividades de las que esas asociaciones puedan formar parte sin incrementar el coste para los contribuyentes. Eso no es de izquierdas ni de derechas, sino de sentido común y más viejo que la pana. Pero del grupo municipal de Ciudadanos que precisamente dirige de facto José Luis Berenguer sólo cabe ya esperar que lleguen las elecciones y, con ellas, su desaparición. Se lo habrán ganado a pulso. Pocas veces se ha conocido un conjunto de supuestos políticos más inane. El único concejal de Cs que trabaja es Adrián Santos, responsable de Urbanismo. Pero lo llamativo es que Santos destaca, no por ser un gran político, sino por ser un buen técnico. Si cuando acabe este mandato la ciudad está mejor en materia urbanística que cuando empezó, será porque se dedica a arreglarla, no porque haya puesto en marcha la transformación que necesita.
Así está Cs. Pero el PP no está mucho mejor: si tuviéramos que hacer un equipo de fútbol-cinco con los gestores populares, no habría partido. Porque el problema de este Ayuntamiento, poblado de concejales que cobran mucho por no hacer absolutamente nada, en el mejor de los casos, o que se dedican a exhibir su feliz ignorancia (o su despreocupado cinismo) desmontando lo poquito que funcionaba sin articular alternativas que no sean de patio de colegio; la maldición, digo, de este gobierno municipal es que es cualquier cosa menos un gobierno. ¿Cuáles son las funciones básicas de un gobierno? Tres: diseñar, planificar y ejecutar. Díganme cuál de estas tres condiciones cumple el equipo que está al frente del Ayuntamiento de Alicante.
Se espera que también desautorice al jefe de Ciudadanos, que está desmontando las escuelas deportivas «para no competir con los clubes privados». Fuera caretas, pensará
Fruto de una imprevisible sucesión de carambolas, Luis Barcala se alzó con la vara de mando del Ayuntamiento de Alicante cuando apenas quedaba un año para que expirara el anterior mandato, sustituyendo a un gobierno desquiciado que había arruinado las expectativas que generó entre los ciudadanos la vuelta al poder de la izquierda después de más de dos décadas de penar en la oposición. Lo tenía fácil para salvar los meses que quedaban hasta las siguientes elecciones: dado que Echávarri, Pavón y cía. habían puesto a la ciudad de los nervios, se trataba literalmente de no hacer nada para darle tiempo a recuperar la calma. Limitarse a tramitar el día a día, sin meterse en jardines. Así lo hizo, aunque con un éxito discreto: el PP logró tras los comicios conservar la Alcaldía, pero creciendo apenas un concejal, el que perdió Ciudadanos, y quedando por tanto muy lejos, con 9, de la mayoría absoluta, que son 15. En términos electorales, el durísimo enfrentamiento entre el socialista Gabriel Echávarri y el líder de Guanyar, la marca blanca con que en 2015 se habían presentado a los comicios Podemos y EU, Miguel Ángel Pavón, acabaron pagándolo caro estos últimos, que perdieron nada menos que cuatro de los seis concejales que antes habían logrado, y en menor medida Compromís, que bajó uno. Esos «escaños» fueron para el PSOE, que pasó de 6 a 9, empatando a ediles con el PP, y para Vox, que irrumpió con dos.
La concejal de Acción Social y Familia, Sanidad y Educación ha pregonado su incompetencia para gestionar renunciando a fondos de la Generalitat. Barcala ha tenido que rectificar
La lectura de esos resultados debió servir de aviso para navegantes: no moverse le había valido a Barcala para mantenerse sobre la tabla, pero si quería llegar a la orilla y dejar de ser un náufrago a expensas de los cabos interesados que quisieran echarle unos u otros, tenía que ponerse a remar. No lo ha hecho todavía en este segundo mandato y se le va agotando el tiempo. La pregunta lógica es por qué los ciudadanos van a renovarle por cuatro años más si acaba desperdiciando los cuatro que ya le concedieron. Hacerse el muerto tiene el peligro de que los demás concluyan que lo estás y te entierren.
Cuidado con las serpientes
Alfred Boix es una de las piezas claves dentro del organigrama de mando del Palau de la Generalitat. Hombre de la absoluta confianza del presidente Puig, desempeña la secretaría autonómica de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, epígrafe este último por el que algunos pensábamos, erróneamente, que su relación con Alicante iba a ser más fluida. No habrá tenido tiempo, ya que debe encargarse también de coordinar la actividad del Consell para que, siendo fruto de una coalición de varias fuerzas políticas, actúe como un solo gobierno. Por nadie que pase.
Acompañado de Toni Such, otro de los hombres del presidente, director general de Administraciones Públicas, Boix se dejó caer por aquí esta semana para reunirse con el presidente del PP, Carlos Mazón, e intentar encontrar un marco de convivencia entre la Generalitat y la Diputación de Alicante hasta las próximas elecciones.
No se avanzó mucho en esa materia, lo que a estas alturas resulta lógico, porque ya estamos en la precampaña de unas elecciones en las que Puig y Mazón se enfrentarán directamente por la jefatura del Consell. Pero también llamó la atención la aparente falta de preocupación de los cargos socialistas sobre los efectos que para su partido y su gobierno puedan tener episodios como el del reparto de los fondos de la Agencia Valenciana de Innovación, que como saben han ido a parar a Valencia en un porcentaje de entre el 80 y el 89% de los 58 millones en total distribuidos.
De ser cierta la versión que posteriormente transmitió Mazón de la conversación, de la que no hay por qué dudar, Boix y Such vinieron a decir que la polémica por esta desproporción no era más que una «serpiente de verano» y que, en todo caso, el que se sintiera perjudicado podía reclamar por la vía legal correspondiente. Y sentarse a esperar que las ranas críen pelo, añadiría yo.
Es evidente que no están dimensionando el problema, algo que ya hemos visto otras veces en situaciones similares. No se han dado cuenta de que aquí ya se ha pasado del huevo (la pasta) al fuero (la discriminación). Si quieren empezar a entender el profundo malestar que hay sólo tienen que leer las declaraciones de ayer de alguien tan comedida como la rectora de Alicante, Amparo Navarro. O la enorme incomodidad que evidencia el rector de Elche, Juanjo Ruiz, cada vez que se le pregunta por este tema. Yo no me tomaría a broma una serpiente en ninguna estación del año. Puede ser letal cuando muerde, haga frío o calor.
