El president Puig respondió esta semana a una pregunta de la periodista Ángels Barceló sobre si iba a adelantar las elecciones autonómicas afirmando que tal cosa ni está en su agenda, ni en sus pensamientos, ni en sus sueños. Pero recordó a continuación que en política nunca se puede decir de este agua no beberé. O sea, la doctrina Romanones: nunca, jamás... de momento.
Y es que el conde siempre explicaba a sus conmilitones que cuando decía de algo que «nunca, jamás» lo haría, había que entender que se refería a su disposición en el momento presente, sin extraer de sus palabras conclusiones que pudieran extenderse al futuro. A Ximo Puig hay que interpretarlo de esa manera. El president es sincero cuando sostiene, en público y en privado, que no tiene intención de adelantar las elecciones. Pero no lo es cuando afirma que eso no está ni en sus pensamientos, ni en sus sueños, porque desde al menos el pasado mes de julio es un asunto que se está valorando en el Palau. Y que hoy por hoy no esté dispuesto a firmar el decreto de disolución de las Cortes no significa que no vaya a hacerlo en un futuro, si no inmediato, sí cercano.
Mónica Oltra ha vuelto a tirarse al monte con el presupuesto de la Generalitat. Que no se aprobara sería la excusa perfecta para convocar comicios de forma anticipada
A ver: Puig está convencido de que el mayor valor que puede aportar a los ciudadanos en tiempos convulsos como éstos es el de la estabilidad. Que lo mínimo que tienen derecho a exigir los gobernados es que sus gobernantes estén dedicados a la lucha contra la pandemia y a la recuperación de la grave fractura económica y social que esta ha provocado y no a cálculos partidistas. Sin embargo, la renovación puesta en marcha por el PP, que le convierte de nuevo en alternativa; la necesidad de dar impulso al Consell, difícil de conseguir mediante una remodelación demasiado enrevesada para los frutos que realmente podría ofrecer; y las tensiones que constantemente sufre el Botánico debido a las diferencias entre los partidos que lo forman, diferencias que, se haga lo que se haga, irán in crescendo en la misma medida en que se vaya consumiendo legislatura; todo eso, digo, hace muy improbable que el mandato actual llegue a su término en 2023. La cuestión, por tanto, no es si las elecciones autonómicas se van a adelantar, sino cuándo tendrán lugar. Los asesores del presidente le presionan para que apriete el botón nuclear ya: ir a elecciones a principios de año, incluso convocar a finales de este, una vez superados los congresos, federal y nacional del PSPV-PSOE, que el partido celebrará entre el 15 y el 17 de octubre, en Valencia, el primero, y entre el 12 y el 14 de noviembre, en Benidorm, el segundo, donde se bendecirá la reelección de Ximo Puig como secretario general de los socialistas valencianos. A lo más tardar, los consejeros de Puig apuestan por llamar a las urnas en marzo o abril, todo ello mirando siempre de reojo a lo que haga en Andalucía Juan Manuel Moreno, a quien Puig visita esta semana que empieza a la búsqueda de alianzas para reformar la financiación autonómica.
En 2019, Puig fue el primer president de la Generalitat que usó los poderes que le confiere el Estatuto tras su última reforma y cambió el calendario electoral para separar las elecciones municipales de las autonómicas y hacer coincidir estas últimas con las elecciones generales. Pero eso fue un movimiento táctico (a Puig las encuestas y la intuición le decían que le convenía ir a las urnas junto a Pedro Sánchez, justo lo contrario de lo que ocurre ahora), que supuso un acortamiento de la legislatura de apenas un mes: las urnas para votar a las Cortes Valencianas se abrieron en abril, en vez de en mayo. Esta vez, sin embargo, si Puig atendiera los consejos de muchos de los que le rodean, el adelanto sería como mínimo de un año.
¿Hay excusa para acortar tanto el mandato? La habría si no se aprobaran los presupuestos. Consciente o inconscientemente (no porque no sepa lo que hace, sino porque no haya calculado bien el riesgo), Mónica Oltra está dando alas a esta opción. Ya es un clásico que la líder de Compromís utilice la negociación de las cuentas de la Generalitat para marcar territorio y escenificar, con el mayor dramatismo posible, las diferencias entre Compromís y el PSPV, los dos principales socios del Gobierno del Botánico. Lo que ocurre es que el peligro de llegar más lejos de lo que se pretende se acrecienta conforme discurre el mandato y que, además, estas peleas no se entienden por el electorado no militante, que es el mayoritario, y que las juzga muy negativamente. Políticamente, sus protagonistas considerarán el asunto de suma importancia, ¿pero de verdad creen que hay algún ciudadano que vaya a entender que el presupuesto del que depende su bienestar quede colgado el primer día porque resulta que el conseller de Hacienda ha convocado a la vicepresidenta de Compromís la misma jornada, pero a distinta hora claro, que al vicepresidente de Podemos? Pues esa es la ridícula excusa que han dado a la enésima crisis abierta esta semana. Y la solución para sofocarla ha sido empeorar aún la imagen de disenso que ofrecen. Resulta que ahora serán los segundos y terceros, de subsecretario para abajo, los que ahormen el nuevo presupuesto constituyendo una comisión sin participación de sus respectivos jefes, sean vicepresidentes o consellers, que no estarán en la sala durante sus reuniones. Dado que hacer el presupuesto es la tarea más importante que tiene en el año un Gobierno, ¿eso no es hacer un reconocimiento expreso de la incompetencia de los miembros del actual Consell y su incapacidad de anteponer los intereses generales a los particulares? Si tienen que resolver el asunto más trascendental sobre la mesa del Consell los subalternos porque los jefes no se soportan, ¿el mensaje que están mandando no es que hay que cambiar de jefes? La última vez que en este país una comisión de subsecretarios tomó el mando fue porque el Gobierno y los diputados estaban secuestrados por un guardia civil golpista, o sea que el precedente no puede ser de peor recuerdo.
Los socialistas manejan encuestas que les dan hasta seis puntos más que al PP, pero en las que Unidas Podemos no obtiene representación al no llegar al 5% de los votos
Así que, con Mónica Oltra otra vez queriendo echar a Compromís al monte, y Podemos refocilándose en su crisis permanente muchos de los cerebros del PSOE consideran que Puig tiene que aprovechar las coartadas que sus socios no paran de brindarle para convocar cuanto antes las elecciones autonómicas, porque eso le permitiría salir de debajo de la sombra ahora tóxica de Pedro Sánchez, hacer una campaña de perfil propio, beneficiarse de la evolución en estos momentos positiva (dentro de lo negativo que es todo) de la pandemia, impulsarse por la esperanza de recuperación que atesora la ciudadanía y coger al PP, no desprevenido, pero sí sin haber podido terminar de montar el nuevo proyecto que encabeza Carlos Mazón. «No vamos a estar mejor mañana de lo que estamos hoy, así que... ¡les’t go!», insisten.
El president, no obstante, mantiene serias dudas. Sigue pensando, como he dicho, que el mayor valor político en estos tiempos es mantener la calma y trasladar sosiego. Tiene claro que no sería admisible forzar los plazos legales para, yéndose al otro extremo, agotar la legislatura y convocar elecciones conjuntamente con las municipales, como también está convencido de que esta vez no le conviene mezclar los comicios en la Comunidad Valenciana con los nacionales. Pero eso le lleva, no sólo a adelantar, sino a convocar por primera vez a los ciudadanos a las urnas sólo para votar autonómicas, lo que puede disparar la abstención.
Puig dice que no está en su pensamiento adelantar las elecciones en la Comunidad Valenciana. En el suyo puede que no, pero su equipo lleva valorando pros y contras desde antes del verano.
¿Y qué dicen las encuestas? Tanto el PSOE como el PP planifican ya su día a día con ellas sobre la mesa. La última de los socialistas les da una ventaja de alrededor de seis puntos sobre el PP, deja a Compromís con un resultado algo por detrás del que obtuvo en 2019 y pronostica que ni Cs ni, lo que es peor para sus intereses, Podemos, tendrán representación en las Cortes. No obstante ello, según sus analistas, el resultado final permitiría a Puig seguir presidiendo el Consell. La del PP sólo coincide en lo de que Ciudadanos desaparece. Su encuesta les da a los populares un empate técnico con el PSOE (sólo les coloca cuatro décimas por debajo), constata un retroceso de Compromís y sí contempla que Podemos esté en el Parlamento autonómico, al otorgarle una intención de voto del 6%. En lo que inciden los encuestadores del PP es en que Vox experimentaría un notable incremento, gracias fundamentalmente al voto cosechado en la ciudad de Valencia y la provincia de Alicante, que le llevaría a convertirse en la tercera fuerza política, por delante de Compromís, con un 18 por ciento de los votos, ocho puntos más que los que obtuvo en las anteriores elecciones. La encuesta popular, que por supuesto concluye que de haber elecciones ahora el PP se haría con el poder gracias a comerse la mayor parte del voto de Cs, pero tendría necesariamente que gobernar con Vox, tiene una parte cualitativa muy interesante, en la que se señala que la fortaleza del PSOE reside en la buena valoración que de su gestión, sobre todo en la pandemia, hacen los electores. Mientras que las debilidades son, de un lado, la cuestión identitaria (los socialistas pagan los excesos nacionalistas de Compromís) y, de otro, el «defecto Sánchez». Al PP su encuesta le adjudica como fortalezas la percepción como gestor más eficiente y su política fiscal (por eso Mazón está anunciando bajadas de impuestos), pero en el apartado de debilidades sigue lastrado por la mochila de los casos de corrupción. En todo caso, las cuentas están lejos de estar claras ni en un sondeo ni en el otro.
Así está la baraja. Porque a los políticos y a los periodistas nos gusta pensar que esto es un juego de ajedrez. Pero las más de las veces la partida se disputa a las siete y media. A Puig le toca decidir, sabiendo lo que advirtió Don Mendo. Que en las siete y media, no llegar es un dolor. Pero pasarse es peor.
Palacio se reivindica
J.R.G
Los ciudadanos de Alicante se han sentido ninguneados con el trato dado hasta aquí por el Gobierno a esta provincia recortando los caudales de agua que recibe del trasvase Tajo-Segura. Aquí no se pide agua para especular, sino para mantener puestos de trabajo y una economía que funciona, sin que por ello dejemos de cumplir el compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Por eso, pedimos diálogo sobre el trasvase. Que no se escuche sólo a una parte. Que la sostenibilidad no se convierta en un arma arrojadiza de unos contra otros. ¿Es que el Gobierno piensa que somos unos irresponsables? ¿Es consciente el Gobierno del daño que puede causar a esta provincia? Necesitamos su ayuda urgente. Por eso le tendemos, no una mano, sino dos. Considérenos sus aliados en la lucha contra el cambio climático. Pero escúchenos.
No son palabras mías. Son, de principio a final, de Perfecto Palacio, presidente en Alicante de la patronal CEV, pronunciadas ante la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, en el multitudinario acto que el pasado jueves organizó este periódico, al que asistieron no sólo representantes del PSOE, encabezados por el president Puig, sino también la plana mayor del PP, con Mazón al frente, y la totalidad de los colectivos de regantes, que pudieron interrogar durante más de una hora a la vicepresidenta.
Después de meses desaparecido de los grandes temas, Palacio se reivindicó en una plaza exigente, ante un público entendido y en un papel sumamente difícil. Presentó a la vicepresidenta. Pero, sin perder la cortesía obligada, supo exponerle con contundencia la opinión de esta provincia sobre cómo está conduciendo un asunto trascendental. Al César lo que es del César. Si Palacio ha vuelto para hacer así las cosas, bienvenido sea. Falta, nos hace.
