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José María Asencio

Jueces de hoy y memoria

La Cruz de los Caídos en Elche, de la cual se retiraron hace años todos los símbolos franquistas, aunque este es el nombre con el cual ha sido conocida siempre

El problema de la memoria histórica española es que no es consciente del paso del tiempo y vive instalada en un pasado que no acaba de comprender que terminó hace medio siglo. Y se siguen haciendo valoraciones y reclamando medidas para poner fin a lo que es parte de la historia, para enmendarla, sin tomar conciencia de que la realidad es ajena a tales pretensiones.

Una de las más frecuentes es la de identificar la carrera judicial con el franquismo, con los tribunales de excepción tipo Tribunal de Orden Público, cuyos días se apagaron en 1977 y con una ansiada depuración, que reclaman, directa o indirectamente, de quienes hoy son hijos de otros tiempos. Depurar el pasado como reivindicación histórica, aunque los depurados sean tan distintos como lo es una sociedad diferente es algo que una equivocación. Y es tal el ansia de hacer “justicia” contra el franquismo recordado, que no se miden las consecuencias de los análisis, ni de los efectos de tales “justicias” con lo que dicen que debió ser.

Los jueces de hoy, incluso los que conforman los más altos tribunales, no vivieron el franquismo revestidos ya de sus togas. Eran jóvenes, en su inmensa mayoría estudiantes poco antes de o en la Transición, cuya referencia fue la Constitución, no las Leyes Fundamentales. No son jueces del franquismo, sino de la democracia; no aplicaron jamás aquellas leyes de apariencia constitucional, pero que no lo eran en sentido estricto. Intentar explicar la conformación social e ideológica de la judicatura del presente con elementos confusos, con visiones complejas de franquismos trasnochados, es algo más que un error y, sobre todo, torna en ligereza cualquier análisis riguroso llevando a conclusiones tan peligrosas, como contrarias al Estado de derecho.

Hay que liberarse de la historia, no ser esclavo de ella, cejar en esa ansia de transmutarla en lo que nunca fue y menos aún pretender alterar el hoy para que pase cuentas al ayer que solo es recuerdo en la inmensa mayoría de los que ya pintamos canas y nada en los jóvenes nacidos y criados en la democracia.

Los jueces no son de derechas o de izquierdas por ser jueces y menos aún por aplicar la ley, por someterse a ella. Son y eran jueces y, por tanto, sujetos al ordenamiento jurídico, aquí, allí, antes y ahora. El positivismo, es decir, la aplicación de la ley conforme a sus términos y la interpretación excepcional no son reflejos de un juez pasivo o derechista, sino exactamente lo contrario, el de un Juez que cumple su papel en el sistema de la división de poderes en el que los jueces no legislan, ni siquiera indirectamente.

Los jueces franquistas aplicaban la ley vigente, como los de hoy lo hacen por imperativo constitucional. Y no es posible negarse a cumplirla alegando motivos de conciencia. Qué dirían los que critican esa sujeción si un juez se negara a aplicar la ley o interpretara las normas conforme a sus preferencias ideológicas. Claro está que ahí reside el error, fruto a veces de la escasa flexibilidad en el entendimiento de las distintas alternativas, el de considerar que solo es posible una interpretación, la que debe promoverse, mientras que otras son expresión de la pervivencia del franquismo sociológico.

Los jueces no pueden crear derecho en nuestro sistema, aunque lo hagan en otros en los que la legitimación deriva de las elecciones o de nombramientos políticos. Pero ese sistema es mucho menos garante que el nuestro. Que no lo duden los que reclaman elegir a los jueces, que sean y tengan las mismas “cualidades” que muchos de los políticos que rigen nuestros destinos con esa profesionalidad, mesura y rigor que les reconocemos. Imaginar a los jueces en listas partidistas es toda una pesadilla. Son lo que nos queda para asegurar una necesaria certeza y para controlar a quienes, hoy y eso no es memoria, sino realidad, se rigen por otros objeticos: la victoria y el poder, ambos legítimos en su ámbito. Esa es una diferencia que debe mantenerse y ser tomada en consideración antes de sucumbir a pedir, para acabar con el franquismo judicial imaginado, la elección de los jueces en comicios y listas y encuestas.

Los jueces deben aplicar la ley. No es reaccionaria esta afirmación, sino revolucionaria. Sigue siéndolo tras más de dos siglos de la Revolución Francesa que quiso acabar con los jueces del Antiguo Régimen. Crear derecho judicial, contra la ley, se opone a la división de poderes, pues la ley es fruto del Legislativo. Demandar jueces que sustituyan a este último Poder confunde términos y, sobre todo, los expone a presiones externas, las provenientes de quienes les exigirían interpretaciones proclives a sus intereses. Un poder político en manos de políticos.

No es ese el camino. Es el contrario el que debe promoverse. Jueces funcionarios, preparados, estables, sometidos solo y exclusivamente a la ley, que no hagan “justicia”, competencia de los otros poderes, sino que apliquen la norma a todos, incluso a quienes desean que ésta se someta a principios siempre propios y no necesariamente compartidos.

La judicatura no es de derechas, ni los jueces provienen de familias de jueces. No es cierto lo que se repite. Ni la oposición crea monstruos. Tampoco las decenas de ellas que existen lo hacen.

Quiero jueces y políticos, no jueces políticos, ni políticos jueces. Es fácil. Solo hay que aplicar la Constitución. Y espero que algún día alguien sensato diga que la guerra, aquella, ha acabado. Hágase la paz.

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