En Alicante, llevamos tiempo comprobando como, desde algunas instituciones, parece haberse instalado una política de “todo vale” que las lleva a promover cualquier disparate ajeno a sus cometidos, contando con el silencio o la pasividad de los sufridos ciudadanos. Son tantos los ejemplos que darían para llenar este diario, pero todavía recordamos que tuvimos al frente de Casa Mediterráneo a una directora que presumía públicamente de organizar eventos de la institución diplomática fuera de nuestra ciudad, alegando que Alicante carecía de servicios adecuados para acogerlos, anunciando al mismo tiempo que dedicaría esta sede del Ministerio de Asuntos Exteriores a la organización de bodas y bautizos. Cuesta creerlo, ¿verdad?
Ahora parece que le toca al Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, organismo dependiente de la Diputación de Alicante que ocupa la famosa “Casa Bardín”, en la calle San Fernando. Creado en el año 1953 como Instituto de Estudios Alicantinos, surgió con el propósito de conocer, divulgar, apoyar y promocionar la cultura alicantina en todas sus manifestaciones y expresiones, así como a los creadores y al propio patrimonio cultural. Posteriormente, en el año 1983, cambió de nombre, pasando a denominarse Instituto Alicantino de Cultura (IAC) Juan Gil-Albert, en homenaje al escritor alcoyano, formando parte de la confederación española de centros de estudios locales, una red de instituciones que trabajan por la promoción y el impulso a la cultura local en diferentes territorios del país.
Es verdad que, tras las pasadas elecciones municipales, el IAC atravesó una etapa de interinidad e incertidumbre relacionada con los cerca de dos años que sus responsables en la Diputación tardaron en designar a la dirección, un tiempo a todas luces injustificado. No parece que Ciudadanos, partido del que depende la institución en la Diputación, sea muy eficaz en su política de nombramientos a juzgar por lo sucedido en el Gil-Albert o lo que ocurre todavía en el Patronato Municipal de Turismo o en el Teatro Principal de Alicante, cuyos máximos puestos de dirección siguen vacantes todavía, treinta meses después de las últimas elecciones, sin importar a sus concejales delegados del partido naranja.
Una vez que el equipo directivo asumió sus funciones, el Gil-Albert reanudó la programación de las distintas áreas, apareciendo algunas actividades llamativas, que nada tienen que ver con la promoción de la cultura alicantina. Así, el 4 de octubre el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (es importante no olvidar la institución organizadora) promovió una sesión denominada “Los criptoactivos y las monedas virtuales”, a cargo de uno de los despachos financieros privados más importantes del mundo, KPMG, presente en 147 países.
Las criptomonedas, o monedas virtuales, son uno de los elementos más novedosos y controvertidos de la llamada economía digital, convertidas en una valiosa herramienta para criminales y especuladores imprudentes. Presentadas como un sistema de dinero alternativo que no está controlado por los gobiernos y bancos centrales, se basa en tecnología “blockchain” que permite transferir dinero de una persona a otra de manera privada y reservada. Todo ello ha hecho que hayan atraído la atención de los delincuentes por ser fáciles de ocultar, de difícil acceso y rastreo, estando depositadas en la nube de manera virtual.
Son muchos los datos que evidencian que, lejos de representar un avance social o económico, de mejorar la economía y ponerla en manos de las personas de una manera casi libertaria, podemos estar dando una nueva vuelta de tuerca en el control minoritario de la economía global, impulsando más elementos que dañen y destruyan todavía más el planeta por sectores minoritarios, dotados de medios y tecnologías al alcance de muy pocas personas. Al mismo tiempo, con mayor frecuencia se conocen numerosas estafas promovidas por “criptosinvergüenzas” que, amparados en el anonimato, ofrecen las tecnologías informáticas de “blockchain” en la nube para captar los ahorros de codiciosos inversores incautos.
La preocupación por la utilización de criptomonedas para dar amparo a actividades criminales de todo tipo ha llevado a instituciones como Naciones Unidas o la Unión Europea a pedir con urgencia su regulación mundial para evitar que se conviertan en refugio de la delincuencia global, algo que hoy día es una realidad. Según estimaciones de Nouriel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York, hasta el 99% de todas las transacciones de criptomonedas son blanco sistemático de hackers de todo pelaje, que han encontrado en estas criptodivisas un suculento e imperseguible negocio, ya que, a diferencia del dinero real, cuando este dinero virtual es hackeado, se pierde para siempre, sin posibilidad alguna de recuperación o reclamación.
Por no hablar del disparatado consumo de energía eléctrica requerido para alimentar los equipos que descifran y desencriptan los bloques de información de las monedas virtuales. En estos momentos, se calcula que la minería de criptomonedas a nivel mundial exige tanta energía eléctrica como la que consume un país como Argentina, estando en continuo aumento. Así, según un informe de la Universidad de Cambridge, solo una de las criptomonedas, el bitcoin, consumiría al año 148 teravatios por hora, mientras que el consumo de toda Argentina alcanzaría un pico de 120 teravatios, algo injustificable en plena crisis de la energía que ha generado alarma mundial.
No parece que algo ajeno a la cultura alicantina, elemento de hiperespeculación financiera e instrumento privilegiado de actividades criminales merezca la cobertura y el apoyo de una institución pública como el Gil-Albert, que tiene a muchos otros creadores y expresiones culturales en el olvido.
