En nuestro país acuñamos frases y expresiones que estrujamos al límite durante meses y años en los medios de comunicación hasta que pasan de moda y son sustituidas por otras. Recordemos por ejemplo la “prima de riesgo” del año 2008 que nos inundó de zozobra hasta que nos explicaron que sólo era peligrosa aquella que mantenía relaciones íntimas con un tal Bono Alemán, quedando libre de toda mácula la prima Carmen que muchos solemos tener en cualquier ciudad. Luego vinieron la “líneas rojas”, aquellas que Rajoy prometió no rebasar nunca y que efectivamente el hombre no las rebasó, se limitó a pulverizarlas y hacerlas añicos. Posteriormente apareció el “155”, famoso artículo de la Constitución, el “techo de gasto”, el impopular “megavatio”, las coladas del volcán canario... Cada uno de estos temas ocupó horas y horas en telediarios y tertulias televisivas hasta que era reemplazado por el siguiente, inexorable ley de vida. Sin embargo, la frase que titula este escrito puede ser, ojalá que no, la que pronuncien a corto plazo docenas de personas a las puertas de entidades bancarias y otros dependencias públicas y privadas, sin que la misma haya gozado de esa popularidad en los medios, pese a la trascendencia que empieza a tener en la vida cotidiana de todos nosotros. Atrás está quedando la esporádica llamada telefónica al restaurante de la montaña reservando mesa para el próximo domingo porque al ritmo que vamos pronto será necesaria hasta para poder tomar el café con tostada diario en el bar de la esquina. Hace un par de noches cené con un matrimonio amigo, surgió el tema en la conversación y me informaron que ya se están planteando tener relaciones íntimas mediante solicitud previa de cita previa, valga la redundancia. De momento sólo van a hacer una prueba.
Estas reflexiones vienen a cuento de que el pasado lunes le surgió a un servidor la necesidad de abonar factura a una notaría de Alicante mediante transferencia bancaria desde mi casa y mi ordenador, dadas las trabas que la entidad bancaria pone para hacerlo desde sus propias oficinas, como siempre las hice. Nada más marcar la opción “transferencia” me aparece en pantalla un aviso comunicándome que mi DNI está caducado y debo remitirles una fotografía de las dos caras del mismo en formato PDF. Y aquí empieza mi vía crucis, aunque todavía estemos a seis meses de semana santa, porque a ver cómo le explico a un cacharro lleno de microchips electrónicos que mi DNI caducaba a principios de octubre, que veinte días antes solicité cita previa para su renovación y me la concedieron para primeros de noviembre, un mes después de la caducidad, y que si les remito copia será del caducado que es el único que poseo, lo mismo que ellos. Ante la envergadura del problema opto por solicitar cita previa al Banco, llamo al teléfono habilitado al efecto y me atiende una voz enlatada, ofreciéndome la posibilidad de expresarme en seis idiomas para a continuación advertirme que la conversación va a ser grabada y explicarme una historia sobre la ley de protección de datos y donde puedo reclamar sobre ello. Tras casi minuto y medio de rollo que no necesito para nada, y mucho menos para hacer una transferencia, terminan por decirme que todos los operadores que deberían atenderme están ocupados y que vuelva a llamar pasados unos minutos. La entidad bancaria entiende, al parecer, que un cliente, en este caso un servidor, no tiene otra cosa que hacer que pasarse la mañana llamándoles por teléfono. Supongo que ésta forma de actuar es lo que suelen llamar en la propaganda “atención personalizada”. Obviamente hice dos llamadas más con el resultado esperado, los operadores seguían ocupados. Finalmente, y antes que los nervios estallaran, llamé a la notaría, les expliqué el caso, me aconsejaron calma a la vez que se solidarizaban conmigo pues no era el primer caso que se les presentaba sobre esta cuestión, y admitieron que les pagara en efectivo toda vez que la cantidad a abonar lo permitía la ley.
Recientemente los dos partidos políticos que han gobernado hasta ahora este país, PP y PSOE, han celebrado uno su Convención y el otro su Congreso, y cabe suponer que en estos cónclaves han tratado temas importantes. Sería oportuno que se ocuparan también de aquellos múltiples asuntos que bajo la apariencia de nimios son los que proporcionan calidad de vida a los ciudadanos, que no olvidemos, somos los que pagamos el circo. Y si para ello es necesario sacar tarjeta roja a quienes se están pasando de la raya, habrá que hacerlo. El gobierno puede decidir que las transacciones económicas a partir de determinada cantidad hayan de hacerse mediante cheque o transferencia para evitar el blanqueo de dinero, de acuerdo, pero habrá de dar facilidades a los ciudadanos para ello. Y sin embargo nos encontramos con el cierre de oficinas bancarias y cajeros en pequeñas y grandes poblaciones, con la insuficiencia de operadores para atender a los clientes y proporcionarles una simple cita, con el traslado de cajeros desde el interior a la fachada de la calle, con comisiones sin fin, y por el contrario, con los continuos ERES de mil, mil quinientos ó dos mil trabajadores. Algunos, en nuestra suprema ingenuidad creíamos que en democracia y estado de derecho ostentábamos la categoría de ciudadanos y no de vasallos. Confío en que no lleguemos a aquella situación medieval del “derecho de pernada” y que los gobernantes pongan coto a los incipientes abusos. De lo contrario en las próximas elecciones no votaré a un sólo partido, sino que los Botaré a todos, así, con B alta o B de Barcelona. Será lamentable, por supuesto, no es lo que me demandan mis principios, pero me dejan sin otra opción.
