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Más y mejor servicio público para la justicia

Una imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia, donde se encuentra la Audiencia. | ANTONIO AMORÓS

Mandatarios internacionales, economistas, politólogos, sociólogos y otros muchos pensadores debaten en los últimos años sobre la necesidad de avanzar hacia un mundo más igualitario. El acceso generalizado a los servicios públicos esenciales se sitúa normalmente como elemento absolutamente imprescindible para alcanzar esos logros que, contenidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030, suelen quedar ocultos frente a otros retos que parecen más urgentes, como es el caso de la necesaria transición energética que sirva para atajar el acelerado cambio climático.

Cuando a cualquier ciudadano se le pregunta por los servicios públicos esenciales suele pensar inmediatamente en la sanidad y la educación. Tiene todo el sentido, pues parecen las necesidades más perentorias y relevantes. Pero, como sucede con la agenda de desarrollo, en este aspecto también suelen quedar ocultos otros servicios públicos de enorme importancia que sustentan el principio de igualdad de derechos.

Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el de contar con un profesional de la abogacía cuando se tiene que afrontar algún tipo de proceso judicial, ya sea una detención, una agresión, una deuda, un divorcio, etc. Cuando la persona que necesita esa asistencia no dispone de los medios económicos precisos acude a lo que se conoce como el sistema de Justicia Gratuita. En el año 2019 –la pandemia ha desvirtuado las cifras del 2020-, más de 80.000 personas recibieron los servicios de un abogado de oficio tras acogerse a esta opción en la provincia de Alicante. El volumen de asuntos que la Justicia Gratuita atendió ese año en toda España se sitúa al borde de los dos millones.

La Justicia Gratuita es posible en nuestro país porque más de 45.000 abogados y abogadas dedican parte de sus conocimientos y su tiempo a atender a las personas que, necesitando su asesoramiento, no pueden afrontarlo por su escasez de medios. Como compensación por su trabajo, los letrados de oficio -1.846 en la provincia de Alicante- reciben una simbólica contrapartida que la mayoría de las veces apenas alcanza para pagar los desplazamientos y que en ningún caso compensa las muchas horas dedicadas a cada caso. A pesar de lo cual, nunca faltan en la profesión quienes están dispuestos a participar de esta encomiable labor.

Cerca de doscientos abogados y abogadas de toda España se van a reunir los próximos días 28 y 29 de este mes en el Colegio de Abogados de Elche para debatir precisamente sobre nuestro sistema de Justicia Gratuita. Durante dos intensas jornadas, se abordarán los cambios que ha introducido el nuevo reglamento y el modelo que debemos configurar entre todos para mejorar la asistencia y retribuir a los letrados de una forma más acorde al valor de lo que ofrecen. Siendo un sistema que los usuarios valoran como muy satisfactorio en la inmensa mayoría de los casos, no podemos conformarnos y queremos profundizar en aspectos como una progresiva especialización y, cómo no, reclamar un importante incremento de las compensaciones.

A quienes firmamos estas líneas nos corresponde la tarea de orientar el trabajo de las instituciones colegiales, puente de relación y entendimiento entre los colegiados y la ciudadanía, para hacerlas más eficaces en el cumplimiento de su obligación. Pero también darlas a conocer a la sociedad y explicar la importancia de mejorar nuestros servicios públicos esenciales para hacer avanzar nuestro país hacia esos objetivos de desarrollo cuyas metas son comunes pero que no podrán conseguirse sino a través de la aportación de miles de millones de comportamientos individuales.

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