El impuesto de plusvalía es, junto con las transferencias del Estado y los impuestos de bienes inmuebles (IBI) y de circulación, una de las principales fuentes de ingresos de nuestros ayuntamientos. La sentencia del Tribunal Constitucional, que anula este impuesto de plusvalía tal y como se había venido aplicando hasta ahora, es la tercera de una serie en la que el TC ha indicado "por entregas" y de forma inequívoca que había algo viciado en esta norma. No era posible que un ciudadano que vendía su casa tuviera que pagar un impuesto sobre el aumento de valor de su propiedad incluso si dicho aumento de valor no se había producido de forma efectiva. O incluso si el beneficio obtenido en esa operación estaba por debajo del importe del impuesto que pretendía cobrarse. Nadie quiso verlo. Ni Rajoy, que aún era presidente en 2017 cuando el Constitucional dio el primer aviso, ni posteriormente Sánchez. Ninguno de los dos hicieron nada para corregir esta norma que fijo Aznar en uno de sus dos gobiernos. Al fin y al cabo, con la financiación de los Ayuntamientos hemos topado. Este es un tema lo suficientemente complejo como para practicar una política del avestruz que es la que despliegan, habitualmente, los poderes "centralizados" y "centralizadores". Y eso, a pesar de que los ayuntamientos han sido la parte del Estado más ahorradora y han llegado a tener un superávit de más de 5.000 millones que Montoro no les dejaba tocar por la regla de gasto. Aún en el caso de que el Ministerio de Hacienda, como anunció ayer su titular, María Jesús Montero, cambie la norma para adaptarla a la sentencia, el impuesto está herido de muerte al anular ahora el TC la forma como se calculaba la base imponible, con un caprichoso incremento del valor de la propiedad que no ha tenido nunca en cuenta el mercado inmobiliario real. Mientras tanto, son los ayuntamientos los que se quedan compuestos y sin plusvalías. Perdiendo cantidades que en el caso de la provincia de Alicante, donde no nos faltan precisamente municipios turísticos donde esas plusvalías eran un ingreso fundamental, superan los 70 millones y además en un momento en el que están cerrando los presupuestos. El municipalismo necesita reivindicarse a sí mismo en España, en lo económico y en todo lo demás.
La incidencia actual del covid en Benidorm es algo más, sin dejar de serlo, que un asunto sanitario. La polémica que se ha generado en torno a las elevadas cifras actuales de incidencia ha demostrado que la falta de coordinación dentro del Consell puede producir efectos perversos. Vean por qué. La Conselleria de Sanidad no hace nada malo, a priori, cuando cumple con unos protocolos de vigilancia y da la alerta porque los casos se han disparado. Su cálculo de la incidencia cada 100.000 habitantes ha sido el mismo todo el verano que el actual y se ha hecho sobre la misma base de población, la residente sin incluir la flotante. Hasta ahora, hay que admitirlo, nadie se había quejado por esos cálculos. Sin embargo, cuando los datos se disparan en Benidorm a tasas de 273,9 contagiados por cada 100.000 habitantes y las televisiones empiezan a machacar con el tema, lo que solo era un mal dato se convierte en cancelaciones de reservas y eso dispara el pánico. Creo que esta vez no tienen razón quienes dicen que el cálculo hay que hacerlo sobre la base de la población real de Benidorm, incluyendo los turistas. Suena a un poco a hacerse trampas al solitario porque lo mismo se tenía que haber pedido durante el verano y nadie lo ha hecho. No tiene sentido hacer una medición ahora y otra antes. Lo que sí le debemos pedir al Consell es que esa noticia no se magnifique hasta el punto de convertirnos en nuestros peores enemigos. Eso es lo que ha dicho Francesc Colomer y ahí tiene mucha razón. Se pueden comunicar las cosas de muchas maneras y todas generan efectos diferentes. Sorprende que después de una pandemia en que lo que a veces ha faltado por parte de Sanidad es información, que ahora de repente nos demos un atracón en el que no se oculte nada, incluido el dato de que el 53% de los contagiados son extranjeros y la mayor parte de ellos británicos. ¿Tienen Delta Plus? ¿Tenemos que preocuparnos? Se lo ha preguntado usted y me lo he preguntado yo. Por tanto, lo normal es que quien pensaba venir de vacaciones a la Costa Blanca se lo pregunte también y sin responder a esas cuestiones se vaya a otro lado a toda velocidad. Si Sanidad cree que Benidorm no es seguro, tiene que decirlo. Y si cree que es seguro, también. Lo que no podemos es quedarnos en medio y ser ajenos a los efectos que producen nuestros actos. Por eso ha faltado coordinación en el Consell y es un síntoma preocupante.
Y una cosa más:
Historia de dos ciudades, podría haberse titulado. La ciudad que ve el bipartito que gobierna Alicante y la que ve la oposición. Dos versiones que no solo son distintas, sino también divergentes, no hay ni una sola opción de encuentro, de diálogo. Ayer el Debate sobre El Estado de la Ciudad fue la prueba, como dice Mariola Sabuco en su excelente análisis de este pleno descafeinado y gris que pasó sin pena ni gloria, de que no solo no hay debate, sino que ya no hay ni diálogo. Deben leer "Un alcalde solo". Se explicarán muchas cosas de lo que está pasando en Alicante.
Les dejo nuestros titulares:
- La anulación de la plusvalía resta más de 70 millones en ingresos a los grandes municipios de la provincia.
- El aumento de la incidencia del covid en Benidorm cancela viajes y para las reservas del turismo.
- El bipartito presume de gestión y la oposición critica la falta de modelo
- Barcala: Un alcalde solo
