La Política Agraria Común, destinada en principio a compensar a los agricultores por sus esfuerzos, se ha convertido en muchos casos en fuente indebida de ingresos de grandes terratenientes y especuladores.
Cincuenta y ocho mil millones de euros destinó la UE a ese capítulo, la parte del león de su presupuesto total, y en torno a un 80 por ciento de ese dinero se distribuyó según superficie, es decir sin tener en cuenta la producción.
Hay pues gente que ha estado cobrando esas ayudas sin cultivar sus tierras o sin que, en el caso de hacerlo, se tuvieran en cuenta los productos químicos utilizados en detrimento de la agricultura ecológica.
Según denuncian los críticos del actual sistema, entre sus principales beneficiarios hay viejas familias nobiliarias, como la propia Reina de Inglaterra, criadores de caballos de carreras, propietarios de campos de golf o empresarios cuya actividad principal no tiene nada que ver con la agricultura.
Esto va finalmente a cambiar con una definición más estricta por parte de Bruselas de lo que se entiende por “agricultor activo”, es decir que los recipiendarios tendrán que demostrar al menos a partir de 2023 que una parte determinada de sus ingresos procede de los trabajos agrícolas.
“No puede ser que unos cuantos oligarcas se llenen los bolsillos y que la tierra se convierta sólo en objeto de especulación para algunos grandes inversores. Ése no fue el objetivo de la PAC”, denuncia, por ejemplo, Monika Hohlmeier.
Esa eurodiputada de la Unión Cristianosocial bávara, que preside el comité de control presupuestario del Parlamento europeo, ha encargado un estudio sobre los cincuenta principales receptores de subsidios agríciloas.
Sólo el conglomerado de doscientas empresas del multimillonario y hasta hace sólo unos días primer ministro checo Andrej Babis, se benefició de 30 millones de la PAC.
Babis es uno de los jefes de Gobierno que aparecen en la llamada “lista de Pandora” de individuos que ocultaron su patrimonio en paraísos fiscales, y ahora el Parlamento europeo trata de averiguar si parte del dinero hurtado al fisco procedía de las subvenciones europeas.
No sólo checos, sino también empresarios húngaros y eslovacos han sabido aprovechar el ingreso de esas naciones en la Unión Europea para, como los de otros países ya veteranos, mamar descaradamente de la ubre bruselense.
Nadie está libre de pecado, y así, según denuncia el semanario Der Spiegel, entre los “mamones” está, por ejemplo, la cadena de supermercados alemana Aldi o el fabricante alemán de muebles Steinhoff.
Esas empresas, que en principio poco tienen que ver con la actividad directamente agrícola, se benefician de millonarias subvenciones mientras que muchos pequeños agricultores se ven obligados a arrojar la toalla.
En opinión de la eurodiputada Hohlmeier, tendría mucho sentido poner un tope estricto a las subvenciones por superficie y exigir en cambio una demostración de que una parte substancial de los ingresos del receptor de esas ayudas proviene de la actividad agrícola.
Según la propia UE, entre los objetivos de la PAC están los de garantizar una renta justa a los agricultores, reequilibrar el poder en la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente o preservar los paisajes y la biodiversidad.
Nada de eso tiene que ver, sin embargo, con llenar los bolsillos de individuos y empresas que en principio nada tienen que ver con la agricultura y que sólo quieren mamar de la teta común.
