Un diputado es desposeído de su escaño y expulsado del Congreso de los Diputados. En un primer momento se produce un revuelo en los medios de comunicación, todos opinamos del tema en las tertulias y en la calle. Pero al cabo de unos días, todo se olvida. Para unos, borrón y cuenta nueva y para otros, se normaliza la agresión antidemocrática. Olvidemos por un instante los nombres, las acciones, el protagonismo y los intereses visibles y ocultos de los actores, de los partidos políticos y de las instituciones. Veamos el tema desde un punto de vista objetivo, estrictamente político de libro.
Vivimos en un sistema político democrático y casi todos creemos que con la independencia de los tres poderes del estado es suficiente para garantizar nuestra democracia. Pues no, nuestra sociedad, que está viva y en continua evolución y ebullición, presiona constantemente a los tres poderes del estado para conseguir influir en ellos y conseguir sus intereses. Los tres poderes, que no son ajenos al egoísmo humano y a las presiones de los lobbies, intentarán resolver tales reivindicaciones propias y ajenas aún a costa de influir y/o invadir las competencias de los otros poderes. Por tanto, la supuesta independencia de los tres poderes es una utopía.
Además, en una dictadura también existen los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El dictador, que puede ser tanto de derechas como de izquierdas, siempre tendrá razones de peso y métodos disuasorios para justificar o imponer su voluntad e injerencia a los tres poderes. A su vez, estos tres poderes que están formados por personas, todas ellas muy honorables, respetadas y preparadas, siempre estarán al servicio del dictador, unos por ideología, otros por miedo y muchos por interés. Por tanto, nuestra democracia no puede depender solamente de la idealizada independencia de los tres poderes del estado porque en la práctica, y bajo cualquier régimen político, nunca se dará tal independencia. ¿Solución para tan grave problema? Pues tendrá que haberlo, porque como hemos visto, un poder puede invadir otro, puede decidir y sancionar por encima del mandato democrático de los ciudadanos.
Si analizamos los tres poderes, el único elegido directamente por los ciudadanos es el poder legislativo. A su vez, el poder ejecutivo es elegido por el legislativo, es decir, es una elección indirecta de los ciudadanos. Por último, la elección del poder judicial es totalmente ajena a los ciudadanos. Es un coto privado de notables de la judicatura, de los estamentos tradicionales. No sabemos si la entrada de los partidos políticos para elegir los altos tribunales, desde la Constitución del 78, obedece a un intento de la Política para controlar y regular el poder judicial, o por el contrario, si tales partidos son simples peones de la judicatura para lidiar dentro del sistema democrático.
Resumiendo, y para no confundirnos nos atenemos a nuestra Carta Magna. La Constitución española dice en su artículo primero que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria, y que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Creo que este artículo deja claro que ningún poder del estado puede socavar y/o destruir la soberanía del pueblo. Como todo ser humano, el diputado puede delinquir y ser sancionado por los tribunales de justicia. Tal tribunal sancionará según el ordenamiento jurídico, pero nunca podrá revocar una votación de la soberanía del pueblo. Nunca podrá anular un Acta de diputado. El supuesto diputado delincuente seguirá representando la soberanía del pueblo en el Parlamento hasta que expire su mandato. Si alguien puede sancionar la mala conducta de un diputado son los partidos políticos. Éstos pueden aislarlo y excluirlo de los Grupos parlamentarios, que son los verdaderos protagonistas en los parlamentos. Y en las siguientes votaciones la soberanía del pueblo premiará a unos y sancionará a otros.
A muchos demócratas nos cuesta comprender cómo Adolf Hitler llegó al poder desde un sistema democrático y con una ciudadanía tan culta como la alemana de principio del S. XX. Y sin embargo sucedió. Se empieza invadiendo competencias de algún poder del estado, y se termina apropiándose de todas las competencias de los tres poderes. Y como siempre terminamos judializando un tema que debería ser resuelto por el propio sistema político democrático. Si al final se lleva el caso al Tribunal de Estrasburgo, ya veremos en qué términos se pronunciará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa.
