Los últimos dos años y medio de gobierno del Partido Popular a manos de Barcala en la ciudad de Alicante no distan demasiado del proyecto que inició su antecesor Díaz Alperi, ni el relevo de Sonia Castedo, organizadora de eventos en los que no cabe el alcalde.
Si bien la primera etapa de mandatos de la derecha tuvo como hilo conductor la corrupción y el clientelismo a través de varias causas abiertas en los juzgados que llevaron a Alicante a la ruina económica y a un deterioro sin parangón en la imagen colectiva que transmitía al resto del Estado, el barcalato se inició de la mano del transfuguismo político en una operación que a día de hoy sigue sin aclarar.
La enmienda a la totalidad que Unidas Podemos hace sobre la gestión de un alcalde que fue ilegítimo viene fundamentada no solo en el gran fracaso y el colapso al que llevó al ayuntamiento durante el confinamiento y el Estado de Alarma, sino sobre todo en su trayectoria durante los meses anteriores y su línea continuista de desmantelamiento de los servicios públicos y ataque a los movimientos sociales, que fueron gasolina para un incendio social dramático que afectó a miles de familias que se vieron meses abocadas a la exclusión y a la desatención por parte de la administración municipal.
Y es que, el día antes de decretarse la alerta sanitaria Barcala guardaba en un cajón más de dos mil expedientes de Renta Valenciana de Inclusión tras la violenta despedida de casi un centenar de trabajadoras de los equipos sociales base el 31 de diciembre de 2019. Solo dos meses antes de declararse la pandemia y que podían haber amortiguado la crisis, si no fuera porque para el Partido Popular era prioritario echar un pulso -un nuevo pulso- al Botànic a costa de la mayoría social de esta ciudad.
Porque este es un gobierno cuyo late motive es el de profundizar en la brecha social. Entre barrios, habiéndose desentendido de la inversión en los distritos donde ya la anterior recesión dejó bolsas de pobreza y precariedad importantes y además, empeñado en visibilizar el acoso y la criminalización hacia la pobreza desde el poder que ostentan por medios tan poco éticos como la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, que pone especialmente a las mujeres prostituidas en el ojo del huracán y el desamparo mientras, de manera vergonzosa su política fiscal se traduce en importantes beneficios para quienes más tienen.
Un gobierno del uno por ciento de la población que ha dividido en lotes Alicante vendiéndolos a los intereses de sus lobbies económicos, transformando los castillos de Santa Bárbara y San Fernando en salones para bodas, bautizos y comuniones cerrados a cal y canto al vecindario, con un desmesurado amor al chiringuito cool sin el que no conciben una plaza o un parque público como en Canalejas, patrocinando restaurantes de lujo a través de medios que no queda demasiado claro que no sean municipales para el faro del Cap de l’Horta, o penalizando a golpe de multa el activismo que rodea la reivindicación de un cine Ideal público y cultural.
Un gobierno, además, que claramente se ha mostrado incompetente y esquivo con el control de las principales contratas. Todas caducadas o a punto de hacerlo, algunas claramente repletas de irregularidades y muchas pasando por comisiones de investigación. Si la limpieza y la gestión de los residuos a manos de una empresa ligada Ortiz supuso la gran estafa para la ciudad con cuatro cientos millones de euros de gasto que ha tenido como resultado ser el segundo municipio español más sucio y no cumplir con los mínimos exigidos en materia de reciclaje y apuesta medioambiental por Europa, la licitación del transporte con una propuesta nacida muerta o la de jardines, con casi dos mil árboles sin reponer y un reguero de acusaciones de malas prácticas por parte de representantes sindicales, suponen la guinda del pastel de una gestión nefasta y reincidente en el modelo de externalización que ha costado millones de euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito y olvidando que la apuesta por la remunicipalización es garantía de transparencia, control y soberanía directa del vecindario sobre sus servicios.
El gran reto de Alicante de cara a 2023 es no dejar a nadie atrás. No es poco. Esta pandemia ha demostrado la enorme movilización social que empuja hacia un modelo diferente de ciudad: inclusiva y verde. La reivindicación valiente de la escuela pública contra las zancadillas al Edificant por parte de las AMPA, la red de solidaridad comunitaria en todos los rincones de nuestros barrios o el reimpulso de los “Salvem” dibujan un futuro esperanzador que no se resigna al gris cemento de Barcala, tampoco a ninguna vuelta mesiánica, sino que habla de justicia y derechos sociales, sostenibilidad ambiental y dignificación de nuestra cultura. Un espacio transformador que de la calle a las instituciones deberá empujar a la derecha al banquillo de la oposición.
