Es lo de siempre. El Gobierno pone el dinero para la parte que entraña más riesgo económico: la fase de investigación y desarrollo de un nuevo producto, pero los beneficios son luego para el sector privado.
La Casa Blanca del demócrata Joe Biden quiere subvencionar con más de 50.000 millones de dólares a la industria de semiconductores y dedicar otros 40.000 millones a la investigación de posibles vacunas y tests frente a futuras pandemias.
Y aunque no hay directrices claras sobre los derechos de propiedad de los resultados de la investigación y desarrollo que se pretende impulsar con el dinero público, la izquierda estadounidense teme que ocurra lo que otras veces.
El sector privado de EEUU, ya sea su industria aeronáutica, la de computación y software o la farmacéutica, entre otras, se ha beneficiado extraordinariamente de la financiación pública en la fase de investigación y desarrollo.
Está, por ejemplo, el caso reciente del laboratorio Moderna, al que el Gobierno de Estados Unidos financió con 450 millones de dólares los ensayos de la fase tres de la vacuna que lleva su nombre.
Sin esa ayuda pública, difícilmente habría podido la empresa haber desarrollado y puesto en el mercado su vacuna contra la Covid, critica en la revista CounterPunch Dean Baker, economista sénior del Center for Economic and Policy Research, de Washington.
Ahora, sin embargo, Moderna tiene el control total de la vacuna y, según la revista Forbes, ésa ha hecho al menos a tres nuevos multimillonarios. Su director ejecutivo, el francés Stéphan Bancel, por ejemplo, vio incrementada su fortuna personal en 4.300 millones.
Al inicio de la pandemia, la empresa Moderna valía 7.000 millones de dólares mientras que el pasado 22 de septiembre, su capitalización alcanzaba gracias al éxito de su vacuna los 180.000 millones.
Si éste es el modelo que seguirán las inversiones públicas en investigación y desarrollo bajo el Gobierno de Joe Biden, es de esperar que salgan nuevos multimillonarios en aquel país.
¿No sería más provechoso, al menos desde el punto de vista del conjunto de la sociedad, se pregunta Baker, que hubiese códigos abiertos, es decir que se compartiesen con otros los conocimientos adquiridos en materia de investigación y desarrollo en lugar de protegerlos con patentes para el beneficio exclusivo de unos pocos?
¿Por qué no podrían, por ejemplo, los países comprometerse a dedicar, por ejemplo, un 1 por ciento de su Producto Interior Bruto a investigación y desarrollo? Los más pobres no tendrían siquiera que adelantar nada.
De esa manera podría generarse un “pool” de conocimientos compartidos que beneficiarían al conjunto de la humanidad, como debería ocurrir con las vacunas, pero también con eventuales fármacos contra la Covid, de los que, obsesionados todos, con la tan lucrativa vacunación se habla por desgracia muy poco.
¿Por qué no acabar con los nacionalismos en algo tan fundamental como es la lucha contra las enfermedades? ¿Por qué preocupa tanto que sea un chino o un ruso en lugar de un suizo, un alemán o un estadounidense el primero que desarrolle, por ejemplo, un fármaco capaz de prevenir o curar un determinado cáncer.
Lo mismo cabría decir de las tecnologías que ayuden a generaciones presentes y futuras a combatir el mayor desafío que tiene actualmente la humanidad: el cambio climático.
Por el contrario, EEUU está actualmente empeñado en una guerra tecnológica y comercial con China, de consecuencias imprevisibles también desde el punto de vista militar, y pretende además que la UE le siga en ese camino. Los gobiernos europeos deberían pensárselo dos veces.
