Sucedió hace unos años en un congreso celebrado en París en el que participaban ciudades de todo el mundo. Sus respectivos alcaldes iban exponiendo la forma de afrontar los problemas del día a día. Un encuentro en el que participó representando a Alicante el periodista José María Perea, quien años más tarde fuera el primer director general de Turismo de la Generalitat, como concejal que era entonces del Consistorio alicantino. Uno a uno, iban desfilando los primeros ediles. El de París contó, por ejemplo, cómo la basura se llevaba en trenes a las plantas de tratamiento. El de Viena explicó el método utilizado para retirar la nieve de las calles y que la ciudad no se colapsara en invierno... Y así fueron desfilando los alcaldes hasta que le llegó el turno del de Calcuta (India) y sus 15 millones de vecinos. El hombre, abrumado tras las revelaciones de sus compañeros de jornada del primer mundo, poco pudo aportar (Calcuta no es precisamente Nueva York), pero soltó la anécdota del encuentro. Algo así como: señores, en mi país las vacas son sagradas, pasean libremente por las calles, defecan continuamente donde les viene en gana y no podemos hacer nada. Tampoco me imagino al consistorio de la ciudad india con un presupuesto desorbitado.
Pues bien, esta semana me ha venido a la cabeza aquello que me contó un día Perea tras la jornada sobre municipalismo organizada por este periódico el lunes en la EUIPO, donde un nutrido y más que representativo número de alcaldes de la provincia expusieron los problemas de sus municipios en un contexto marcado por la noticia de que Turisme ha comenzado a repartir los 2,5 millones presupuestados entre los 64 municipios de la provincia que tienen el «estatuto» de turístico, a razón de 6.745 euros lineales para cada ayuntamiento, más un plus en función de sus plazas de alojamiento. Partida económica que en el mejor de los casos posibilita que el consistorio que más recibe, obviamente Benidorm, no alcance ni los 400.000 euros anuales. Es decir, un cheque más que mejorable (la culpa no es de Francesc Colomer, secretario autonómico, que bastante estira su siempre exiguo presupuesto para llegar hasta donde puede) con el que afrontar los gastos extraordinarios que les origina la obligación de atender a una población que buena parte del año triplica a la censada. Un dinero que no llega ni para tapar un bache y que mantiene contra las cuerdas a los equipos municipales cuya base económica es el turismo. Un problema que ni el Consell, este, el anterior y el anterior y me temo que el siguiente, ni el Gobierno central quieren afrontar con seriedad pese a que la promesa siempre se refleje en todos los programas electorales. Tras las elecciones, limpieza, seguridad, mobiliario urbano, playas… quedan a expensas de los equilibrios de las respectivas concejalías, que deben satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero también de los turistas.
Un ejemplo. la plantilla de la Policía Local de Benidorm arrastra un déficit de, al menos, 40 agentes sobre la cifra idónea para poder atender las necesidades reales de la población. Sobre todo, en verano. El presupuesto de la ciudad no llega para asumir ese incremento de plantilla que hace falta con urgencia, pese a que en la ciudad también esté desplegada la Policía Nacional. Para cubrir más mal que bien los parches en su principal cuerpo de seguridad, el Consistorio ha de recurrir a policías interinos, que no pueden ni portar armas, o fichar agentes de otros municipios. Éste es solo un ejemplo de lo que ocurre diariamente en los principales municipios turísticos de la provincia, donde los ayuntamientos han de hacer magia con unas cuentas sustentadas por los impuestos de unos pocos y con las que han de dar servicio -seguridad, limpieza, infraestructuras...- a una población real que, muchas veces, multiplica por tres, por cuatro o por cinco a la censada.
El mal está generalizado en toda España, pero no es excusa. Los grandes municipios turísticos españoles, excluidos Madrid y Barcelona, figuran entre los que menos aportación estatal ingresan en sus presupuestos. Adeje, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana, Calvià, Arona, Salou, Torremolinos y Benidorm, municipios que, todos juntos, aglutinan más de 50 millones de pernoctaciones hoteleras al año. Estos son los gigantes, pero ¿qué pasa con otros como Torrevieja, El Campello, Calp, Altea o L’Alfàs del Pi? Con menos medios y los mismos problemas.
Los ayuntamientos quieren que el Estado les ayude a sufragar los gastos extraordinarios que soportan al tener que atender a una población flotante y han propuesto, sin éxito, que esta financiación proceda del IVA que se genera en sus municipios, ya que consideran que es la mejor forma de determinar la aportación real de esta actividad a la economía.
Los gastos impropios representan un sobreesfuerzo del 16% sobre el presupuesto ordinario y durante la pandemia del covid han crecido hasta el 20% debido a las necesidades extraordinarias provocadas por la crisis del covid. Pues, miren, un ejemplo, Benidorm recibe este año unos 400.000 euros de Turisme y, de momento, deberá esperar a que el Estado le gire los fondos que le corresponden de la partida por estar reconocido como municipios turístico español con una población censada de unos 70.000 habitantes. La pandemia que sufrimos desde marzo de 2020 no solo ha disparado los gastos, sino que en la ciudad han seguido viviendo 130.000 vecinos que han venido para quedarse, aunque sigan empadronados en Madrid, Albacete o Rotterdam. Una coyuntura común que pone contras las cuerdas de manera proporcional a ayuntamientos de menor tamaño como sucede, entre otros muchos, en Xàbia, Calp, Torrevieja, El Campello, Altea, Guardamar o incluso en grandes como Alicante y Elche, a lo que también afecta. Insostenible. El alcalde de Xàbia, José Chulvi, recordaba esta semana en el foro sobre el municipalismo organizado por el periódico en la EUIPO una anécdota derivada del covid ocurrida el pasado verano. Toque de queda impuesto por la Generalitat en todos los pueblos de alrededor por la incidencia covid, y todas las fiestas de los fines de semana concentradas en Xàbia, que quedaba excluida de las restricciones por sus buenos datos. Imagen dónde iban los jóvenes de todos y cada uno de los pueblos de la «contorná». Lo que le faltaba al precioso municipio de la Marina Alta redescubierto por muchos españoles, entre ellos numerosos alicantinos, gracias al covid y, que se traducía en aún más presión demográfica en todos los sentidos: la sobrevenida y efímera turística y la residencial, por aquello de que ¿quién no prefiere pasar, si puede, un confinamiento mirando al mar y con la luz de la Costa Blanca?
Y en medio de este debate vuelve a cobrar actualidad la tasa turística, tan inoportuna hoy en día por la sangría que ha sufrido y está sufriendo el sector turístico por la crisis del covid. Desde el minuto uno se ha planteado mal, se ha querido poner el peso de la medida, exclusiva y, equivocadamente, en los hoteles y, encima, se ha politizado y contaminado una discusión que de forma ordenada sería constructiva. ¿De verdad queremos regalar otra ventaja competitiva más a la oferta de alojamiento no reglada? Una tasa a los visitantes podría contribuir a paliar la infrafinanciación de los municipios turísticos, pero el tema debe analizarse con cautela. Vicente Arques, alcalde de L’Alfàs del Pi, contrario a la tasa, sí que aportó otro matiz importante en la jornada sobre municipalismo. ¿Tasa? De entrada, voluntaria, por supuesto.
