El año que comienza es clave para la regulación del mundo digital. La UE acaba de empezar las negociaciones a tres bandas (entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento) para sacar adelante la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act), una de las claves del momento. Otras propuestas legislativas de gran calado en curso son la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) y por supuesto la Ley de Gobernanza de Datos (Data Governance Act), que pretenden poner orden en las actuaciones de las plataformas y en el comercio internacional de datos, fuente invisible de riqueza y amenazas para todo el planeta.
Donde algunos ven burocracia, otros vemos garantías. Una cosa son los intereses empresariales, disfrazados de argumentos económicos, y otra muy distinta la visión de los consumidores y de la sociedad civil interesada e informada, que se siente indefensa ante determinados modos de la nueva economía -cuyo éxito parece estar basado más en el incumplimiento de las normas laborales que en la tecnología aportada-, y ante la evidente quiebra del debate público que han propiciado los algoritmos de las redes sociales y sus mecanismos para atraer la atención de los usuarios a través de la polémica y la polarización.
En un fabuloso artículo firmado por Laurent Cohen-Tanugi para el Groupe d’études géopolitiques (Europe as an international normative power), recuerda el autor que la influencia normativa de la UE, denominada "efecto Bruselas", puede desglosarse en tres partes. En primer lugar, la capacidad de promulgar su propia ley y de hacerla cumplir dentro de su territorio, e incluso más allá (extraterritorialidad); en segundo lugar, la capacidad de influir en el contenido de las normas (jurídicas, técnicas) resultantes de un proceso de negociación internacional en diversos foros multilaterales; en tercer lugar, la capacidad de servir de modelo normativo voluntario dentro de la comunidad internacional.
Quien se queje de la hiperactividad normativa de la Unión Europea debería repasar con urgencia otro documento de gran relevancia: la Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Porque todo el aparato legislativo mencionado, que se va a negociar y aprobar a lo largo de 2022, tiene como centro la consideración de la población europea como un conjunto de ciudadanos, con derechos básicos que proteger, como la privacidad. Europa es hoy sinónimo de contención. Deberíamos estar agradecidos.
