Uno de los asuntos más importantes que va a regular la Ley de Servicios Digitales que aprobará este semestre la Unión Europea es la protección de los usuarios y consumidores de servicios digitales. En España, la protección de los menores no está en la agenda. No importa a lo que accedan, ni que se trafique con su privacidad. Es un caso aislado. En el Reino Unido, la ICO (Information Commissioner’s Office) aprobó en agosto de 2021 el llamado Código de la Infancia (o Código de Diseño Adecuado a la Edad), que contiene 15 normas que deben seguir los servicios en línea. Así se garantiza el cumplimiento de las obligaciones que imponen las normas de protección de datos para proteger la privacidad de los niños.
Ahora mismo acceder a determinados servicios en línea es tan fácil como pulsar una tecla diciendo que se tienen más de 18 años. No hay comprobaciones. La verificación de la edad es uno de los grandes campos de batalla. Por eso en Francia la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades (CNIL) ha hecho algunas recomendaciones sobre este asunto. Se plantea la CNIL que comprobar la edad del niño y el permiso paterno es una cuestión compleja pero crucial: ¿cómo podemos proteger a los niños si no podemos identificarlos o saber quién tiene la patria potestad? ¿Cómo puede lograrse esto sin socavar el principio de anonimato en línea?
Dando un paso adelante, se aprobó en el país vecino el Decreto nº 2021-1306, relativo a las modalidades de aplicación de las medidas de protección de los menores contra el acceso a sitios de difusión de contenidos pornográficos. En Francia, la pornografía no está prohibida en sí misma. Una imagen o un vídeo de este tipo no es un contenido ilegal, a diferencia de la pornografía infantil. Sin embargo, no todo se puede mostrar a todo el mundo. Más allá del papel de los padres y madres, se trata de evitar por ley que los menores de 18 años estén expuestos a contenidos pornográficos, perjudiciales para el aprendizaje de la sexualidad y el desarrollo personal. Por ello, el artículo 227 del Código Penal francés castiga el hecho de hacer accesibles a los menores contenidos reservados a los adultos. Los kioscos ya ocultaron las revistas porno. Ahora se amplía esto al espacio audiovisual.
El debate europeo invita a pensar en la situación española. Sin autoridades atentas, ni sociedad civil preocupada, los menores navegan sin salvavidas en un mar cada vez más envenenado y tóxico. Tendrá consecuencias.
