La ciudad de Alicante acaba de aprobar la llamada Ordenanza Reguladora de Convivencia Cívica, intolerante ante las situaciones más desfavorecidas de la ciudad.
La ley de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana 3/2019 recoge como objeto prioritario la protección, la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, la intervención integral, por lo que es intolerable que la llamada Ordenanza Reguladora de Conciencia Cívica base su estrategia en criminalizar las situaciones más vulnerables de nuestra sociedad.
Si nuestros principios de intervención se basan en la prevención, en la promoción de la autonomía y el desarrollo personal, en la inclusión y la cohesión social con perspectiva comunitaria, es intolerante que la recién aprobada ordenanza en la ciudad de Alicante utilice el derecho administrativo sancionador como instrumento de marginación y criminalización de una parte de la sociedad que atraviesa momentos de vulnerabilidad.
Todos/as tenemos derecho a segundas oportunidades, a superarnos y a salir de momentos difíciles, ya que la persona es más que su situación o circunstancia y este desarrollo se logra interviniendo integralmente con ella, no estigmatizando más, si cabe, su situación.
Si nuestra responsabilidad como poderes públicos es la de garantizar la existencia y mantenimiento de un sistema público de Servicios Sociales por medio de la dotación de personal, recursos técnicos y financieros, de las infraestructuras y equipamientos necesarios para asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos, es intolerable que la normativa aprobada por el Ayuntamiento de Alicante salga adelante validada por VOX a cambio de aprobar un presupuesto donde se ven mermadas las partidas que desarrollan políticas de igualdad, LGTBI o migración; es decir, partidas sociales que imposibilitan garantizar la intervención integral con las personas más vulnerables de la ciudad.
Es de intolerantes negar los derechos fundamentales a las personas más vulnerables y sancionarlas contradiciendo nuestro deber de procurar los recursos necesarios para dar alternativas a situaciones como las de las personas sin hogar con la creación de centros de baja exigencia, una opción muy necesaria para establecer un primer nivel de intervención, o de generar alternativas a las personas en situación de prostitución apostando por una Ley Abolicionista como único instrumento para erradicar la prostitución y el negocio derivado de la misma.
En definitiva, es intolerante e intolerable que la gestión de la sociedad no pase por la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, trabajo indispensable de cualquier nivel de la administración.
