Confucio dijo “dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá siempre”. Quinientos años antes de Cristo ya había gente con soluciones y grandes ideas. Todos los días del año, haga frío o calor, un grupo de voluntarios, estos coordinados por Cruz Roja, ofrece en Alicante un desayuno caliente a unas 80 personas en un centro municipal junto al estadio Rico Pérez, cuyos bajos, lamentablemente, sirven de cobijo y hogar improvisado cada noche a decenas de personas. Gente anónima que destina parte de su tiempo a ayudar a estos hombre y mujeres, con mil problemas, atrapados muchos por la droga o el alcohol y que, si no fuera por el café, las magdalenas, un lugar para ducharse y hasta unas lavadoras donde lavar la ropa, a lo que han accedido también por la caridad de quien dona, no tendrían nada. 80 personas que forman parte de ese colectivo de unas 200 en la ciudad de Alicante, y 2.000 en el resto de la provincia, que viven en la calle porque la Administración no llega o no quiere llegar. Gracias a estos voluntarios y al resto de los que gestionan los comedores sociales o salen por las noches a dar de cenas a lo desfavorecidos, caso de Cáritas, la vida de estos hombres y mueres se hace un poco más llevadera.
Detrás de cada caso hay una historia, cruel y triste; y es que estoy seguro de que nadie duerme en la calle por voluntad propia. Problemas con el alcohol, abandono de la familia, un despido del que nunca se recuperó, drogas o patologías psiquiátricas sin atender forman parte del conjunto de razones por las que una persona puede encontrarse de la noche a la mañana durmiendo al raso, e iniciando así una carrera sin freno hacia la autodestrucción. Pues bien, a partir de marzo y una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, si nadie lo remedia, a su condena vital, se unirá la amenaza de ser multados por una ordenanza vergonzosa, la del Ayuntamiento de Alicante, que, a bote pronto, nos lleva a aquella otra de la España en blanco y negro, cuando eran calificados como vagos y maleantes.
Desconozco si el alcalde, Luis Barcala, y el resto de los concejales y concejalas que han dado vía libre a la ordenanza se han pasado alguna noche del año, haga frío o calor, por zonas como los bajos del estadio Rico Pérez, el Puente Rojo de la Gran Vía de Alicante, el recinto de algún cajero automático del barrio de San Blas o de la avenida de Alfonso El Sabio para vivir las escenas o, incluso, interesarse por las historias de estos también potenciales votantes que, hoy por hoy, no existen para los redactores de los programas electorales. Parece mentira, por ejemplo, que, a solo un minuto del palacio consistorial, el antiguo convento de las Monjas de la Sangre se haya convertido en un lugar de asistencia, en vez de en un recurso turístico de la Alicante que nos pregonan, pero no llega. Hace unos meses, un conocido me comentaba que si realmente quisiéramos hacer un reportaje de la pobreza en Alicante debíamos subirnos en un camión de los que reparte el butano. ¿Por? Así comprobaríais como lo pasan muchas familias. Afortunadas, porque todavía tienen un techo.
La dimensión de la pobreza en la provincia sigue siendo inasumible, por mucho que las cifras macroeconómicas, pandemia aparte, se empeñen en decir lo contrario; y los titulares sobre la compraventa de pisos, la llegada de turistas o la efervescencia del tardeo intenten demostrar lo contrario. Más de 69.000 alicantinos necesitan de los recursos, por ejemplo, de Cáritas para poder vivir. El 4% de la población de la provincia. Además, el 31,3% de los habitantes de la Comunidad Valenciana flirtea con la pobreza, lo que significa, en términos absolutos, más de 1,5 millones de personas, cerca de 600.000 en la provincia de Alicante.
La profesora de la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull, hizo público un informe en los meses más duros de la pandemia, que reveló que miles de hogares en la provincia de Alicante, la mayoría con niños, en los que viven familias, parejas o personas solas, se enfrentan, día a día, a tener que sobrevivir acosados por problemas relacionados con la pobreza. La crisis económica, derivada de la sanitaria del coronavirus, les ha dejado prácticamente sin ingresos.
En los comedores sociales la situación es tal que sus gestores van camino de tener casi que implantar la cita previa para poder atender a las personas que acuden a llevarse al estómago un plato caliente. Las ONG están desbordadas teniendo que asistir, incluso, a familias que hasta hace unos años contaban con un buen coche, se tomaban el aperitivo los domingos y una de sus preocupaciones era pensar dónde pasarían las vacaciones el próximo verano.
Más de 69.000 alicantinos necesitan de los recursos de Cáritas, por ejemplo, para poder vivir. El 4% de la población de la provincia
Las cosas ya comenzaron a ponerse mal a raíz de la explosión de la “burbuja inmobiliaria” a partir de 2008, pero desde marzo de 2020, casi todo saltó por los aires en una provincia que vive básicamente del sector servicios y de una industria manufacturera basada hoy también en los bajos salarios por la competencia de China, ese país donde, además de controlar pandemias con éxito, fabrican zapatos casi con la misma calidad que en Elda. O eso dicen.
Más de 170.000 personas viven ya con menos de 355 euros al mes en la provincia. La ciudad de Alicante tiene, por ejemplo, el triste honor de contar con algunos de los barrios más pobres de toda España. Es el caso de Juan XXIII, donde algunas rentas anuales por habitante no sobrepasan los 6.000 euros.
Personas que trazan un nuevo perfil de «pobre» en el que se incluyen ya hasta titulados universitarios en riesgo de exclusión, pues la mayoría no pueden hacer frente a gastos como comer carne o pescado cada dos días o disponer de un coche. Y en ciudades como Alicante, sin nadie lo remedia, a partir de este marzo a punto de arrancar, la Policía Local multará con entre 500 y 750 euros a una persona sorprendida por dormir en un cajero o, simplemente, por señalarte un sitio para aparcar, entretenerte mientras esperas que el semáforo se ponga en verde u ofrecerte una camiseta de Luka Modric en la orilla de la playa. Quinientos euros que, además, la mayoría no habrá visto en la vida y que serán incobrables. Más les valdría al de Alicante y otros ayuntamientos asesorarse con las ONGs, sean católicas o laicas, que se dejan la piel día a día por las calles de la provincia. Todavía estamos a tiempo de poner cordura.
Postdata: soy el primero que entiende que al cliente de una terraza le incomode que una persona le pida una limosna mientras tiene delante una cerveza, pero no por ello pido que la metan debajo de la alfombra. Esa no es la solución. Los alcaldes han celebrado esta semana la recepción de los fondos Next Generation para hacer las ciudades más amables. Que lo sean par todos.
