Es posible que desde ayer domingo, y también este lunes, haya algún personaje que no se haya enterado, o no quiera enterarse, y siga pensando y proclamando en sus foros particulares y públicos, y a los que tienen que tomar las grandes decisiones, que la manifestación en la que decenas de miles agricultores, regantes, tractoristas, ganaderos y cazadores reclamaron agua y precios justos fue una pantomima ideada por la ultraderecha.
El líder de Vox tuvo su minuto de gloria porque demostró habilidad, pero en la marcha también participaron al menos 3.000 alicantinos, que no es una cifra menor y de todos los colores políticos, porque para eso España no es Rusia o China. Y aunque hubieran sido solo 50. La razón les asiste.
Ese mantra con el que desde hace unos meses nos martirizan algunos de los que nos gobiernan en cuanto sus actos no son aplaudidos. Se equivocan y si no se han dado cuenta del aviso que le lanzó este domingo el campo es que no se enteran, o no son dignos de ocupar los despachos que ocupan. El Gobierno, en este caso los ministros Luis Planas y Teresa Ribera, está obligados a dialogar, tomar medidas y actuar dejando en el cajón esa parte de la ideología ambiental que hasta ahora les ha impedido analizar con claridad que en la provincia de Alicante tienen un problema.
El campo no puede mas. No puede pagar el agua (la subvención de este año, importante y bienvenida por supuesto, para la desalada en Torrevieja y para la del Júcar, importante, no deja de ser una tirita), no puede pagar el gasoil, no puede pagar los piensos, no puede pagar el plástico de los invernaderos y su queja quedó bien clara el domingo.
Tres años han pasado en la provincia de Alicante desde que los agricultores vienen denunciando el atentado hídrico que se va a cometer con el aumento de los caudales ecológicos del Tajo o, lo que es lo mismo, poner el trasvase contra las cuerdas, y ni Madrid ni València se han movido un milímetro, por mucho que nos repitan, una y otra vez, que no paran de visitar los juzgados para pleitear contra Castilla-La Mancha y contra el Ministerio para la Transición Ecológica. Tres años y todo sigue igual o peor, y este domingo el sector primario lo dejó bien claro.
Un informe de la propia Conselleria de Agricultura, con datos del balance agrario anual del Ministerio de Agricultura, constata que la provincia de Alicante ha perdido en los últimos 31 años (1989-2020) el 28% de su superficie agrícola de regadío al pasar de las 136.253 hectáreas en explotación de 1989 a las 98.190 hectáreas en 2020. En total, la provincia (secano y regadío) cultiva 169.732 hectáreas, por las 300.735 de 1989, un 42% menos. En esta reducción influyen, entre otros factores, los recortes que han venido sufriendo los agricultores del agua del trasvase Tajo-Segura, y también los bajos precios.
Paradójicamente, durante el mismo periodo en el que la provincia veía reducirse su sector primario, en Castilla-La Mancha, la superficie de regadío ha crecido un 52%, al pasar de la 352.452 hectáreas de 1989 a las 539.105 hectáreas actuales, destacando las cifras de dos provincias próximas a Alicante como Albacete y Ciudad Real. La primera ha visto crecer su censo agrario de regadío un 76% y tiene en explotación 173.187 ha, por las 98.360 hectáreas de 1989 y en Ciudad Real la superficie ha crecido un 58%, con 207.760 hectáreas por las 133.433 de hace 30 años. Ambas provincias superan, por ejemplo, el total del regadío de la Comunidad Valenciana.
El Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, que participó en la elaboración de las alegaciones que presentó la Diputación al plan hidrológico del Tajo, constata, en este sentido, que el Ministerio para la Transición Ecológica habría hinchado de manera artificial el volumen del caudal ecológico que se quiere imponer en Aranjuez (8,52 m3/segundo a partir de 2026), porque, según informes de expertos independientes, ese caudal no se podría alcanzar ni de manera natural, o sea con el aporte de las lluvias.
El director del Instituto, Joaquín Melgarejo, advierte de que el déficit anual de agua en la cuenca del Segura alcanza ya los 400 hectómetros cúbicos al año, por lo que cualquier nuevo recorte del envío de agua pondrá en peligro el futuro económico y social de los 35 municipios que se abastecen del agua del río, porque no hay forma de sustituir esos caudales.
La gran amenaza para el trasvase Tajo-Segura es que el Ministerio para la Transición Ecológica avala que el río debe pasar de un caudal mínimo legal de 6 metros cúbicos por segundo a 8,52 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, y también que en Toledo sea de 10 metros cúbicos por segundo y de 17,8 metros cúbicos por segundo en Talavera (2022-2027).
El agua va a seguir saliendo del grifo, aseguran los que la administran, pero ¿quién la podrá pagar? Los agricultores, a 15 céntimos el kilo de naranjas, imposible. Por supuesto que la solución está en los técnicos. En los climatólogos, en los geógrafos, en los ingenieros agrícolas pero, guste más, o menos, la llave está en una buena política, huérfana hasta ahora en el tema hídrico. Esperemos que el mensaje de ayer haya llegado porque no solo se trata del agua desalada. Hablamos de un colectivo, el de los agricultores de la provincia, donde a muchos, demasiados ya no les salen las cuentas. Y en este caso la solución al problema de la agricultura no puede ser su desaparición. Aquí ni hablamos de rabia ni de perros. Hablamos de gente buena y trabajadora que no merece este maltrato.
