El pasado octubre el bipartito PP-Cs daba el primer paso en esta legislatura, tras casi dos años y medio sin hacer nada al respecto, para definir el Plan General Estructural (PGE) de Alicante: la incorporación en comisión de servicio de la arquitecta municipal de San Vicente, Leticia Martín Lobo, como directora de la Oficina del Plan General.
Se trata de una Oficina que se creó durante la etapa del tripartito de izquierdas y que, bajo la dirección del arquitecto municipal Manuel Beltrá Martínez, consiguió elaborar uno de los documentos del PGE, el Catálogo de Protecciones, que finalmente fue aprobado casi en su integridad en septiembre de 2020 por los mismos partidos que bloquearon su aprobación en 2017, PP y Cs, bloqueo que contó con la inestimable ayuda de los concejales tránsfugas Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre. La Oficina también inició en esa etapa las primeras fases para elaborar el PGE, un trabajo que quedó truncado tras el fin del tripartito municipal y los sucesivos minigobiernos del PSOE y del PP, que en la práctica procedieron a desmantelar y vaciar de contenido la Oficina al final de la pasada legislatura.
Por lo que ha trascendido, el cometido de Martín Lobo será, durante un año ampliable a otro más, elaborar los pliegos para externalizar la redacción del PGE, tras renunciarse por el bipartirto PP-Cs a su redacción por los técnicos municipales, una opción que fue por la que apostó el tripartito de izquierdas al margen de que pudiera externalizarse la redacción de algunos de los documentos del PGE por su especificidad técnica.
El bipartito aspiraba a que, en tres meses, es decir, a primeros de este año, pudiera convocarse el concurso para externalizar su redacción, un concurso que a finales de marzo no nos consta que se haya siquiera convocado y cuya resolución consumirá con facilidad como mínimo seis meses más. Es decir, se antoja prácticamente imposible que el PGE pueda aprobarse ni tan siquiera de forma inicial en lo que queda de legislatura por su complejidad técnica y de tramitación. Lo que sí es posible que se someta a información pública es el documento de consulta pública previa, tal y como ha hecho recientemente el Ayuntamiento de Elche, en este caso elaborado por los propios técnicos municipales.
La Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) define las actuaciones previas a la redacción de un plan sometido, como en el caso de un Plan General, a evaluación ambiental territorial y estratégica. Antes de elaborar su borrador el Ayuntamiento tiene que efectuar a través de su web una consulta pública previa durante 20 días a partir de un documento que indique de forma breve y clara los problemas a solucionar, la necesidad y oportunidad de la aprobación del plan, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas. Una consulta pública que servirá para preparar la redacción del plan, quedando obligado el Ayuntamiento a elaborar un informe de respuesta conjunta a las aportaciones recibidas y a incorporar al expediente el resultado de la consulta.
Desde el grupo institucional del núcleo Martín Lillo del PCE-Alacant anunciamos que participaremos en ese proceso de consulta pública previa, realizando aportaciones para que el PGE responda a los intereses públicos de la ciudad y a la satisfacción de sus necesidades sociales y económicas reales en materia de suelo y vivienda, enmarcándose además en una clara línea de sostenibilidad, de protección del patrimonio natural, cultural y paisajístico de Alicante y de lucha contra el cambio climático.
Es más que probable que el documento de consulta pública previa, como ha ocurrido en el caso de Elche, proponga la desclasificación de suelo urbanizable para poder cumplir con los indicadores de sostenibilidad (índices de máxima ocupación de suelo para uso residencial y para actividades económicas) que imponen a un plan general la LOTUP y la Estrategia Territorial Valenciana.
En cualquier caso, estaremos vigilantes para que esos indicadores se apliquen con objetividad y no sean manipulados de forma interesada, denunciando si fuera necesario las previsibles tentaciones de dar continuidad a la nefasta política urbanística de reclasificación masiva de suelo no urbanizable que caracterizó la larga y oscura etapa de 20 años de gobiernos del PP en la ciudad, con Alperi y Castedo como alcaldes que intentaron sacar adelante un Plan General insostenible y especulativo del que afortunadamente se acabó desistiendo tras acabar convertido en una pieza separada del caso Brugal.
En definitiva, velaremos para que el PGE, que terminará sustituyendo al aún vigente y obsoleto PGOU de 1987, apueste en nuestra ciudad por una nueva cultura del territorio, respetuosa con su patrimonio y sensible a una realidad social, económica y ambiental que es urgente transformar en términos de sostenibilidad y justicia social.
