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Juan R. Gil

ANÁLISIS

Juan R. Gil

¿Tiene la izquierda plan B?

La situación de Mónica Oltra, al borde de ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia, pone en peligro el gobierno del Botànic a un año de las elecciones autonómicas

Oltra y Puig se saludan en el Palau de la Generalitat en la presentación del Plan Convivint en abril pasado. FRANCISCO CALABUIG

Cuando falta poco más de un año para la celebración de las elecciones municipales, que todo indica que irán parejas a las autonómicas en la Comunidad Valenciana, dos hechos de esta semana marcarán sin duda la dinámica política en los próximos meses. De un lado, la petición del juez al Tribunal Superior de Justicia de que impute a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para que pueda continuar investigándose si propició de alguna manera que el departamento que dirige ocultara los abusos sexuales del que era su marido a una menor que estaba bajo tutela de la Generalitat. De otro, el cierre de la crisis que a punto ha estado de acabar con el PP tras el congreso express celebrado este fin de semana en Sevilla, donde se ha proclamado (más que elegido) al gallego Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido.

Como diría el viejo Hannibal, vayamos por partes. Primero, lo de Oltra. Tanto ella misma como Compromís han sostenido desde el primer momento que su implicación en este caso no obedece a otra cosa que a una maniobra de la extrema derecha a la que se ha sumado el PP. Y tan verdad es que el abogado de la demandante, menor en el momento en que ocurrieron los hechos, es un conocido extremista valenciano, como que el PP ha hecho de Oltra, tras tontear con ella, su principal diana, en la seguridad de que, cayendo ella, cae el Gobierno del Botànic. Pero no es menos cierto que todas las resoluciones judiciales conocidas hasta ahora, incluida la sentencia por la que se condenó a prisión al exmarido de la vicepresidenta considerándolo autor de los abusos a la menor por los que había sido demandado, han censurado con dureza la actuación en este caso de la conselleria, sosteniendo que incumplió su deber de proteger a la joven tutelada una vez denunció los hechos. El discurso de Oltra y de Compromís puede valer para el «fervorín», pero pierde valor llegados a este punto, porque lo que importa ya no es quién ha excitado la acción de la justicia, incluso si es la ultraderecha, sino esclarecer si hubo una voluntad expresa de tapar el caso por parte de los órganos competentes del departamento de Oltra, restándole desde el inicio credibilidad a la víctima, pese a que la Administración tenía la obligación de arroparla por estar bajo su cuidado legal, e incluso desplegando una investigación interna, que el magistrado cree paralela a la de la propia Justicia y dirigida a entorpecer la acción de ésta. Es un callejón de difícil salida, porque el mal menor de todo esto, que la vicepresidenta quedara finalmente exculpada de cualquier maniobra para ocultar o tergiversar los hechos, llevaría de todas formas a la conclusión de que en el departamento que ella dirige se actuó con una terrible negligencia en un caso de la máxima gravedad.

La investigación sobre la vicepresidenta es una mina antipersonas, de las que una vez pisada no se puede salir indemne. Que la detonara la ultraderecha no sirve de excusa a estas alturas

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El TSJ puede asumir ahora una parte del caso que ha instruido el juez, la que afecta a Oltra que es la que está aforada, quedárselo entero o devolverlo por entender que no hay indicios suficientes para imputar a la vicepresidenta. Pero esta última opción, aunque posible, no parece probable ni siquiera para la misma Oltra, que se adelantó a pedir que las pesquisas judiciales se dirigieran contra ella y no contra sus subordinados. Así que los próximos meses serán de un desgaste extremo, político y personal, que vendrá a sumarse al ya sufrido, que no ha sido poco.

Ahora que desgraciadamente los símiles bélicos no nos son ajenos, este caso de abusos es una mina antipersonas, de las que cuando pisas una sabes a ciencia cierta que ya no escaparás si no es con tremendas heridas. Pero la gestión de Oltra en la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas lleva tiempo siendo sometida a una enmienda a la totalidad, sobre todo por el Síndic de Greuges, Ángel Luna, a quien no se puede acusar de ultraderechista, y que informe tras informe ha puesto de relieve las múltiples deficiencias, incompetencias e inconsistencias de la práctica del Consell en esa materia. Y su proceder como vicepresidenta durante la pandemia, buscando reiteradamente el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el jefe del Consell, aunque tuviera la lógica política de ganarse un lugar al sol en un momento donde todo el protagonismo lo acaparaba Ximo Puig, también ha acabado por erosionar su imagen hasta hacer olvidar una de las cualidades que más le adornaron en sus inicios: la empatía.

Mientras el principal socio del PSPV en el Consell se tambalea, el PP se rearma. Mazón ha jugado un papel secundario en el congreso de su partido, pero tendrá todo el soporte

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Desde que empezó esta legislatura, Oltra ha ido forzando su posición, ya fuera a la hora de enfrentar las consecuencias del covid, aprobar los presupuestos, contestar a los informes del Síndic o responder a las primeras noticias sobre el caso que afectaba a su exmarido. Y la cuestión es que ahora ya no tiene marcha atrás. Si el TSJ la imputa, todo el Botànic será sometido a proceso. Pero no queda otra, porque sin ella tampoco hay Botànic.

Ese es el problema. Que Compromís ha sido incapaz de sustraerse al hiperliderazgo de la vicepresidenta. Quienes venían con la camiseta puesta a renovar la política no han sido capaces de articular su propia renovación. Se insiste una y otra vez en situar al diputado en Madrid Joan Baldoví como próximo candidato a la presidencia de la Generalitat por la coalición en sustitución de Oltra. Pero Baldoví, que por muchos programas de televisión en los que aparezca sigue siendo un desconocido en amplias zonas de la Comunidad Valenciana (entre ellas, Alicante, que supone más del 37% del censo), ni tiene el liderazgo, ni la raza de Oltra, ni representa a esa nueva izquierda que apoyó a Compromís en sus inicios. Y además tendría que echarse a las espaldas a la coalición en una situación de precariedad como jamás en su breve historia se ha visto, y enfrentada a un desafío imponente: el de cómo recuperar la coherencia, que fue una de sus principales banderas y ahora, con todo esto, parece haber sido desterrada de su actuación política.

Mientras el primer socio del PSPV en el Consell sufre un triple castigo (el del proceso judicial a Oltra, el de sus propios problemas internos y el de su falta de definición política en tiempos de grandes quebrantos sociales y económicos), el principal partido de la oposición abre una nueva etapa, tras haber echado a su anterior presidente, Pablo Casado, y haber erigido un nuevo líder, Feijóo. Más allá de los errores de Casado en su batalla contra Ayuso y de las trampas que la populista presidenta madrileña le tendió y en las que él cayó de hoz y coz, la principal causa por la que el anterior mandatario popular fue defenestrado es que en el partido se había extendido el convencimiento de que no era el líder que podía llevarles a la victoria frente a Pedro Sánchez. Feijóo, que se ha ido a Sevilla a rememorar los fastos que adornaron la coronación allí mismo de Aznar en 1990 pero ha olvidado recordarles a los suyos que el de Valladolid tardó seis años en llegar a la Moncloa, no lo va a tener fácil. Pero con lo que sí que cuenta es con una inversión de la percepción: los barones del PP y su militancia no creían que con Casado pudieran ganar, pero están convencidos de que con él sí, y eso va a diluir muchas tensiones y va a poner al PP de nuevo en orden de combate.

La cuestión es que el bloque de la derecha es un sistema sin fugas. Lo que pierda el PP se lo llevará Vox y lo de Cs se lo reparten. En el de la izquierda, el enemigo es la abstención

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Indudablemente, todo ello tendrá repercusiones en la Comunidad Valenciana. Mazón ha jugado un papel secundario en este congreso, entre otras cosas porque el PP es consciente de que el camino a la Moncloa pasa, antes de por ganar en Valencia, por mantener Andalucía. Y porque sigue siendo visto como un dirigente que aún debe demostrar su capacidad. Pero contra lo que pudiera parecer, es seguro que a partir de ahora contará con un respaldo más solvente desde Madrid que el que tenía con Casado y con García Egea, aunque fueran sus amigos. Un respaldo que no admite distracciones: el PP de Feijóo, como antes el de Aznar o el de Rajoy, no va a salirse fácilmente del guión trazado para reconquistar el poder, como demuestra el hecho de que en pleno escándalo por las acusaciones de nepotismo en las oposiciones a la Policía Local, el nuevo presidente del partido haya incluido al alcalde Barcala en su ejecutiva: Alicante es una de las ciudades más populosas de las gobernadas por los populares y le darán cobertura pase lo que pase.

Es verdad que Mazón sólo tiene una bala. Si no consigue alcanzar el gobierno en las elecciones de mayo próximo es muy probable que su partido no le dé otra oportunidad. Pero, a cambio, en su bando de momento todo suma, porque la derecha no pierde un voto: las fugas del PP van a Vox y el hundimiento de Ciudadanos se lo reparten entre ambos, pero todo dentro de un sistema que se retroalimenta y en el que, a la hora de la verdad y como se ha visto en Castilla y León, si los números cuadran no hay cordón sanitario frente a la ultraderecha que valga.

Por el contrario, el problema del Botànic es que el PSOE difícilmente puede compensar el desgaste de sus socios de Compromís y Podemos si este se traduce en pérdida de apoyos en las elecciones. Por convicción y por estrategia, Ximo Puig optó por la moderación como enseña de su presidencia. Pero no está claro que eso le dé los réditos suficientes en las urnas: para el electorado «de centro», el PSOE y él pueden ser una opción, pero su alianza con Compromís y Podemos resulta un elemento disuasorio a la hora de votar. Tampoco, ni por talante ni por historia, puede Puig radicalizar ahora su discurso para intentar pescar en las aguas revueltas que están quedando a su lado. El resultado es que mientras el electorado de derechas está claramente movilizado, el que sustenta al actual Botànic puede tener en la abstención su peor enemigo, sin que sacar el «espantajo» de Vox esté claro que sirva de algo a estas alturas. Así que la pregunta es: ¿tiene la izquierda un plan B para mantenerse en el Palau tras las próximas elecciones? Porque si lo tiene, para mañana es tarde.

Una remodelación frenada

La situación de Mónica Oltra, y por ende la de Compromís, ya está afectando a las decisiones y la dinámica del Consell. Prueba de ello es que el president Puig no ha sido capaz de llevar a cabo la remodelación de su gabinete que tenía decidido ejecutar a finales de febrero y que incluía un cambio de especial relevancia política: la salida de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que con mucha probabilidad iba a ser nombrada delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, como paso previo a una posible nominación como candidata a la Alcaldía de Alicante por el PSOE. El plan ha quedado en stand by por varias razones, pero entre ellas está la imposibilidad de abrir el melón de cambios en el Gobierno mientras la vicepresidenta esté pendiente de los tribunales. Oltra ya ha dicho que no piensa dimitir si el TSJ la imputa, aunque eso entre en contradicción con la doctrina sostenida en el pasado por Compromís sobre las imputaciones a dirigentes políticos, lo que algunos han visto no sólo como un mensaje de firmeza hacia el exterior, sino sobre todo como un mensaje hacia su propio partido y hacia el PSPV, donde ya se había empezado a especular con la posibilidad de que ella se retirase mientras se aclara su situación judicial y la vicepresidencia del Consell fuera ocupada por Joan Baldoví, que luego asumiría la cabeza de cartel de la coalición en las autonómicas del año próximo. Pese a estas especulaciones, Compromís de momento ha optado por cerrar filas con su líder, en el convencimiento de que por el momento tampoco hay otra salida.

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