Todavía resuena en mis oídos el eco de las declaraciones del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, valorando el efecto económico del aumento de los caudales ecológicos incluido en el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, que prevé la reducción anual de 105 millones de metros cúbicos para los regadíos del Levante español.
Las cifras, cautelosas y muy por debajo de las reales a modo de ver de los usuarios del Trasvase Tajo-Segura, son de infarto: pérdida de 5.000 empleos directos, reducción de 12.000 hectáreas de regadío, y 122 millones anuales de pérdidas de negocio.
Es entonces cuando vienen a mi mente, todos los recuerdos recientes de situaciones en los que el Gobierno Central y/o los Gobiernos Autonómicos se han posicionado de forma decidida y pública en defensa del mantenimiento del empleo y en contra de cierres de empresas con problemas de viabilidad empresarial.
Sin ánimo de ser exhaustivo, recuerdo las declaraciones de la Ministra de Hacienda en 2021 en las que manifestaba que el Gobierno no contemplaba el cierre de la planta de Airbus en Puerto Real y se estaba empleando a fondo para evitar que el perjuicio económico de la pandemia se tradujera en cierre de factorías o pérdida de puestos de trabajo.
También fue noticia en el mismo año, el cierre de la mercantil Vestas, quien rechazó las ayudas económicas ofrecidas de los Gobiernos Autonómico y Central para impulsar un plan de reindustrialización que afectaba a 115 trabajadores.
Del mismo modo participó el Gobierno en las negociaciones para tratar de evitar el cierre de Alcoa en las plantas de Lugo (1.063 trabajadores afectados en 2021) o el cierre de Nissan en Barcelona (2.500 empleos directos en 2020)
Recientemente la Generalitat Valenciana, ha trasladado su apoyo a los trabajadores de la planta de Nordex (fabricante de aerogeneradores y participada por Acciona) en Vall d´Uxó y se posicionará públicamente en contra de su cierre, que afectará a 94 trabajadores.
Ninguno de estos hechos es destacable; los Gobiernos están para defender el bienestar y los intereses de los ciudadanos y por ello y para ello se les elige en las urnas. Por eso, la situación actual del regadío en el Levante español tiene tanto de incomprensible como de trágica.
No es que el Gobierno se niegue a actuar en defensa de los intereses de al menos 5.000 empleos directos como cuantificaba el jueves pasado el Sr Urrea, sino que es el propio Gobierno directamente el promotor de esta destrucción de empleo. El recorte de 105 Hectómetros cúbicos que contempla el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, corta por lo sano con el futuro de todo un sector que no tiene Plan B que garantice su supervivencia. Sin estos aportes, el regadío del Levante español está condenado a desaparecer y con él, la garantía de un medio de vida digno para todo un sector que sólo sabe trabajar el campo y ofrecer a la sociedad su resultado: frutas y hortalizas de calidad, seguros y cercanos.
Pero este será el primero de muchos otros sectores productivos que verán peligrar igualmente la garantía de suministro hídrico o el encarecimiento de este recurso universal, preciado y necesario que es el agua. ¿Cómo afrontará el sector del turismo, el resto de sectores industriales o incluso los propios hogares de los levantinos las posibles restricciones o el asegurado encarecimiento en sus facturas de agua por la sustitución de agua procedente del Trasvase Tajo-Segura por agua desalinizada (cinco veces más cara en la mejor de las situaciones)? ¿Tendrá que venir el Gobierno a auxiliar a todos estos sectores con nuevos Planes Estratégicos, Medidas Extraordinarias y Planes de Recuperación que supongan el desembolso de miles y miles de millones de euros de los fondos públicos?
Reduciendo a la simplicidad más básica este planteamiento, ¿no es más lógico que no se lleven a cabo estos recortes en el Trasvase hasta que no se disponga de una adecuada planificación que evite este efecto devastador sobre los regadíos de nuestra tierra? ¿Es realmente tan difícil que el Gobierno estudie las alegaciones de los usuarios y valore que las estimaciones realizadas pueden están por encima de los cálculos realizados por los técnicos y expertos en la materia?
El Gobierno de la Nación tiene, todavía hoy, margen de actuación para replantearse medidas drásticas que, lejos de sustentarse sobre bases técnicas y suponer una transición ecológica ordenada, dan respuesta a exigencias políticas. El desastre que estas medidas van a causar es de tal magnitud que costará mucho tiempo enmendar el error.
El campo, unido en sus reivindicaciones, se manifestó en Madrid el pasado 20 de marzo; la sociedad española le escuchó; ¿nos ha escuchado el Gobierno?
