Mucho se ha hablado de la profunda degradación que atraviesan los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante. A los miles de expedientes paralizados de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) o de la Dependencia que se acumulan en sus oficinas, al retraso inadmisible en las citas con las trabajadoras sociales para trámites esenciales, a la no renovación automática de más de un centenar de profesionales sociales al finalizar sus contratos, a la dificultad para acceder a ayudas de emergencia y la desatención a personas sin hogar, a los recursos insuficientes, a la falta de diálogo con organizaciones que trabajan con personas vulnerables, se suma una vergonzosa ordenanza contra la mendicidad y las mujeres prostituidas, actualmente recurrida ante los tribunales de justicia, que demuestra el profundo deterioro de esta concejalía de Acción Social que dirige la controvertida concejala Julia Llopis, del Partido Popular.
Pero estos son solo algunos de los rasgos más conocidos. Sin embargo, hay otros muchos datos menos conocidos, que demuestran bien a las claras el colapso moral y político que atraviesa una concejalía tan importante para la ciudad, que no está a la altura de sus obligaciones. Voy a hacer público uno de ellos que, como profesor e investigador de la Universidad de Alicante, me ha tocado sufrir en primera persona para que se valore hasta qué punto esta concejalía de Acción Social atraviesa una deriva imparable.
En pocos días será presentado con la importancia que merece ante la sociedad un amplio y pormenorizado estudio que radiografía el impacto de la pandemia en la economía de Alicante. Esta investigación, promovida por el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, bajo la dirección de los catedráticos Antonio Escudero y José Manuel Casado, estudia en profundidad algunos de los sectores más relevantes de la provincia, de la mano de un buen número de profesores e investigadores, especialistas en diferentes materias.
El pasado año, los directores de la investigación me plantearon sumarme al estudio, analizando a nivel provincial y comarcal el impacto de la pandemia en la pobreza de Alicante, así como sus efectos. De inmediato me puse a trabajar en un análisis que planteaba algunos desafíos en el acceso a datos necesarios para una investigación con un importante anclaje territorial, para lo cual diseñé una metodología de investigación específica aplicada al objeto de estudio.
Entre los datos a estudiar, me propuse analizar las respuestas sociales que las dos principales ciudades de la provincia, Alicante y Elche, han ofrecido durante la pandemia. Se trataba de conocer los medios, recursos e intervenciones aplicados en una etapa histórica tan singular, poniendo en valor el esfuerzo que desde los servicios sociales municipales se ha realizado y que en buena medida es desconocido, a pesar del papel clave que han desempeñado. Con este propósito, presenté una solicitud de datos, mediante el registro de entrada, a los Servicios Sociales de los Ayuntamientos de Alicante y Elche, acogiéndome a la Ley 19/ 2013 de Transparencia, acceso a información pública y buen gobierno. En ella explicaba la naturaleza de mi investigación para la Universidad y solicitaba una serie de datos estandarizados, referidos a intervenciones desde estas concejalías durante la pandemia, especialmente en los años 2020 y 2021.
Es importante señalar que el proceso de solicitud de información mediante la Ley de Transparencia reconoce el derecho a acceder a datos oficiales de las administraciones públicas, siendo de obligado cumplimiento por éstas. Sin embargo, la respuesta recibida desde los Ayuntamientos de Elche y Alicante ha sido diametralmente distinta.
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche aceptaron de inmediato la solicitud y se pusieron en contacto conmigo para facilitarme toda la información, datos e informes que necesitara, por detallados que fueran, siendo varios los funcionarios que trabajaron durante varios días en un documento extraordinariamente pormenorizado de dieciséis páginas, desglosando todos los datos, cifras e intervenciones solicitadas. En éste informe se ofrece una detallada información del intenso trabajo que los servicios sociales del Ayuntamiento de Elche han llevado a cabo durante la pandemia, con un 30% de aumento en las personas atendidas, un 104% de expedientes nuevos abiertos, un incremento del 75% en las ayudas otorgadas, con 3,13 millones de euros aplicados de manera específica a ayudas de emergencia, junto a otros muchos dispositivos específicos que evidencian la importancia del trabajo llevado a cabo.
Por el contrario, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante se negaron a darme la información solicitada, o mejor dicho, me mandaron un enlace para que me descargara las memorias de los años 2011 a 2019, antes de la pandemia y sin relación con los datos solicitados. Hasta el punto de que el Síndic de Greuges, en una reciente resolución ante la queja por el incumplimiento de la Ley de Transparencia por la no entrega de los datos solicitados, ha reconocido el derecho a acceder a esta información y la obligación del Ayuntamiento de Alicante de proporcionarla.
Desconozco si los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante pueden explicar el trabajo y los recursos extraordinarios dedicados durante la pandemia a la población que ha vivido en situación de extrema necesidad en la ciudad. Pero lo que es indudable es que incumplen leyes básicas y no colaboran con investigaciones públicas como la que se ha tratado de llevar a cabo desde la Universidad. Nada que ver con la transparencia a la que están obligados y que el Ayuntamiento de Elche cumple con rigor.
