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Francesc Sanguino, en una fotografía de archivo.

El bestiario del patrimonio maldito de Alacant: Torre Placia

Torre Placia se encuentra ubicada entre viviendas, en el entorno de Playa de San Juan

En 2000 el Ayuntamiento de Alperi otorga licencia para la construcción de una urbanización de 40 bungalós junto a la torre sin respetar el entorno BIC y sin permiso de la Conselleria. Seguro que fue un descuido. La Conselleria exige que se paralicen las obras, pero el Ayuntamiento sufre en aquel entonces un ataque agudo de pasotismo y no hace nada. Dos años más tarde, la Conselleria reabre un expediente sancionador por presunto atentado contra la Torre Placia, pero a Alperi le pilla negociando en La Cantera con Francis Camps la lista de sus ilustrísimos y tampoco.

Tres años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia llega a las siguientes conclusiones: a) El Ayuntamiento tiene inscritas como BIC 23 torres y una de ellas es Torre Placia, b) No existe nunca ninguna edificación en un radio de cien metros alrededor de la Torre Placia, c) La urbanizadora omitió la presencia de la Torre Placia en los planos del plan parcial (no la vieron) para construir 40 bungalós, d) El Ayuntamiento aprobó el plan parcial dando por bueno que no existía la Torre Placia que tenía inscrita como BIC entre 23 torres (ahora está, ahora ya no está), e) El Ayuntamiento concedió licencia de construcción de los bungalós, f) Se requirió al Ayuntamiento la paralización cautelar, g) El Ayuntamiento no hizo ni caso.

Seis años más tarde, el TSJ anula la licencia de bungalós que el Ayuntamiento otorgó y ordenó la demolición de los bungalós. En la sentencia el tribunal acusa al Ayuntamiento de gestionar su territorio “con absoluto desprecio” a este patrimonio. Adivinen qué pasó inmediatamente después. En efecto, las obras siguieron sin el permiso de la Conselleria como si tal cosa.

Siete años más tarde, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Alicante exige al Ayuntamiento la acreditación de la ejecución de la sentencia de 2004, pero al Ayuntamiento por un oído le entra y por otro le sale.

Nueve años más tarde, Alperi dice que para qué nos vamos a pelear por una torre y propone un uso cultural y tan amigos. Once años más tarde el Juzgado de lo Contencioso dice que a ellos tampoco les parece mal, pero el TSJ califica de “ficción jurídica” el acuerdo de Alperi y el Juzgado y exige que esos bungalós me los quitáis de ahí en tres meses, ni uno más. Alperi recurre al Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo lo manda a casita, que llueve.

Trece años después el TSJ le da un mes para el derribo y llama “negligente” a Alperi (algo por lo que Alperi sufre sin duda de insomnio desde entonces). Catorce años después se valora en tres millones de euros la expropiación de los bungalós, pero -y ahora viene lo bueno- El Ministerio de Cultura de Rajoy dice que lo que molesta ahí no son los bungalós sino la Torre, y que ya me la están poniendo en otro sitio y sella el traslado

Dieciséis años después, el Ayuntamiento acuerda la compra de la Torre por 1,7 millones de euros, pero no incluye las ruedas para desplazarla. Dieciocho años después, se adjudica el traslado de la Torre Placia, con un desembolso previsto entre compra y traslado de un millón más de lo que costaba expropiar los bungalós, Sofía Morales dixit. Veinte años después, el Ayuntamiento consigue cerrar adjudicación para el estudio de su traslado. Veintiún años después, el Ayuntamiento dice que la quitará piedra-a-piedra, mientras que el Ministerio dice que trozos-a-trozo. Veintidós años después, del mismo modo que el Ministerio de Cultura de Rajoy dice que se la lleven, Pedro Sánchez dice que ni por piedra ni por trozos, que la torre no se toca.

De haberse desplazado, habría sido un precedente europeo de terrorismo cultural de un Ayuntamiento, llámenme categórico. Alicante, de nuevo en la vanguardia de las desfachateces. Algo así solo se ha producido para abrir el Canal de Suez y ahora se habría hecho para quitarle a cuarenta propietarios de bungalós de un lugar llamado Alicante una molestia como una torre del siglo XVI. Canal de Suez y bungalós tienen una misma importancia, no lo neguemos.

El caso es que ahora somos dueños de una de las Torres de la Huerta gracias a 1,7 millones que pagamos, y que vamos a disfrutar como niños, seguro. Todo por el “absoluto desprecio”, que dijo el juez del alcalde del PP. Que no lo digo yo, que yo le habría dicho mucho más.

¿Y que ha dicho el bipartito? “¿Que no se mueve? Pues eso que nos ahorramos”. Los mismos que dicen que les parece fenomenal el restaurante en el faro de Cap l’Horta. Eso es todo lo que se le ha ocurrido al equipo de Gobierno decir. No es ciudad para esta torre, ni para otras. El caso es que Alicante ha vuelto a perder, no hemos sabido defender nuestro patrimonio histórico, como tampoco lo estamos haciendo con la Torre El Ciprés.

En cualquier caso, sí ha habido personas que han defendido este patrimonio, algunos de ellos, propietarios de torres, como lo fue en su momento el de la Torre Placia, o lo son ahora propietarios de otras, como Torre Juana, y es justo reconocérselo en el pasado como en el presente. A mí me gustaría agradecer a Alejandro Soler el interés en estos últimos años ante mi petición de SOS. Pero sobre todo y por encima de todo, me gustaría reconocer la huella documental del amigo y compañero del Consell Valencià de Cultura Gerardo Muñoz en la defensa de las Torres de L’Horta d’Alacant. A él, en gran medida, se debe esta humilde lámina del bestiario. Gerardo, sin haber nacido en Alicante, la defiende como el más alicantino, sin alharacas ni boatos, como deberíamos hacer todos de una puñetera vez.

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