Todos los Estados que se precien de pertenecer al mundo civilizado cuentan con un servicio de inteligencia que se ocupa de la seguridad nacional. El español se llama Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sus orígenes se remontan a la Segunda República española El hecho de que apenas se hable de sus acciones fuera y dentro de España no significa que tenga una importancia relativa en el funcionamiento de las instituciones, la seguridad y la prevención de ataques terroristas en nuestro país. Al contrario, su trabajo discreto y abnegado ha salvado miles de vidas españolas de ataques terroristas y ha avisado al Gobierno de turno sobre movimientos de grupos mafiosos que intentaban hacerse fuertes en la economía española.
Una de lo más graves situaciones a las que ha tenido que enfrentarse la democracia española fue el desafío independentista del Gobierno de la Generalitat de Cataluña - dirigida en aquel momento por Carles Puigdemont – que contó con el apoyo de la mitad de la población catalana. En los meses anteriores y posteriores al fracasado intento de convertir a Cataluña en un nuevo Estado independiente se sucedieron los más graves altercados callejeros que se recuerdan en España. Grupos especializados en la lucha callejera de la órbita independentista se organizaron para causar los mayores daños posibles al mobiliario urbano tratando de generar al mismo tiempo una sensación de caos absoluto en la ciudad de Barcelona. Responsables políticos del Govern y de asociaciones independentistas satélites subvencionadas por el Govern alentaron la realización de actos violentos. Tuvo cierta repercusión el “apreteu apreteu” de Quim Torra a los radicales de los CDR o los Jordis subidos encima de un coche destrozado de la Guardia Civil megáfono en mano alentando a una masa enfurecida.
Recordando las imágenes que se pudieron ver en los telediarios de medio mundo resulta sorprendente que no resultase muerto algún policía nacional. Y en este contexto el CNI previa autorización judicial llevó a cabo escuchas telefónicas cuyo único fin fue prevenir que se cometieran actos violentos, que se violentase el orden constitucional y que, en última instancia, se produjesen daños personales. Las escuchas que se llevaron a cabo fueron realizadas para prevenir delitos y para evitar daños irreversibles mientras al mismo tiempo, el Gobierno iniciaba conversaciones formales con la Generalitat catalana para evitar futuros conflictos y para conseguir asentar a Cataluña en el sistema constitucional de comunidades autónomas que ya de por sí establece fuertes dosis de autonomía administrativa y financiera que se han ido agrandando con el paso del tiempo. Si el Gobierno de Pedro Sánchez desclasificase toda la información que partidos como Esquerra Republicana están pidiendo, probablemente, como dijo hace unos días la ministra de Defensa Margarita Robles, más de uno se llevaría una sorpresa a tenor de la información que se haría pública. Prueba de ello son las extrañas reuniones del círculo íntimo de Puigdemont con emisarios de Vladimir Putin que se han conocido hace unos días gracias a investigaciones periodísticas.
Como era de esperar el principal partido de la oposición, el Partido Popular, no ha desaprovechado la ocasión de atacar, una vez más, al Gobierno de Pedro Sánchez sin importarle la importancia que para el país tienen determinados asuntos. El Partido Popular, si quiere volver a gobernar, tiene que ponerse el traje de partido de Estado y ayudar al país en aquellas cuestiones que son básicas para la ciudadanía. A su actitud extremista y radical durante la pandemia y a la genial idea que tuvo Pablo Casado de ir a las instituciones europeas a hablar mal del Gobierno para evitar que llegasen a España las ayudas de plan de recuperación europea por la pandemia, se une ahora pedir dimisiones y explicaciones por materias y asuntos que de sobra conocen han ocurrido en todas las Administraciones anteriores. Lo que de momento no ha ocurrido en el Gobierno de Pedro Sánchez es la utilización de policías nacionales para tapar la corrupción como sí hizo el PP con el caso Kitchen y la persecución desde las más altas instituciones del Estado a Luis Bárcenas.
El Gobierno se encuentra en la cuerda floja por las amenazas de los grupos de la oposición con cortar el apoyo a Sánchez y el Partido Popular instalado en el gamberrismo político. El de momento presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, debería ser capaz de hacer una oposición responsable en materias de Estado sin mirar de reojo a lo que diga la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si Díaz Ayuso continua instalada en la radicalidad y el rencor es porque no sabe hacer otra cosa. Feijóo, sin embargo, debe asentarse en su papel de estadista y hombre de diálogo que él mismo se ha inventado. Es el último intento de los populares de ser un partido de centro: si fracasa la derecha española entraría de manera definitiva en la radicalidad en la que la extrema derecha de VOX le está esperando.
