Lucas Jiménez, presidente del sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, no se ha cansado de recordar en las últimas semanas que todo lo que rodea al futuro del trasvase, para que nos entendamos, su cierre por inanición, es decir, la clausura programada al no contar con agua para trasvasar es fruto de un movimiento calculado con el que el Ministerio para la Transición Ecológica no hace otra cosa que cumplir con una promesa del presidente del Gobierno. Y es que Pedro Sánchez, allá por 2018, se comprometió en el fragor de un mitin en Albacete a cerrar el Tajo-Segura.
Cuatro años después de aquel mitin, el Gobierno, si el sentido común no lo remedia o un juez no termina poniendo orden a este sainete hídrico, camina hacia la aprobación de un plan hidrológico, el del Tajo, que, con todo lo que se está conociendo, parece, incluso, un ejercicio de presunta prevaricación hídrica. O, si no, ¿cómo se puede explicar que el Consejo de ministros vaya a aprobar un documento validado por el Consejo Nacional del Agua -tiene narices- en el que figuran datos obtenidos por técnicos competentes, que aseguran que la acción traerá la ruina y que no es necesario elevar el caudal ecológico? Es decir, un plan que de ejecutarse dará un golpe casi mortal al trasvase provocando miles de despidos y el abandono de miles de hectáreas de cultivos. Un plan que, además, contradice a otro, el del Segura, que advierte del desaguisado hídrico que se va a cometer y apuesta por dejar las cosas como están.
Pues bien, la vicepresidenta Teresa Ribera y su mano derecha, el asturiano Hugo Morán, al que cuestionan ya en su tierra tras la que armó poniendo a los lobos por delante de vacas y corderos, se han tapado ojos y oídos para cumplir, o eso parece, la promesa de Pedro Sánchez. Un presidente que opina de todo, pero al que no se le recuerda haberle escuchado nunca ni media palabra sobre el Tajo-Segura. Sus detractores le acusan de hablar mucho y cumplir poco. Tiene gracia -quizá no sea el término más oportuno- , que una de las pocas promesas que vaya a cumplir sea el cierre en diferido del trasvase para contentar a sus votantes castellano-manchegos, al presidente García-Page y, entre otras y otros, a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que en medio de la tormenta ha tenido el descaro político o, por qué no reconocerlo, la sinceridad de plantarse en Murcia y soltar aquello de que el objetivo es el cierre del Tajo-Segura.
Lo peor de todo es que estos compromisos electorales, que no tienen apoyo ni jurídico, porque tampoco está probado que deban aumentarse los caudales ecológicos del Tajo -la sentencia del Tribunal Supremo lo único que dictó fue que se fijaran, sin entrar en las cantidades y volúmenes-, amenazan con estancar el presente y el futuro de buena parte de la provincia y, además, sacudir el propio PIB de la zona arrancándole miles de millones de euros menos.
Y todo a expensas de un innegable cambio climático, pero que nos puede dejar sin agua, o, incluso, ahogar con ella (que pregunten a los productores de melón en Elche, a los que la excesiva de humedad de esta primavera ha mermado su cosecha). Por no hablar de ese mantra de que cada provincia debe ajustar su crecimiento a su propia disponibilidad de agua sin tener que recurrir a otras fuentes. En este caso, los 350 hm3 al año del río Tajo, la mitad de la cantidad que fijó una ley en vigor desde 1971 y una milésima parte de la cantidad que España entrega a Portugal. ¿Alguien lo puede entender?
Al margen de la mano que pueda echar el Supremo con los recursos del Consell, la Diputación, los ayuntamientos de Elche y Orihuela y de los regantes contra los recortes en el Tajo-Segura, se ha constatado, negro sobre blanco, que la hoja de ruta del Gobierno no tiene marcha atrás: el clima, Emiliano García Page -presidente de Castilla-La Mancha- y esa obsesión antitrasvasista de la vicepresidenta Teresa Ribera condenan al trasvase. Y el Ejecutivo lo hace, además, sin ningún tipo de miramiento, pues Ribera ha planteado una tarifa del agua desalada que duplica la que pueden asumir los agricultores.
Podría parecer una broma, pero 60.000 trabajadores de muchos sectores, no solo el hortofrutícola, se verán arrastrados al desempleo porque con eso de la globalización los tomates se podrán comprar en Marruecos, las naranjas en Argentina y Sudáfrica, las chufas en Mali y los melones en Senegal, pues la rentabilidad manda. ¿Qué agricultor puede pagar el agua desalada a 0,5 euros el metro cúbico y luego subsistir con los 15 o 20 céntimos que recibe por un kilo de naranjas? Esa es la realidad que se vive ahora mismo en una provincia de acogida para miles de españoles que acabará contra las cuerdas. Quizá no de inmediato, ni quizá en diez años, pero, si alguien no le echa sentido común, el futuro será negro. Si ya es duro que se imponga el agua desalada, con los problemas que conlleva el utilizarla directamente, casi es peor que en Madrid la indiferencia hacia Alicante les lleve a cobrarla a precio inasumible y, ni siquiera, se planteen la posibilidad de una subvención.
Las desaladoras de Alicante y Murcia -Torrevieja, Águilas, Alicante y San Pedro del Pinatar- tienen capacidad para producir actualmente un total de 207 hm3 de agua desalada para contribuir a completar el regadío y el abastecimiento urbano de toda la región de Murcia, 35 municipios de la provincia de Alicante y dos de Albacete. Un volumen de agua insuficiente para sustituir los 350 hm3 de agua que llegan del trasvase del Tajo porque, además, una gran parte del agua desalada ya se genera y utiliza todos los años. Por lo tanto, ahora mismo, el recorte de hasta 264 hm3 al año a partir de 2027 (hay que sumar los años de sequía) que ha aprobado Confederación Hidrográfica del Tajo dejaría sin los recursos hídricos necesarios para garantizar el desarrollo futuro de una parte importante de la provincia de Alicante, incluidas la ciudades de Alicante y Elche y toda la Vega Baja.
Si se consuma la intención del Ministerio para la Transición Ecológica de ir recortando los aportes de agua a Alicante y Murcia, y su sustitución por agua desalada hasta que llegue el día de su cierre, como aseguran los regantes, el coste para el Gobierno superará, para colmo, los 1.000 millones de euros, dinero necesario para ampliar e interconectar las desaladoras, instalar infraestructuras para utilizar energía fotovoltaica e, incluso, el pago de las posibles denuncias. La construcción de la infraestructura está prácticamente amortizada tras 43 años de uso y una inversión de 600 millones de euros, y asevera que el trasvase es, por lo tanto, la mejor opción técnica, económica y ambiental.
Postdata: este próximo martes, agricultores y empresarios hortofrutícolas se concentrarán frente a la Subdelegación del Gobierno en la plaza de la Montañeta de Alicante en la primera de las acciones que se van a desarrollar en la calle contra los recortes. El ambiente está más que caldeado, pero se trata de gente de bien. Veremos si alguno de los diputados que los representan en Madrid se digna a mezclarse entre frutas y hortalizas. Tres años después de conocerse las intenciones del Gobierno el fracaso de la política ha sido más que evidente y solo desde hace 15 días, cuando el diálogo y el perfil bajo no han servido para nada, el Consell parece que da un paso adelante consciente, además, de que falta un año para la primavera de 2023 y las elecciones autonómicas. El martes hasta puede que se dejen ver a alguno de los que aspiran a repetir cargo a partir de 2024 repartiendo pimientos y tomates. Ver para creer.
