El desarrollo de las sociedades ha dependido a lo largo de la historia del desarrollo y funcionamiento de infraestructuras de uso colectivo, de interés general y beneficio común. Sin lugar a dudas, no hay nada más público que una obra pública, una perogrullada que resume el valor social de la Obra Pública.
La construcción de infraestructuras ha permitido a nuestro país el salto exponencial que necesitaba tras la recuperación de la democracia, la entrada al constitucionalismo y la incorporación a Comunidad Económica Europea, que derivó en la actual Unión Europea. Sin duda, la España de hoy, que venía embrutecida, ruda, aislada y retrasada tras 40 años de aislamiento internacional tuvo la oportunidad de sumarse a los países occidentales de pleno derecho gracias a la recuperación de infraestructuras básicas que permitieron el desarrollo colectivo de la sociedad española. La provincia de Alicante se benefició de ello y avanzó en su asimilación a los estándares europeos, como polo de atracción de ciudadanos que buscan en nuestro territorio un lugar donde descansar, vivir, trabajar e invertir. La construcción de universidades, autovías, un aeropuerto, varios hospitales, una línea férrea de alta velocidad, etc… explican la provincia que hoy tenemos.
Un salto que, aunque fue importante fundamentalmente en la década de los 90, está inconcluso, puesto que nuestra provincia arrastra con el tiempo importantes proyectos de inversiones, necesarios para mejorar la competitividad de nuestras empresas y sectores productivos.
Completarlos en corto o medio plazo es básico para muchas empresas que hoy están obligados a conectar con el resto del mundo. La Obra Pública fortalece, vertebra y protege el territorio. La Obra Pública son carreteras, vías de ferrocarril, urbanización para suelo industrial o residencial, pero además también representa la capacidad de generar elementos imprescindibles para la consolidación del Estado del Bienestar. No es posible ejercer determinados derechos básicos y esenciales de la ciudadanía si carecemos de colegios, universidades, hospitales, centros de salud, instalaciones deportivas o culturales, y otras tantas. Es por ello que la Obra Pública tiene un innegable valor social.
Y hoy está en peligro. La Obra Pública necesita una respuesta de las administraciones, y también un reconocimiento social, que le permita sobrevivir a la situación de crisis continuada. En 2020, la licitación pública de obra civil cayó un 26%, mientras que contratación se contrajo hasta el 40%. En 2021, el año que parecía de la recuperación comenzó la escalada de precios de las materias primas, los problemas de distribución logística y un aumento de los costes energéticos. A modo de ejemplo, el pasado año, los precios de acero corrugado crecieron un 48 %, el aluminio un 43%, la madera un 86%, el petróleo un 46%, y la electricidad hasta el 584%. Una situación endiablada para construir nada. Una situación que se ha agravado en 2022, acelerándose la complejidad de la situación tras el 24 de febrero con la invasión rusa en Ucrania.
En cierta medida, el Gobierno de España ha respondido a la necesidad de las empresas del sector con su Real Decreto Ley 3/2022 de medidas excepcionales de revisión de los precios, pero se ha quedado a todas luces insuficiente, y ha dejado flecos importantes que ponen en dificultades a muchas empresas y a muchos de los trabajadores que ellos sostienen.
Además, no serán suficientes estas medidas si no se ataja la rigidez que impone la Ley de Contratos del Sector Público, que impone exigencias complejas y poco prácticas para la Administración. Y establece condiciones que abocan a la falta de competencia en los procesos de licitación actuales, puesto que son inasumibles para las empresas ante la espiral de precios que sufre el mercado. La condición de ‘desierta’ es cada vez más frecuente en las licitaciones de este país, licitaciones que quedan en blanco para dejar sin futuro cientos y cientos de proyectos de las diferentes administraciones.
Se requiere, por lo tanto, una revisión clara de los precios de licitación, unos pliegos de condiciones donde el precio no sea determinante, si no que prime la capacidad técnica, la calidad y la solvencia, y una Ley de Contratos del Sector Publico que sea más flexible y pueda adaptarse con facilidad a situaciones como la actual. Un nuevo modelo que defienda lo público de calidad, y no bajo los conceptos del ‘low cost’, convencido de que invertir en lo público genera riqueza social y oportunidades colectivas. Nuestro papel para el avance de la sociedad es fundamental, sin olvidar que está en juego poder ejecutar las inversiones de los Fondos Europeos. Se requiere apostar por el concepto de inversión pública, se requiere ambición para defender un sector que es estratégico. Se requiere ganas de crecer, fuerza para mejorar y conciencia para entender el valor social de la Obra Pública.
