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Juan R. Gil

ANÁLISIS

Juan R. Gil

La provincia pagafantas

La solución a la falta de agua no es una cuestión solo de los agricultores. Tiene que ser una demanda de toda la sociedad y los partidos deben cerrar filas y dejarse de guerras

Un agricultor pisa naranjas ecológicas que se han quedado sin vender en la UE, en la protesta celebrada este martes en Alicante. HECTOR FUENTES

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Alicante, Joaquín Pérez, firmó ayer en este periódico un interesante artículo a propósito de la situación del trasvase Tajo-Segura, amenazado de muerte por el incremento del caudal ecológico que quiere imponer unilateralmente el Gobierno. En él, el empresario ilicitano aboga por sacar el debate del terreno emocional e instalarlo en la racionalidad; por ampliar el foco, dejando de centrarlo en la agricultura para situarlo en el plano más general de la economía; por mantener viva, incluso en los tribunales, la reclamación de los caudales que por ley tienen que llegar a Alicante y no cejar en su defensa, pero valorando al mismo tiempo todas las alternativas que puedan ponerse encima de la mesa siempre que se planteen con seriedad, es decir, con plazos y con financiación; y, finalmente, por organizar la respuesta a los planes del Ejecutivo no desde banderías partidistas sino desde la articulación de la sociedad civil.

No puedo estar más de acuerdo con ese, por otra parte sorprendente, artículo del presidente de la patronal. Hace más de dos años que escribí aquí que la clave para salir de la situación de permanente inseguridad respecto al suministro de agua que padecemos era darle tratamiento de problema y no de conflicto. Porque los problemas se resuelven, mientras que los conflictos se enquistan. Las llamadas «guerras del agua» vienen estallando desde el mismo día en que se puso en marcha el trasvase y no han servido para solucionar nada. La prueba es que, 43 años después de que el primer caudal recorriera sus conducciones, aquí estamos: manifestándonos.

La concentración que el pasado martes tuvo lugar en la plaza de la Montanyeta de Alicante no salió todo lo bien que debía. Es mejor decirlo que autoengañarnos. Sobraban políticos. Faltaba músculo. Se dejó a los agricultores más solos que la una, pese a que estuvieran rodeados de toda clase de cargos públicos. Como si esto fuera cosa de un solo sector, el agrícola, cuando, como muy bien dice el texto que firma Joaquín Pérez, es una cuestión que afecta a la economía y el PIB de toda una provincia, la quinta de España en el ranking. El titular del artículo del presidente de la CEV en Alicante no puede ser más claro: «No hablamos de agua». Efectivamente. Hablamos de mucho más.

Alicante es, junto con Almería, uno de los escasos territorios de la Unión Europea considerados, técnicamente, desertizados. Es decir, que con recursos propios no puede sostenerse. Ha habido años en que nuestra pluviometría ha estado por debajo de la de las zonas, fuera de Europa, que sí son desiertos. Badlands. Malas tierras. Esa es la nomenclatura que en los manuales de geografía anglosajones se usa frecuentemente para esta tierra. Y sin embargo, la tradición morisca, la explotación (por desgracia, en exceso) de pozos, el denodado esfuerzo en el aprovechamiento del mínimo caudal que recibimos, actuaciones como el trasvase y una concienciación en absoluto valorada desde fuera para no despilfarrar agua, han hecho que tengamos una agricultura de exportación puntera. Y también un sector turístico de primer orden. Todo eso no detrae ni gratuita ni graciosamente recursos de otros, sino que contribuye al crecimiento de éstos. Si hablamos de solidaridad interterritorial, Alicante puede liderar el debate: en términos económicos, que es lo que cuenta, aporta más de lo que recibe. Sí: también a Castilla-La Mancha, a cuyos presidentes, sean del color que sean, les resulta más rentable dispararnos a nosotros que confrontar con Madrid, que es de donde generalmente les vienen todos los males. Y, sobre todo, más rentable que hacer examen de conciencia y reconocer todas las infraestructuras que, teniendo financiación para ejecutar, no han hecho a lo largo de los años. Pero sus cuentas serían imposibles de cuadrar sin sumar las nuestras. Así que empecemos a hablar claro. Y a replicarle a García Page situándolo frente al espejo de su demagogia, como antes debimos hacer con Cospedal o con Bono. ¿Hay que hablar del trasvase? Por supuesto. Pero no como si fuéramos ladrones. Que llevamos cuatro décadas pagando religiosamente peaje y sin que nos hayan explicado ni una sola vez en qué invierten los gobiernos ese dinero. Para empezar, que lo aclaren.

Pero como dice Joaquín Pérez, e INFORMACIÓN lleva años publicando, esto no es solo una cuestión de riego. Del agua, o de su falta, depende por entero toda la economía de Alicante. No para llenar piscinas, como de forma torticera se escribe con frecuencia. Sino para dar servicio a una industria que, vuelvo a insistir, es la que acaba equilibrando la balanza de pagos nacional. En los primeros años de la Democracia, precisamente cuando se estaba terminando de construir el trasvase del Tajo al Segura, que se inauguró oficialmente en 1979, se produjo la última gran crisis de abastecimiento. Buques cisterna tuvieron que llevar agua a Benidorm en el verano de 1978, como muy bien documentó en la época el periódico Canfali. La Cordorniz publicó una portada en la que un asistente le decía al ministro de turno: «Excelencia, que llaman de Benidorm. Que quieren agua»- «¿Con gas o sin gas?», respondía el preboste sin inmutarse. La situación se salvó con aquellas cubas. Pero Benidorm perdió el mercado alemán, el más potente.

No es sólo el turismo. Los municipios de mayor población de la provincia, entre ellos por supuesto Alicante, Elche y Benidorm, se abastecen de agua potable gracias al Tajo a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Pase lo que pase con el trasvase, ¿van a cerrarse los grifos en esos municipios? Con seguridad que no. Pero tampoco van a ser descartables en un futuro las restricciones. Y por supuesto subirá el recibo. Así que esto no es cosa de los agricultores. No solamente.

Los reproches entre los partidos, más allá de aburrir a estas alturas a las ovejas, carecen de legitimidad alguna. Tanto el PSOE como el PP han traicionado la palabra dada una y mil veces. ¿Zapatero derogó el Plan Hidrológico que dejó listo de papeles el último gobierno de Aznar? Pues sí, lo hizo. De la misma manera que Aznar derogó el Plan Hidrológico que elaboró el último gobierno de González, obra de Josep Borrell. ¿La vicepresidenta Teresa Ribera está empeñada en cerrar el trasvase del Tajo? Parece que sí. Pero no lo está menos que Isabel Tejerina, la última ministra del ramo en la etapa de Rajoy. A la izquierda le pesan los prejuicios ideológicos en este asunto tanto como a la derecha le pueden los intereses electorales, que encima son cambiantes. Si no fuera así, si resultara verdad que para la izquierda, como dicen, el trasvase es «irrenunciable» y para la derecha, como pregonan, el agua para todos es una prioridad, no estaríamos donde estamos: movilizándonos por lo mismo que nos movilizábamos hace cinco, diez, quince, veinte años, treinta años. Ni los gobiernos del PSOE, en Madrid o Valencia, ni los del PP, en ambos sitios, han servido para nada en esta materia. Pero tampoco Vox, partido al que el agua le importa tanto como la cría en cautividad del estornino, va a arreglar nada. Lo que quiere es pescar en acequias revueltas, que es su especialidad, y mal harán los agricultores si se acogen a ellos, como están empezando a hacer. Desesperarse es comprensible. Perder la cabeza, desaconsejable.

Se ha escrito ya. Tenemos que ser capaces de convertir el agua en un problema, y no en un conflicto. Los problemas se resuelven, los conflictos se enquistan


Lo dice Joaquín Pérez, lo viene diciendo años INFORMACIÓN, y vale la pena repetirlo de nuevo. Hay que sentarse a transaccionar disposiciones para garantizar los usos del agua y el abastecimiento, respetando la sostenibilidad y el ecosistema pero que preserven la economía de la provincia. Y no es un tema de Alicante: es un asunto capital para la Comunidad Valenciana, primero, pero también para el Estado. Por descontado que el cambio climático es un hecho y que las soluciones hoy no pueden ser las mismas que hace cuarenta años. Pero no se puede condenar sin más a una de las regiones más productivas de España al empobrecimiento. Ni se pueden imponer medidas sin escuchar a todas las partes, sin una valoración objetiva y competente, sin una negociación solvente, sin una explicación adecuada y sin una política de compensaciones suficiente. Eso no se ha hecho nunca con nadie, ¿por qué vamos a consentir que se haga ahora aquí?

Esto no es una cuestión solo ni de un sector, ni de una comarca. Incumbe a toda la economía de la provincia de Alicante y, por ende, a la de la Comunidad Valenciana y así hay que tratarlo


Se ha abierto una ventana de tres meses, que es el plazo que el Gobierno central se ha sacado de la manga para revisar el ucase que pensaba ejecutar y que, de mantenerse sin retoques, tendrá consecuencias catastróficas para la economía de Alicante. Para eso, en parte, para conseguir esa tregua, sí ha servido la concentración que el martes tuvo lugar en Alicante. La sociedad civil tiene ahora que cerrar filas, entendiendo que este es un problema de todos y no sólo de la Vega Baja o el Vinalopó. Y del conjunto de la economía no de un sector en particular. E hilvanar propuestas sensatas. Quien va a una mesa de negociación sin nada más que un programa de máximos es siempre quien pierde. Pero tampoco hay que ir a ella ni a pedir permiso ni a pedir perdón. Razones nos sobran tantas como a otros, más ufanos estos días, pueden acabar faltándoles. Pero para que eso acabe bien es preciso que la Diputación y la Generalitat vayan de la mano, sin cálculos, sin oportunismo. Y con toda la Comunidad -he dicho la Comunidad, no sólo Alicante- tras ellos.

Las «guerras del agua» estallaron el mismo día en que el trasvase del Tajo se inauguró en 1979. Y más de cuarenta años después estamos igual: manifestándonos. PP y PSOE no son creíbles


Decía antes que había que sacar el agua del terreno del conflicto para trasladarlo a la categoría de problema. Déjenme que dé una vuelta de tuerca más. Lo que en realidad hay que conseguir es que Madrid entienda que el problema no es el agua: el problema es Alicante. Miren el reparto de los presupuestos del Estado, tan avaros casi siempre con esta circunscripción que hasta la Generalitat tuvo que poner el último ejercicio dinero de sus arcas para compensar, y díganme si no están hartos de ser la provincia pagafantas.

¿Para cuándo la sede de la AVI en Alicante?

J. R. Gil

Josefina Bueno ha empezado con fuerza su andadura en la conselleria de Innovación, Ciencia, Universidades y etc. Citando a una reunión al virrey de la Agencia Valenciana de Innovación, Andrés García Reche, y declarando que si algo anda mal en el reparto de los fondos de ese cortijo que el pasado ejercicio destino más de un ochenta por ciento de su presupuesto a València y unas cuantas migajas a Alicante, será revisado. Acostumbrado a no dar cuentas, no debe haberle sentado demasiado bien al vicepresidente ejecutivo de la AVI. Pero si la consellera, a la que hay que aplaudir la valentía, quiere que de verdad se tomen en serio sus buenos propósitos nada tiene tan fácil como devolver la Agencia al sitio donde, según anuncio del jefe del Consell, tiene su sede. Es decir, a Alicante. No digo yo que el señor Reche tenga que despachar aquí todos los días, no voy a ser tan cruel, pero tampoco que no venga nunca ni que tenga al grueso de los funcionarios en el Cap i Casal. ¿Qué ocurriría si fuera al revés? Si un organismo con sede en València tuviera su oficina en Madrid, ¿qué diríamos? Barbaridades. Pero aquí se consiente. Hay que reconocer, en ese sentido, que García Reche fue un pionero: cuando los demás estábamos intentando acoplarnos al teletrabajo, él ya había inventado llevarse el trabajo a la puerta de casa, a pesar de haber aceptado un cargo cuyo puesto se encontraba en una provincia distinta. Así que esto de la AVI no va sólo de cómo se reparte el dinero, sino por extraño que parezca, va de dónde está un organismo que se dijo que estaría en Alicante, pero nunca ha estado aquí. ¿Tan difícil es entender la burla que eso supone?

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