España se ha convertido en un gran plató en el que se representa una interminable película de espías, acompañada de todos sus ingredientes: servicios de inteligencia, policías, jueces y, sobre todo, políticos carentes de escrúpulos.
Las grabaciones de un tal Villarejo son el paradigma de unas peligrosas relaciones entre muchos de los actores e invocados. Pero, a la vez, su revelación y uso en lugares impropios para jugar con cosas tan graves, como el Congreso, un síntoma de degeneración de la vida pública y de las instituciones democráticas.
Preocupa y mucho que todas ellas se confundan en un magma de origen ignoto, sin que se pueda esclarecer su procedencia, el autor, único o plural, de las interceptaciones o captaciones, la intervención de Villarejo como particular o como “pieza camuflada del Estado”, vinculada de algún modo a policías o servicios de inteligencia. Nada se sabe al respecto y todo se complica cuando se constata que las aparecidas ex novo la semana pasada, referidas a hechos antiguos y a personas ya juzgadas o exculpadas provisionalmente, no constan, no constaron nunca en las causas judiciales.
El valor, en este sentido, de lo que se viene publicando con gran boato es meramente propagandístico, inútil para el proceso, al menos en este momento y de dudosa eficacia futura, pues su carácter sospechoso es consecuencia de un voluntario secreto previo. Cabe plantearse la razón por la cual, quien disponía de tales documentos los ocultó y ahora los publica, los entrega a la prensa en lugar de remitirlos al juez que lleva la causa y no lo hizo antes. Podría ser que quien así ha procedido sea consciente de su manifiesta ilegalidad, de su origen ilícito, de que tras ellas se esconden tramas que impiden ser llevadas ante los tribunales, pero que pueden tener una fuerza y valor propio al margen de los cauces legalmente establecidos.
Siendo así debe buscarse la finalidad de la filtración en otro lugar, que no parece otro que el interés electoral, que unas elecciones inmediatas, que el poder que todo lo explica y sustenta.
Porque a nadie le debe caber duda alguna, de llegar tales actos a un proceso se indagará en su origen, lo que se encontrará con serios obstáculos y, tal vez, con los propios de la intervención de quienes trabajan en áreas de seguridad, secretas y que por ello obligan a que sus labores no sean reveladas y menos aún llevadas a un proceso en el que podrían hallarse conexiones indeseadas.
Los tribunales, en este sentido y si llegan a su alcance, lo que dudo, deben investigar el origen de las grabaciones publicadas, identificar a su autor y, sobre todo, clarificar si la obtención de las mismas fue legal o delictiva. Entiendo que un sector del tablero carezca de interés en investigar a fondo este dato, ese sector, el mismo, que clama por hacer públicas las actuaciones del CNI en un asunto muy serio, como fue la declaración de independencia de Cataluña.
Grabar una conversación privada es lícito si se hace por uno de los comunicantes, aunque ya empiezan a surgir voces que reclaman la posible ilicitud por afectación al derecho a la protección de datos. Que sea un tercero el que capta una conversación ajena es siempre ilícito, aunque el Tribunal Supremo haya manifestado que solo lo es, de modo absoluto, cuando aquel actúa a modo de “pieza camuflada del Estado”. Villarejo pudo actuar y así lo confirma, en connivencia con funcionarios públicos o servicios de esta naturaleza, de modo que todo lo aportado ahora al conocimiento de los ciudadanos podría ser absolutamente nulo, cuando no delictivo. Mostrar complacencia con hechos de esta naturaleza es síntoma de unos tiempos que debemos superar con urgencia.
En esta trama cuyo origen está en un expolicía, que trabajó para algún Ministerio en funciones de espionaje, todo es muy complejo y ante los tribunales, la complejidad, la duda, lo oscuro, debe ser rechazado como medio de investigación y prueba. Solo así se conseguiría ese efecto disuasorio que la vulneración de los derechos fundamentales debe provocar. Es urgente hacerlo ante tanto desafecto con el sistema, aunque prediquen bondades que solo lo son en sus mentes autoritarias y excluyentes.
Seamos conscientes, sobre todo una clase política carente de pudor y sentido de Estado, de que el sistema democrático no puede sustentarse sobre actividades ilícitas. El sistema democrático no es compatible con lo incontrolable, con la entrega a terceros de poderes de investigación sin cobertura legal. Los órganos de investigación penal están perfectamente controlados. El CNI tiene su espacio que no conviene alterar; un cambio en su dirección acompañado de la revelación de elementos nunca antes conocidos genera alguna sospecha por la cercanía entre uno y otro acto.
Nada queda oculto para siempre y apostar por romper las reglas es asumir riesgos que en el futuro pueden tornarse evidencias. Torres más altas han caído.
